Boluarte promulga polémica ley que restringe libertad de expresión y asociación en Perú

Pese a los llamados y advertencias de ONG locales y extranjeras, la presidenta peruana Dina Boluarte terminó por promulgar una polémica ley que busca fiscalizar a las organizaciones sociales. Se trata de una norma que, a juicio de Amnistía Internacional, restringirá las libertades de expresión y asociación en Perú e impactará negativamente a víctimas de violaciones a derechos humanos.

Aprobada el pasado 12 de marzo en el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras entre las cuales el fujimorismo sigue gravitando, en las últimas semanas tuvieron lugar diversos llamados a la presidenta para que no le diera promulgación a la ley, pero la mandataria hizo caso omiso y ratificó la norma este 14 de abril.

La ley modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y endurece la supervisión del financiamiento de la cooperación internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) y restringe la posibilidad de que las entidades sociales demanden al Estado y sus funcionarios.

"Bajo el argumento de fortalecer el trabajo de la APCI, esta ley propone un control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que deja la puerta abierta a decisiones arbitrarias, discrecionalidad, así como a la censura de voces críticas e incómodas con el poder, lo cual puede afectar la rendición de cuentas del Estado", sostuvo Amnistía Internacional.

Según Amnistía Internacional, la norma refrendada por Boluarte atenta contra la libertad de expresión, la libertad de asociación y el acceso a la justicia de cientos de víctimas en Perú.

Al promulgar la ley, iniciativa de legisladores afines al fujimorismo, Boluarte la defendió al asegurar que la norma tiene como objetivo "garantizar la transparencia" y que "los recursos públicos o privados se utilicen con honestidad".

La ley fue aprobada en primera discusión con el respaldo de 82 congresistas, 15 votos en contra y cuatro abstenciones, y exonerada de una segunda votación.

"No se trata de control, se trata de claridad. No se trata de fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas", dijo la mandataria. Sin embargo, en su exposición admitió que la nueva ley busca actuar contra aquellas ONG que "actúan en contra de los intereses del Estado".

"Esta ley también velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país sembrando odio y atacando nuestro sistema", dijo la mandataria, quien atraviesa una severa crisis de legitimidad, ya que la gran mayoría de peruanos —según los sondeos— descalifican o cuestionan su gestión presidencial.

Tras el fallido intento de golpe del presidente Pedro Castillo y su destitución, en diciembre de 2022, asumió la jefatura del Estado Dina Boluarte, quien había sido electa como vicepresidenta como parte de la dupla presidencial junto al exmaestro en 2021.

Dina Boluarte inicialmente había anunciado que adelantaría elecciones, pero luego, en alianza con sectores ultraconservadores del Congreso (pese a ver sido electa con banderas izquierdistas) se atornilló en el poder con el plan de completar el mandato de cinco años para el que fue electo Castillo, mientras este sigue detenido y está siendo juzgado por intento de golpe de Estado.

Una de las más reconocidas entidades sociales de Perú, el Instituto de Defensa Legal (IDL), que jugó un papel clave en la defensa de los derechos humanos durante los años de gobierno autoritario de Alberto Fujimori, en los 90, sostuvo que la ley recién aprobada "consagra un modelo de intervención y de fiscalización".

Para el IDL, fundado en 1983 y destacado en la promoción de casos ante los sistemas internacionales de derechos humanos en contra de violaciones de derechos humanos del Estado peruano, "el verdadero objetivo es que el Gobierno a través de la APCI, someta y tome control del trabajo de las ONG de derechos humanos, que le vienen cuestionando y fiscalizando, afectando en el fondo gravemente la independencia de la sociedad civil" en Perú.

La promulgación de la ley, y lo que se prevé que comprenda (un cerco a las organizaciones sociales que fiscalizan y hacen veeduría del Estado) coincide con la divulgación de un nuevo sondeo que revela la enorme debilidad que enfrentan las cabezas de los dos principales poderes públicos.

De acuerdo con los resultados de la última encuesta, difundida el 13 de abril y realizada por la empresa Datum para el diario El Comercio, Dina Boluarte enfrenta un rechazo del 94% de la población, mientras que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, registra un 83% de desaprobación.

Por su parte, medios de prensa en Lima han destacado que uno de los promotores de la ley, el actual congresista Alejandro Aguinaga, se verá beneficiado de las limitaciones a las ONG.

Aguinaga viene siendo procesado por su actuación como ministro de Salud durante la dictadura de Alberto Fujimori por el caso de esterilizaciones forzadas. Este caso ha sido llevado ante la Justicia por organizaciones no gubernamentales que han acompañado a las víctimas.

La nueva ley contempla que será falta muy grave usar la cooperación internacional para procesos contra el Estado y eso incluye a altos funcionarios actuales o del pasado. La sanción en estas situaciones prevé multas superiores a los 500.000 dólares, suspensión temporal o cancelación en los registros de las ONG.

Un conjunto de entidades, algunas dedicadas al periodismo como el IPYS y Convoca, sostuvieron que se trata de una ley contraria a la Constitución vigente y que este instrumento "afectará directamente las libertades de asociación, de pensamiento y de participación política de las organizaciones civiles".

El IPYS, una ONG que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información pública, está registrada en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y realiza actividades en Perú y América Latina desde 1993.