ONU y CIDH piden cuentas al chavismo en materia de derechos humanos

Al cumplirse diez semanas en el poder de la presidenta interina Delcy Rodríguez, mientras se vive en Venezuela un contexto de transición política incierta, entes internacionales como la Misión de Verificación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han intensificado sus llamados al Gobierno interino para que desmonte el vasto aparato represivo heredado del chavismo.

Estas demandas, que subrayan la persistencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, representan un desafío directo a las estructuras de poder que se consolidaron durante más de dos décadas de régimen chavista, particularmente bajo el mandato de Nicolás Maduro (2013-2026), cuya captura y extracción por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero abrió una nueva etapa en Venezuela, bajo una suerte de tutelaje de Washington.

A estos llamados que han coincidido esta semana se suma una sonora derrota: la Corte Penal Internacional (CPI) ha descartado una investigación promovida por el propio chavismo contra las sanciones estadounidenses, exponiendo sus estrategias dilatorias ante la actuación de las entidades internacionales.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha sido enfática en su último informe presentado este 12 de marzo: la represión no ha cesado con el cambio de gobierno. A pesar de la remoción de Maduro, el aparato represivo estatal permanece intacto, incluyendo leyes, instituciones y prácticas que facilitan graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.

Esta maquinaria, forjada durante los años del chavismo, se caracteriza por un entramado de fuerzas de seguridad, colectivos armados y un sistema judicial politizado que ha servido para silenciar disidencias, perseguir opositores y mantener un clima de terror. Los expertos independientes de la ONU urgen al Gobierno interino a desmantelar estas estructuras para impulsar reformas genuinas, advirtiendo que sin ello cualquier avance en derechos humanos será superficial y reversible.

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el régimen implementó políticas que, bajo el pretexto de la "revolución bolivariana", erosionaron las instituciones democráticas y fomentaron la represión. Sin embargo, fue durante la era de Maduro donde estos abusos alcanzaron niveles alarmantes. Según informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, el Gobierno de Maduro utilizó sistemáticamente la tortura, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales para sofocar protestas masivas como las de 2014 y 2017, que dejaron cientos de muertos y miles de heridos y detenidos.

La Operación de Liberación del Pueblo (OLP), lanzada en 2015, se convirtió en un eufemismo para operativos policiales letales que, según la ONU, resultaron en miles de ejecuciones de jóvenes de sectores populares con el pretexto de combatir la delincuencia.

Estos actos, según los informes de la Misión de la ONU, no fueron incidentes aislados, sino parte de una política estatal diseñada para perpetuar el control, con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como brazos ejecutores de la represión.

La CIDH, por su parte, ha solicitado formalmente al Gobierno venezolano anuencia para visitar el país y observar in situ la situación de derechos humanos. Esta petición, que busca evaluar el cumplimiento de obligaciones internacionales bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resalta la opacidad que ha caracterizado al régimen chavista. Durante años, Maduro bloqueó el acceso a expertos internacionales, argumentando injerencia extranjera, lo que impidió investigaciones independientes y permitió la impunidad.

Ahora, con el Gobierno interino en funciones, la CIDH insiste en que permitir el acceso es un paso esencial para restaurar la credibilidad internacional y abordar las secuelas del chavismo.

Aunque se han liberado centenares de presos políticos bajo una Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026, la ONU critica la falta de transparencia, la ausencia de consultas inclusivas y la omisión de mecanismos para la verdad, la justicia y la reparación.

Los expertos demandan la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos, incluyendo extranjeros y personas con doble nacionalidad, y enfatizan que altos funcionarios chavistas identificados como responsables de crímenes siguen en posiciones de poder.

Funcionarios del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU confirmaron a DIARIO DE CUBA que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha facilitado la reinstalación de su oficina en Caracas, pero no responde a las solicitudes de información (por ejemplo, de quiénes exactamente han sido beneficiados con la Ley de Amnistía, mientras voceros oficiales hablan de miles de beneficiados).

De forma complementaria, la CPI ha descartado una investigación promovida por el chavismo contra las sanciones estadounidenses. En una declaración emitida este 12 de marzo, la Fiscalía de La Haya concluyó el examen preliminar sobre la "Situación en Venezuela II", determinando que no existe base razonable para creer que las sanciones impuestas por EEUU desde 2019 constituyan crímenes de lesa humanidad.

Esta remisión, presentada por el Gobierno de Maduro en febrero de 2020, alegaba que las medidas coercitivas unilaterales causaron asesinatos, exterminio, deportación y persecución.

Sin embargo, la CPI encontró que no se cumplen los requisitos de causalidad e intencionalidad: la información disponible no demuestra una relación causal suficiente entre las sanciones y los presuntos delitos, ni que estos se ejecutaran con la intención penal requerida. La decisión constituye una simbólica derrota para lo que fue una estrategia del régimen de Maduro: desviar la atención de sus propios abusos.

Mientras promovía esta investigación contra EEUU, el régimen ignoraba la "Situación en Venezuela I", una pesquisa en curso sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, particularmente en contextos de detención y represión. La Fiscalía enfatizó que esta investigación avanza a buen ritmo y no guarda relación con los eventos de enero de 2026.

En perspectiva, las presiones de la ONU y la CIDH, a lo que se suma la decisión de la CPI, representan en opinión de observadores una oportunidad para el Gobierno de Delcy Rodríguez para romper con el ciclo vicioso del chavismo.

Desmantelar el aparato represivo implica no solo liberar presos, sino reformar el sistema judicial y depurar las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la continuidad de altos funcionarios chavistas en los mismos cargos que tenían antes de la caída de Maduro, sugiere resistencias internas, posiblemente motivadas por lealtades ideológicas o temor a represalias.

Solo mediante un desmontaje total del aparato represivo y la cooperación con organismos internacionales, Venezuela podrá transitar hacia una democracia genuina, advierten las entidades internacionales de derechos humanos.