Aplicación selectiva y discrecional de Ley de Amnistía en Venezuela: persisten 477 presos políticos

Exactamente dos meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía, promulgada el 19 de febrero de 2026 en Caracas y presentada como una supuesta medida de reconciliación para los hechos ocurridos en Venezuela entre 1999 y 2025, la organización Foro Penal denuncia que 477 personas siguen privadas de libertad por motivos políticos.

La cifra sobre el total de personas que siguen detenidas por razones políticas en Venezuela no ha variado sustancialmente en las últimas semanas, y según activistas de derechos humanos, evidencia el fracaso de una ley que el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez presentó como gesto de "nuevo comienzo" tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en enero.

Según el informe detallado de Foro Penal, de esos 477 presos políticos, 432 son hombres y 45 son mujeres, entre ellas una adolescente. En el desglose por perfil, 290 corresponden a civiles, 187 a militares y 43 a extranjeros o personas con doble nacionalidad. La ONG, que desde hace años lleva el registro más riguroso de estos casos, califica la aplicación de la amnistía como un "embudo" diseñado para ralentizar o paralizar las liberaciones.

"Se ha convertido en una herramienta para mantener el control", denunció el equipo de Foro Penal este domingo 19 de abril.

El contraste con las promesas oficiales es escandaloso. El Gobierno ha asegurado haber excarcelado a miles de detenidos, pero jamás ha publicado una lista oficial ni ha ofrecido datos verificables. Delcy Rodríguez prometió en febrero cerrar el infame Helicoide —incluso calificado por Donald Trump como "centro de torturas en plena Caracas"— y convertirlo en centro cultural.

Dos meses después, este centro de detención y torturas sigue albergando sufrimiento. La lentitud y la discrecionalidad han provocado huelgas de hambre y vigilias permanentes de familiares frente a tribunales y prisiones. Foro Penal ha registrado 890 excarcelaciones, pero las califica de parciales, muchas de ellas con medidas restrictivas como arresto domiciliario.

El caso emblemático de Maykelis Borges, liberado el mismo día de la aprobación de la ley, pero bajo régimen de presentación, ilustra el modus operandi: libertad condicional, no verdadera amnistía.

Este balance no es solo numérico. Es la radiografía de un chavismo que, incluso en supuesta "transición" tras la captura de Maduro y ahora alineado con Washington, mantiene intacto su aparato represivo.

Tal como detalla el análisis publicado por el portal Runrunes, bajo el título "El lado B de la Ley de Amnistía: una paradoja jurídica que no contribuye a la reparación", la norma carece por completo de mecanismos de justicia transicional reales. "La ley no menciona la reparación, no reconoce el daño y no incorpora garantías de no repetición. Las víctimas siguen enfrentando solas las consecuencias de la represión", señala el texto.

En lugar de un proceso integral que incluya verdad, justicia y reparación —como exigen los estándares internacionales—, el chavismo optó por una amnistía genérica que deja en manos de los mismos tribunales y fiscales del régimen, que validaron la arbitrariedad previa, la decisión final.

La selectividad se hace más evidente —y más indignante— cuando se examina el caso de los periodistas y trabajadores de la prensa. Voces críticas al chavismo siguen atrapadas en un laberinto judicial que la ley supuestamente debía desmontar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó este mismo lunes 20 de abril que, a dos meses de la promulgación, al menos ocho periodistas y trabajadores de medios continúan sometidos a procesos judiciales.

Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien en 2025 recibió el Premio Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos, otorgado en Buenos Aires por la Fundación CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), cuando aún el comunicador estaba detenido.

A Rojas, el Tribunal 1° de Juicio en Materia de Terrorismo le negó la solicitud de sobreseimiento por los supuestos delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y magnicidio en grado de tentativa. Rojas, preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional en su momento, fue uno de los liberados en enero de 2026 tras 638 días en El Helicoide. Sin embargo, las acusaciones no fueron archivadas definitivamente.

El SNTP reporta que, de las solicitudes presentadas por periodistas, cuatro han sido negadas (con apelación en curso), tres no han recibido respuesta y solo 28 han obtenido libertad plena.

En la práctica, la amnistía se ha convertido en un espejismo para quienes denunciaban la corrupción, la represión y las violaciones de derechos humanos durante el madurismo. El chavismo, que durante 27 años construyó un sistema de control basado en la criminalización de la disidencia, ahora pretende mostrar benevolencia con una amnistía que no toca las estructuras de poder ni garantiza que los mismos abusos no se repitan.

El periodista y exdetenido Carlos Julio Rojas denunció una "selectividad perversa", al afirmar que los mismos jueces que dictaron las condenas originales son los que ahora deciden sobre las amnistías. "No existen parámetros objetivos y muchas liberaciones solo benefician a personas que ya estaban en libertad con medidas cautelares", denunció.

A pesar de las miles de resoluciones formales anunciadas por el Gobierno interino (más de 8.000, según voceros oficiales), la ONU ha solicitado mayor transparencia y celeridad en el proceso para garantizar que la ley se aplique de forma efectiva, imparcial y sin discriminación.

Inicialmente, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses, la presidenta interina Delcy Rodríguez remarcaba la tesis de una convivencia nacional. Incluso su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, prometió excarcelación total de los presos políticos, en las primeras semanas del año.

La ausencia de transparencia agrava la crisis. Ni una sola lista oficial de beneficiados, ni un cronograma de liberaciones, ni un mecanismo de supervisión independiente. Mientras tanto, familiares de presos realizan vigilias permanentes y algunos reclusos hasta han realizado huelgas de hambre en su desesperación.

Dos meses después de su aprobación, la Ley de Amnistía se revela como un instrumento más de control político disfrazado de generosidad.