La reciente orden de prisión preventiva dictada contra el expresidente Martín Vizcarra por presunta corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014) ha vuelto a poner en el centro del debate la crisis política y ética que atraviesa Perú. Con esta decisión, Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente peruano encarcelado, sumándose a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, todos ellos enfrentando graves acusaciones de corrupción y este último, además, acusado de golpe de Estado cuando era mandatario.
En este insólito inventario de cómo de los hombres que ejercieron el poder en Perú ninguno salió incólume, deben incluirse a Alberto Fujimori, quien, hasta su fallecimiento en 2024, estuvo bajo libertad restringida, mientras que el suicidio de Alan García en 2019 está íntimamente ligado a investigaciones por el Caso Odebrecht. El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski estuvo detenido y fue enviado a casa debido a sus 86 años, pero no puede salir de Perú y enfrenta otra serie de restricciones judiciales.
Este 13 de agosto un juez ordenó cinco meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra, acusado de recibir sobornos por unos 600.000 dólares de empresas constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas, durante su gestión como gobernador regional.
La Fiscalía sostiene que Vizcarra lideraba una red criminal conocida como "Los Intocables de la Corrupción" y enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión. Vizcarra, quien gobernó Perú entre 2018 y 2020, ha negado las acusaciones, calificándolas de persecución política, pero el fallo judicial, basado en el riesgo de fuga y obstrucción, lo ha enviado a ser detenido. Se espera sea enviado a la prisión de Barbadillo, en las afueras de Lima y conocida como la cárcel de los expresidentes.
Aquí presentamos una lista de los expresidentes peruanos detenidos y una breve síntesis de las acusaciones o sentencias en su contra:
Alejandro Toledo (2001-2006) fue extraditado desde EEUU en 2023 tras años de evadir la Justicia peruana. En 2024 fue condenado a 20 años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, específicamente 20 millones de dólares, a cambio de favorecerla en la adjudicación de tramos de la Carretera Interoceánica. Este caso, que formó parte del escándalo Lava Jato que sacudió a la clase política brasileña y latinoamericana, marcó un hito al ser la primera condena de un expresidente peruano por este esquema de corrupción transnacional.
Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, enfrentan cargos por lavado de activos relacionados con el Caso Odebrecht. La Fiscalía los acusa de haber recibido fondos ilícitos de la constructora brasileña y del Gobierno venezolano de Hugo Chávez para financiar su campaña electoral de 2011. Humala fue detenido preventivamente en 2017, liberado en 2018 tras un fallo del Tribunal Constitucional, pero en abril pasado fue condenado a 15 años de prisión y actualmente cumple su sentencia en Barbadillo. Este caso puso en evidencia cómo el financiamiento ilegal de campañas ha permeado la política peruana, alimentando la desconfianza ciudadana
Pedro Castillo (2021-2022), el maestro de origen rural que sorpresivamente llegó a la Presidencia prometiendo un cambio radical, fue destituido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso en un acto considerado un golpe de Estado. Actualmente cumple prisión preventiva en Barbadillo mientras enfrenta múltiples investigaciones por corrupción, incluyendo el presunto enriquecimiento ilícito de su entorno familiar y la adjudicación irregular de contratos públicos. Castillo niega los cargos y alega ser víctima de un "golpe parlamentario". Su breve mandato profundizó la polarización política y evidenció la fragilidad institucional del país.
Alberto Fujimori (1990-2000), una figura polarizante en la historia reciente de Perú, fue condenado en 2007 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos (casos Barrios Altos y La Cantuta) y delitos de corrupción, incluyendo peculado y cohecho. Tras recibir un controvertido indulto en 2017, que fue anulado en 2018, finalmente Fujimori tuvo prisión domiciliaria desde diciembre de 2023 hasta su fallecimiento el 11 de septiembre de 2024.
Alan García (1985-1990 y 2006-2011), una de las figuras más influyentes de la política peruana, se suicidó en abril de 2019 cuando la Policía llegó a su domicilio para ejecutar una orden de detención preliminar por el Caso Odebrecht. García era investigado por recibir sobornos a cambio de favorecer a la constructora brasileña en la adjudicación del Metro de Lima. Su muerte conmocionó al país y abrió un debate sobre la presión judicial y la corrupción en las elites políticas. Aunque García evadió el juicio, las pruebas recolectadas por la Fiscalía sugieren su participación en una red de pagos ilícitos, consolidando la percepción de una corrupción arraigada en los más altos niveles del poder.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) enfrenta una investigación por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2016. La Fiscalía lo acusa de liderar una organización criminal dentro de su partido, Peruanos por el Kambio (PPK, el acrónimo del exmandatario), que habría recibido aportes ilícitos, incluyendo 100.000 dólares de la empresa CASA y fondos de Odebrecht. El 8 de junio de 2025, el Poder Judicial impuso 18 meses de impedimento de salida del país tras un intento de Kuczynski de viajar a EEUU, considerado un "inminente peligro de fuga" por la Fiscalía. En 2019, estuvo bajo arresto domiciliario por tres años.
Analistas y académicos coinciden en que el encarcelamiento de cuatro expresidentes y las investigaciones a otros reflejan una crisis estructural en el sistema político peruano.
El politólogo Carlos Meléndez, de la Universidad Diego Portales, sostiene que el caso peruano es "un laboratorio de la corrupción política", donde el escándalo Lava Jato conectado con Brasil actuó como un catalizador para destapar redes de sobornos que involucraban a elites políticas y empresariales. Meléndez subraya que, aunque las detenciones son un avance en la lucha contra la impunidad, también generan una percepción de inestabilidad que afecta la confianza en el Estado.
Encuestas recientes reflejan el impacto de estos escándalos en la opinión pública. Según un estudio de Ipsos Perú, el 87% de los peruanos considera que la corrupción es el principal problema del país, y el 92% desconfía de los políticos. Otro sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indica que el 68% de la población cree que "todos los presidentes son corruptos", un sentimiento que se ha exacerbado con las detenciones de expresidentes.
Estos sondeos, a los que se suma la alta reprobación que pesa sobre la actual mandataria Dina Boluarte y el Congreso en funciones, evidencian una profunda deslegitimación de la clase política, que podría tener consecuencias en la estabilidad democrática del país andino, que tiene previstas elecciones generales para el año entrante.
