El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), quien ha perdido su capital político en el país y se mantiene como una figura residual de la izquierda andina, pretende ser procesado por la Justicia indígena y no por las instancias ordinarias del país, como parte del proceso abierto en su contra por trata de personas con agravantes, informó la agencia ANSA, citando a medios locales.
Así, el fiscal departamental de Tarija, en el sudeste de Bolivia, Ernesto Mogro, confirmó que la defensa de Morales presentó una "moción de nulidad de notificación y solicitó que el caso se transfiera a la justicia indígena". Sin embargo, según las leyes bolivianas, Morales no puede ser procesado mediante este sistema judicial, debido a que solo aplica cuando el delito se comete en una comunidad indígena y su ámbito no incluye la trata y tráfico de personas.
Además, "la ley no permite elegir la jurisdicción", explicó la abogada constitucionalista María René Soruco, quien enfatizó que el delito de tráfico de personas debe ser juzgado por la justicia ordinaria.
Este sistema, reconocido por la Constitución de 2009, aprobada por el propio Morales, solo se aplica a conflictos comunitarios ocurridos en territorios indígenas. Busca resolver conflictos comunitarios de manera rápida y conciliadora, priorizando la reparación y evitando el conflicto social. Este sistema coexiste con la justicia ordinaria, aunque su relación ha generado debates sobre límites de competencia y respeto a los derechos humanos.
En este contexto, Morales denunció en su perfil de X que "el expresidente Jaime Paz Zamora ―padre del actual mandatario boliviano― está incitando a que me asesinen. No es el único que pretende acabar con mi vida. Desde que inicié mi lucha sindical y política he sufrido detenciones, torturas, decenas de juicios con acusaciones falsas y varios intentos de asesinato".
El exmandatario, que ha insistido una y otra vez en victimizarse, está acusado de haber tenido una hija con una menor de 15 años en 2016, lo cual constituiría una prueba del delito. No obstante, Morales, que no ha negado la relación con la menor ni la supuesta existencia de una hija, denunció motivaciones políticas por parte del Gobierno de Luis Arce (2020-2025) y, en su defensa, dijo que "si no hay víctima, no hay delito".
Desde enero pesa sobre él una orden de captura y vive refugiado en su bastión político de Lauca Ñ, donde cientos de simpatizantes lo protegen. Desde entonces, no ha sido detenido ni se han producido intentos de ello, y el ya terminado Gobierno de Arce atribuyó el retraso en la aplicación de la orden de captura a evitar conflictos con su guardia sindical y poner en riesgo la vida de civiles.
Sin embargo, el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo en una entrevista con el periódico local El Deber que "Evo tiene que pasar a ser un ciudadano normal y corriente, como cualquier otro, que le aplican la norma y hoy día está ante la justicia".
Las acusaciones de abuso sexual y corrupción han profundizado su declive. La orden de captura por trata de personas y estupro, junto con denuncias de enriquecimiento ilícito, han transformado al otrora héroe indígena en una figura controvertida, rechazada incluso por sectores de la izquierda latinoamericana que antes lo ensalzaban.
Su refugio en el Chapare, rodeado de seguidores cocaleros, evoca más la imagen de un caudillo derrotado y acorralado que la de un líder genuino capaz de reconstruir a su partido.
