El telón de fondo es una desaprobación ciudadana abrumadora. La respuesta de la clase política en Perú, teniendo al fujimorismo y al Gobierno de Dina Boluarte como principales referentes, ha sido garantizar el respaldo de las fuerzas armadas y policiales, cuyo historial de excesos y violaciones a los derechos humanos está en manos de la Justicia. La respuesta es aprobar una ley de amnistía.
La ecuación puede parecer muy simplista, pero simboliza la crisis múltiple que agobia a Perú. Boluarte y el Congreso, dominado por el fujimorismo, se cerraron a las demandas de la ciudadanía de unas elecciones anticipadas como respuesta tras la accidentada llegada de la otrora vicepresidenta de Pedro Castillo a la Presidencia, tras un fallido golpe de Estado de este en diciembre de 2022.
La mandataria, sin bancada propia en el Parlamento, pasó a depender de la represión, cuya ola masiva ocurrió a inicios de 2023, y de un Congreso cuya agenda parece pautarla el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, hija del exmandatario fallecido el año pasado.
El Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), quien inicialmente fue electo de forma democrática, derivó en un poder autoritario y represivo, y justamente la ley aprobada ahora por el Parlamento garantizaría la impunidad de muchos de los colaboradores de este expresidente condenado por violaciones a los derechos humanos y abuso de poder.
La ley fue aprobada en segunda instancia por el Congreso este 9 de julio y ahora requiere el ejecútese que debe firmar la presidenta. Dada la debilidad de Boluarte, quien se mantiene en el poder por el apoyo de las fuerzas conservadoras en el Congreso, se da por descontado que la mandataria estampará su firma en este polémico instrumento legal.
La norma concede inmunidad a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y funcionarios del Estado procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno.
Esta legislación, impulsada principalmente por el partido fujimorista Fuerza Popular, también otorga una "amnistía humanitaria" a personas mayores de 70 años con sentencias firmes, lo que ha desatado una ola de rechazo, ya que revertiría decisiones judiciales firmes.
La Ley de Amnistía, según organizaciones como Amnistía Internacional, representa un retroceso sin precedentes en la lucha por la verdad y la justicia. Se estima que el conflicto armado interno que asoló al Perú dejó 23.969 casos de personas fallecidas y desaparecidas durante el conflicto. Cerca de 54% de estos casos se atribuyen a la organización armada maoísta Sendero Luminoso, un 40% a las fuerzas armadas y policiales y el resto a otros grupos armados de izquierda y comités de autoprotección, armados por el Estado.
La ley aprobada ese 9 de julio por el Legislativo, si finalmente es refrendada por Boluarte, afectaría directamente a 156 casos con sentencia firme y a más de 600 procesos en curso, incluyendo emblemáticos casos de violaciones graves a los derechos humanos como los de Barrios Altos y La Cantuta.
En el Caso Barrios Altos, de 1991, 15 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron asesinadas por el Grupo Colina, un escuadrón al margen de la ley ligado al Servicio de Inteligencia Nacional durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Por su parte, en el Caso La Cantuta, de 1992, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos por el mismo grupo. En ambos casos la versión oficial era que se trataba de acciones contra el terrorismo de Sendero Luminoso.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que la ley "no solo es ilegal, sino injusta e inhumana", ya que consagra la impunidad. Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, expresó su indignación: "No solamente nos parece ilegal, sino injusta e inhumana la decisión de regalar un perdón a quienes han violado los derechos humanos".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también exhortó al Gobierno de Boluarte a abstenerse de promulgar esta ley, recordando que las amnistías por graves violaciones a los derechos humanos son inadmisibles según el derecho internacional.
Organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) han advertido que esta norma consolida un marco normativo orientado a perpetuar la impunidad, contraviniendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Barrios Altos y La Cantuta.
Junto a eso, más de 70 organizaciones nacionales e internacionales han condenado la iniciativa, destacando que "socava décadas de lucha por la justicia" y representa un "nuevo y grave acto de desacato" a los compromisos internacionales del Perú.
Por su parte, el analista político Carlos Meluesa señala que la ley no es un hecho aislado, sino parte de una "crisis política crónica" que ha hecho mella en la vida institucional peruana en los últimos cuatro años desde la elección de Castillo, un hasta entonces desconocido dirigente del magisterio, como jefe de Estado en el país andino.
Este y otros observadores sostienen que la nueva ley de amnistía debe vincularse con otra polémica ley anterior, que restringe el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y en particular a las entidades que denuncian excesos, lo cual deja en evidencia un patrón de retrocesos en la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Finalmente, Boluarte, con una desaprobación ciudadana en todo el país del 94% y con regiones en las que su aceptación es apenas del 3% sigue tomando decisiones polémicas. A inicios de este mes se duplicó su propio sueldo, para llevarlo a unos 10.000 dólares mensuales.
La Boluarte, ¿1⁰ dictadora en América?