Dina Boluarte tiene un nivel récord de desaprobación, a 11 meses de entregar el poder. Sin embargo, el Congreso de Perú apuesta por blindarla con decisiones polémicas, como la más reciente: una comisión parlamentaria que investigaba la responsabilidad de la mandataria en la represión de amplias protestas, entre fines de 2022 e inicios de 2023, decidió archivar este proceso.
Esta decisión del Parlamento, tan cuestionado como la presidenta según las encuestas, representa no solo un revés para las víctimas y sus familias, sino también un ejemplo paradigmático de la dinámica de mutuo beneficio político entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto de erosión democrática profundizado durante la Presidencia de Boluarte, quien siendo vicepresidenta electa junto a Pedro Castillo asumió el poder en diciembre de 2022 tras el fallido golpe de Estado que intentó el otrora maestro rural.
La salida de Castillo del poder, quien había sido electo con un discurso populista de izquierdas y promesas de cambios radicales en Perú, trajo consigo una ola de protestas entre fines de 2022 e inicios de 2023. El malestar social fue reprimido crudamente, según reportes de ONG especializadas como Amnistía Internacional, y en julio de 2024, el entonces fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, decidió imputar a Boluarte responsabilidad por "comisión por omisión, con dolo eventual", en delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves, en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos, según las cifras de la Fiscalía.
En paralelo, el Congreso también decidió investigar a la mandataria bajo la presunción de que se habían cometido delitos de lesa humanidad. La presidenta, sin embargo, parece protegida por el resto de poderes. La decisión parlamentaria de este 11 de septiembre, que archivó la investigación legislativa, llega apenas tres semanas después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara suspender todas las investigaciones contra Boluarte hasta el fin de su mandato en julio de 2026.
El TC argumentó que una serie de acusaciones e investigaciones en marcha contra Boluarte, no se ajustan al artículo 117 de la Constitución, que limita las acusaciones presidenciales a traición a la patria, impedimento de elecciones o disolución del Congreso.
La parlamentaria Ruth Luque, del opositor Bloque Democrático Popular, cuestionó la decisión de la comisión parlamentaria, "solo para impedir que haya una investigación del Ministerio Público", enfatizando que las muertes implican "una responsabilidad política que corresponde a la señora Dina Boluarte".
Grupos como la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023 condenaron la medida "enérgicamente", acusando al Congreso de "darle la espalda a los peruanos".
Amnistía Internacional, en su informe "Perú: Asesinatos e lesiones en protestas podrían implicar a la presidenta y cadena de mando como criminalmente responsables", publicado en mayo de 2023, documenta con precisión el saldo humano de esta crisis: 49 civiles y un policía muertos, y más de 1.400 heridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La organización, tras analizar 25 muertes ocurridas hasta febrero de 2023, concluye que al menos 20 podrían clasificarse como ejecuciones extrajudiciales, consideradas crímenes bajo el derecho internacional.
Esta impunidad no surge en el vacío, sino de la "connivencia" entre Boluarte y el Congreso, un pacto de conveniencia que analistas académicos describen como un "autoritarismo de coalición" o "captura desde abajo" de la democracia peruana.
Esto sucede, además, en un momento de rechazo mayoritario hacia la mandataria. Una encuesta de Datum, difundida el mes pasado, arrojó que la desaprobación de Boluarte es del 96%. Su aprobación, en contraste, es de solo un 3%. Este sondeo se aplicó a nivel nacional y muestra un rechazo uniforme en distintas regiones y grupos demográficos. Entretanto, la desaprobación hacia el Congreso peruano es del 88%, según este mismo estudio de opinión pública.
Eduardo Dargent, profesor principal de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), recuerda que "Boluarte no tiene bancada propia, su candidatura a vicepresidenta con Perú Libre se diluyó con la ruptura de Castillo", lo cual la ha llevado a mantener una alianza con fuerzas conservadoras como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Keiko Fujimori es la líder del partido Fuerza Popular.
A Boluarte, según Dargent, "el Congreso la blinda de vacancias e investigaciones a cambio de que ella ceda poderes legislativos y evite disolver el Parlamento".
Este académico advierte que esta dinámica alimenta el vacío institucional, con un Congreso que legisla para su propia supervivencia, mientras Boluarte entrega control al TC y la Defensoría del Pueblo, para evitar investigaciones en su contra.
Por su parte, Martín Tanaka, profesor de Ciencias Políticas en la PUCP y director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), destaca el "mutuo beneficio político": el Congreso, fragmentado y con baja legitimidad, gana estabilidad al evitar elecciones anticipadas que podrían barrerlo; Boluarte, a su vez, obtiene protección contra inhabilitaciones y procesos penales, como el caso de los relojes Rolex (que no declaró) o las muertes por la represión.
Ambos analistas coinciden en que esta connivencia no solo perpetúa la impunidad –como el archivo de la denuncia contra Boluarte–, sino que agrava la crisis de representación.
Todo esto impactará en 2026, cuando tengan lugar los comicios generales en Perú. Según los sondeos de opinión de Datum, la percepción de los peruanos de cara a las elecciones de 2026 se inclina más hacia la apatía y la desconfianza que hacia las expectativas positivas.
Una encuesta de agosto, indicó que el 63% de los peruanos no confía en la transparencia de los organismos electorales para organizar las elecciones presidenciales de 2026. En tanto, un estudio de mayo de 2025 mostró que seis de cada diez jóvenes están "nada o poco interesados" en la política, lo que refleja un profundo desencanto y apatía.
Este sentimiento de frustración y desconfianza se debe, en gran medida, a la percepción de la corrupción y la inestabilidad política que ha marcado el país en los últimos años.
Boluarte, ve con la música a otra parte. Había un sombrerudo anormal y ahora hay una dictadora HP. Pobre Perú.