Se cumplieron este 17 de febrero 40 días desde que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, anunciara un "proceso significativo" de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.
Aquel 8 de enero, cuando aún los venezolanos se reponían de la conmoción por la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, la declaración parecía marcar un punto de inflexión en la represión que caracterizó la etapa madurista del chavismo. Sin embargo, la realidad dista mucho de las expectativas generadas.
Según datos verificados por organizaciones de derechos humanos, la mayoría de los presos políticos permanecen tras las rejas, con liberaciones que avanzan a cuentagotas y cifras oficiales que resultan imposibles de contrastar. Esta lentitud no solo prolonga el sufrimiento de cientos de familias, sino que revela fisuras internas en el chavismo, donde el manejo del aparato represivo parece ser un asunto en disputa.
El Foro Penal, una de las principales entidades dedicadas a la defensa de derechos humanos en Venezuela, ha sido categórico en sus reportes. Hasta el 16 de febrero, la ONG ha verificado apenas 444 excarcelaciones desde el inicio del proceso. Esta cifra contrasta drásticamente con las más de 600 personas que aún permanecen detenidas por motivos políticos, según el balance de Foro Penal, que registra un total de 644 presos políticos: 80 mujeres, 185 militares, 459 civiles y un adolescente
Alfredo Romero, director del Foro Penal, ha insistido en que estas liberaciones no representan un avance sustancial, ya que muchas no implican libertad plena. "No consideramos excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario o medidas restrictivas", explicó Romero.
Estas incluyen obligaciones de presentación periódica ante tribunales, prohibiciones de salida del país y limitaciones a la movilidad y a la libre expresión, mecanismos que perpetúan el control estatal sobre los individuos y mantienen intacta la esencia de la represión.
El Foro Penal ha advertido que el número real de detenidos podría ser superior, ya que muchas familias evitan denunciar por temor a represalias o por desconocimiento del paradero de sus seres queridos. Esta opacidad es alimentada por el Gobierno, que ha proporcionado cifras infladas e inverificables. Mientras Jorge Rodríguez ha mencionado liberaciones que superan las 800 desde diciembre de 2025, sin publicar listas detalladas, las organizaciones independientes solo han podido confirmar una fracción de ellas.
Esta discrepancia no es casual: responde a una estrategia para proyectar una imagen de apertura ante la comunidad internacional, particularmente ante EEUU, sin desmantelar el andamiaje represivo construido bajo el mandato de Maduro.
Otras entidades de derechos humanos coinciden en esta evaluación crítica. El Comité de Liberación de Presos Políticos Venezolanos (CLIPVE) ha denunciado que las excarcelaciones son selectivas y responden más a presiones externas que a un compromiso genuino con la justicia. Justicia, Encuentro y Perdón, una organización dedicada a la reconciliación y el apoyo a víctimas de la represión, ha destacado que las liberaciones "a cuentagotas" no solo fallan en abordar la magnitud del problema, sino que agravan el trauma de las familias.
Entretanto, durante estos 40 días, las familias de los presos han mantenido una vigilia constante en las afueras de diversas cárceles, como El Rodeo, Ramo Verde y la Zona 7 de Boleíta en Caracas. Estas manifestaciones, que incluyen una huelga de hambre que supera las 90 horas (hasta este miércoles), han visibilizado el costo humano de la dilación gubernamental.
Madres, esposas y hermanos se han congregado bajo el sol y la lluvia, sosteniendo carteles con fotos de sus seres queridos y exigiendo no solo liberaciones, sino libertad plena sin condiciones.
Sin embargo, incluso entre los excarcelados, la libertad es ilusoria para muchos. Casos emblemáticos, como los de los dirigentes políticos opositores Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha y Freddy Superlano, ilustran esta realidad: aunque salieron de prisión, fueron enviados a arresto domiciliario con grilletes electrónicos y prohibiciones de declarar a los medios
La experta en política venezolana Carmen Beatriz Fernández ha puesto de relieve una gran contradicción: "¿Por qué hablan los extranjeros que fueron hechos presos políticos por el régimen de Maduro más que los venezolanos? Porque los segundos tienen medidas cautelares que se lo prohíben, una forma de eternizar la crueldad..."
Su comentario alude a testimonios como el del trabajador humanitario italiano Alberto Trentini, quien relató patrones de tortura en el Rodeo 1, una cárcel en las afueras de Caracas, contrastando con el silencio forzado de los venezolanos excarcelados.
Para analistas, esta falta de celeridad en las liberaciones no puede desligarse de las tensiones internas que atraviesan al chavismo tras el inesperado giro político del 3 de enero, después de la captura de Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina con respaldo de Washington.
Varios observadores coinciden en la siguiente apreciación: el retraso en las excarcelaciones tras el anuncio del 8 de enero, refleja una pugna entre facciones pragmáticas, interesadas en una apertura económica y diplomática para atraer inversiones estadounidenses, y sectores radicales que ven en la represión un pilar de su poder. El politólogo Walter Molina, en una entrevista reciente, señaló al ministro del Interior, Diosdado Cabello, como "el principal obstáculo" en este proceso, argumentando que su influencia frena decisiones clave para mantener el control interno.
Finalmente, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han exigido liberaciones incondicionales, recordando que la mayoría de estos detenidos fueron arrestados por ejercer derechos básicos como la protesta pacífica.
