Dina Boluarte ha pasado a la abultada galería de expresidentes de Perú. No pudo completar el mandato presidencial que terminaba en 2026, para el cual fue electa inicialmente como vicepresidenta. Sin bancada parlamentaria propia y en el foso de la desaprobación ciudadana, la ahora exmandataria básicamente dependía del Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, para estar en el poder.
Perú ha conocido a seis jefes de Estado en una década, lo cual es reflejo de la crisis de gobernabilidad que atraviesa al país andino, que abre muchas interrogantes sobre los meses que separan este momento de la elección presidencial de 2026.
Con diversas investigaciones en su contra, y un Congreso que cerró estos procesos o los dilató, Boluarte ha terminado por caer víctima de los cálculos políticos de cara a los próximos comicios.
El tema de la inseguridad, la principal preocupación de los peruanos, le estalló en la cara a la ahora expresidenta. El detonante inmediato de la caída fue la escalada de violencia urbana, que culminó en el atentado contra cuatro integrantes del grupo musical Agua Marina, en Chorrillos, en una instalación militar, que dejó dos muertos, varios heridos y reavivó el pánico colectivo.
Pero el verdadero eje explicativo radica en el viraje del fujimorismo, el bloque conservador que había sido el pilar de sustentación de Boluarte desde sus inicios. Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, anunció su apoyo a la vacancia apenas horas antes de la votación, argumentando que "el país no puede seguir sumido en la inseguridad y la falta de liderazgo".
Este giro, calificado por analistas como un "golpe de timón calculado", selló el destino de la exmandataria, ya que el partido liderado por la hija de Alberto Fujimori aportó los votos decisivos para superar el mínimo requerido de 87. En total, 122 legisladores votaron a favor de la remoción de Boluarte, en un Congreso unicameral de 130 curules.
El presidente del Legislativo, José Jerí Oré, de Somos Perú, juramentó de inmediato como mandatario interino, prometiendo una "etapa de reconciliación nacional" en un horizonte marcado por la inseguridad rampante y la proximidad de las elecciones generales, fijadas para el 12 de abril de 2026, pero que se pronostica tendrían un balotaje dos meses después.
"He dado lo mejor de mí por un Perú en paz", declaró Boluarte, ya destituida, rodeada de sus más cercanos colaboradores, cabizbajos. Mientras tanto, según reseñan medios de prensa peruanos, afuera del Palacio de Gobierno, en las calles de Lima, manifestantes coreaban "¡Asesina!", en alusión a las decenas de muertes durante las protestas de 2022-2023.
Hasta la mañana de este jueves, el fujimorismo había blindado a Boluarte en seis mociones previas de destitución desde 2023. "Era un pacto de conveniencia: el Congreso controlaba el Ejecutivo a cambio de impunidad mutua", explica un reporte de Infobae que reconstruye las negociaciones entre Boluarte y Fujimori.
Alianza para el Progreso (APP), otro bastión conservador con peso legislativo, anunció su respaldo a la remoción para "abrir una nueva etapa de gobernabilidad". El Congreso, con apenas un 5% de aprobación ciudadana, según diversos sondeos, ha visto en la destitución de Boluarte una oportunidad para limpiar su imagen y posicionar precandidatos del espacio legislativo, de cara a las presidenciales.
"Es un Congreso que legisla para sí mismo, pero ahora finge indignación ante la inseguridad para ganar votos", comentó duramente una editorial del canal alemán Deutsche Welle en su servicio en español, para dar cuenta de lo que se considera una jugada política con la mira puesta en las venideras elecciones.
La gestión de Boluarte arrastraba un rechazo abrumador. Encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de julio de 2025 ya mostraban una aprobación de apenas el 2,5% para la presidenta, el peor registro para un mandatario peruano. Desde septiembre de 2024, el rechazo a Boluarte no bajó del 90%, con picos del 96,1% entre jóvenes de 25 a 39 años.
El politólogo Martín Tanaka, profesor principal de la PUCP e investigador del IEP, enfatiza sostiene que el rechazo alto hacia Boluarte y hacia el legislativo peruano no es puntual. "La legitimidad del sistema político anda por los suelos. La desconfianza en partidos e instituciones ha llegado a niveles que sobrepasan nuestros estándares históricos", sostuvo Tanaka en un artículo de prensa en Lima.
En septiembre de 2025, el IEP reveló que más del 60% de peruanos aún no decide su voto para 2026, un indicador de apatía que Tanaka vincula al "desencanto con una representación que prioriza intereses oligárquicos sobre los ciudadanos".
El Legislativo, epicentro del blindaje a Boluarte, acumula un historial de omisiones a favor de la ahora exmandataria. Desde 2023, archivó al menos tres denuncias constitucionales por las 49 muertes en protestas de diciembre de 2022-febrero de 2023, que imputaban a la expresidenta delitos como homicidio calificado y lesiones graves. La Comisión Permanente, en septiembre de 2025, desestimó la última por "falta de relación directa", pese a informes de la CIDH que documentan "uso excesivo de la fuerza" en regiones como Ayacucho y Puno.
En materia de corrupción, el Congreso ignoró el "Rolexgate", una investigación por relojes de lujo no declarados valorados en miles de dólares, así como también pasó por alto su rinoplastia secreta en 2023, que implicó un abandono temporal del cargo sin notificación, y presuntos sobornos a cambio de joyas.
Quedan exactamente seis meses para las elecciones del 12 de abril de 2026, con posible segunda vuelta el 7 de junio. El interinato de Jerí, hasta julio de 2026, deberá garantizar comicios "confiables", según el decreto de convocatoria. Sin embargo, el panorama es sombrío: 52 partidos inscritos compiten en un sistema fragmentado, en el que la mayoría lucha por llegar al 5% para evitar perder su personería jurídica.
De acuerdo con los sondeos, en este momento encabezan las preferencias Rafael López Aliaga (alcalde de Lima, con 10-12%) y Keiko Fujimori (7-11%), pero con el 60% de indecisos, es difícil prever lo que efectivamente ocurrirá dentro de medio año. López Aliaga es referente del partido Renovación Popular, que promovió la destitución de Boluarte, y como ya se ha señalado el fujimorismo inclinó la balanza en la decisión.
Perú vive una crisis de representación política profunda, donde el divorcio entre élites y ciudadanía roza el colapso. Desde la Constitución de 1993, el país ha visto diez congresos unicamerales, pero ninguno ha superado el 6% de aprobación sostenida, según balance del IEP a inicios de este año.
El interinato de Jerí inicia con promesas de "paz y seguridad", pero el reloj corre en su contra, para una crisis que va mucho más allá de la destitución presidencial. En seis meses, Perú no solo elegirá un nuevo mandato, debería en verdad reponerse de una severa crisis de represión política.
KEIKO PARA PRESIDENTE DE PERÚ.