Teniendo abiertas nueve investigaciones de la Fiscalía en su contra, la presidenta de Perú Dina Boluarte ha recibido una suerte de blindaje judicial en una decisión inédita en el país andino. La mandataria solo podrá ser investigada una vez que deje la Presidencia y para que cualquier acción judicial prospere se necesitará la aprobación previa del Congreso.
En un fallo que ha generado un intenso debate político y social, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este 19 de agosto la suspensión inmediata de todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta que concluya su mandato el 28 de julio de 2026.
Esta decisión, tras un recurso del propio Ejecutivo, fue adoptada con cinco votos a favor de un total de siete magistrados. La sentencia del Constitucional es su interpretación del Artículo 117 de la Constitución vigente en Perú, que limita las acusaciones contra un jefe de Estado en ejercicio a delitos específicos como traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedimento de elecciones.
A un año de que Boluarte entregue el poder, esta resolución ha sido interpretada por críticos como un blindaje judicial que consagra la impunidad de una mandataria profundamente impopular, con una aprobación que apenas alcanza el 3% según diversas encuestas, y que enfrenta múltiples acusaciones por presuntos delitos graves.
Dina Boluarte, electa en 2021 como parte de la fórmula presidencial en calidad de vicepresidenta, asumió la Presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado. La mandataria enfrenta al menos nueve denuncias constitucionales en la Fiscalía, ninguna de las cuales se enmarca en los supuestos del Artículo 117.
Entre las investigaciones más graves destacan: la investigación de la Fiscalía por la presunta responsabilidad en la represión de las manifestaciones que estallaron tras la caída de Castillo, dejando un saldo de al menos 59 muertos y cientos de heridos. Organismos como Amnistía Internacional han señalado que estas protestas representan uno de los episodios más graves de violaciones de derechos humanos en la historia reciente de Perú.
Boluarte es investigada, asimismo, por presunto enriquecimiento ilícito y conducta impropia tras revelarse que usó relojes Rolex y joyas de lujo, supuestamente regalados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favores presupuestales. Este caso, que desató una crisis política en 2024, incluyó un allanamiento inédito a su domicilio y al Palacio de Gobierno.
Por otra parte, la presidenta enfrenta acusaciones de encubrimiento por haber desactivado un equipo especial de la Policía que investigaba casos de corrupción de alto perfil, incluyendo a personas de su entorno. En junio de 2025, la Justicia rechazó un recurso de su defensa para anular esta investigación, pero el reciente fallo del TC la suspende temporalmente.
La Fiscalía también indaga si Boluarte encubrió al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, prófugo de la Justicia, lo que plantea cuestionamientos sobre su relación con el partido que la llevó al poder como vicepresidenta de Castillo. Cerrón es un médico neurocirujano, formado profesional e ideológicamente en Cuba, que fue determinante para lograr la victoria presidencial en 2021.
Estas investigaciones, junto a otras de menor relevancia, que ahora quedarán congeladas hasta el fin de su mandato, reflejan la magnitud de las acusaciones que pesan sobre una presidenta que, según analistas, ha gobernado en un contexto de alta inestabilidad política y social, apoyada principalmente por una coalición de fuerzas conservadoras en el Congreso.
El fallo del TC, que establece que las investigaciones contra Boluarte solo podrán retomarse tras el cese de su mandato o en caso de vacancia por incapacidad moral aprobada por el Congreso, ha sido duramente criticado por sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía.
Mientras que en las calles existe un clima de desaprobación contra la mandataria, esta cuenta con un nítido respaldo de las fuerzas conservadoras en el Congreso, pese a que ella no cuenta con una bancada parlamentaria propia. Este apoyo parlamentario, combinado con la decisión del TC, crea un escenario en el que Boluarte parece intocable, al menos hasta julio de 2026. Incluso después de dejar el cargo, la Fiscalía necesitará la autorización del Congreso para procesarla.
Eduardo Dargent, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene que, si bien el fallo del TC puede justificarse desde una perspectiva técnica, al buscar proteger la estabilidad del Ejecutivo, su aplicación en el contexto actual resulta problemática.
"La decisión refuerza un principio constitucional que busca evitar la parálisis del Gobierno, pero en un país con una crisis de legitimidad como Perú, donde la presidenta tiene un respaldo mínimo, esto se percibe como un blindaje político. El riesgo es que se consolide la idea de que el poder protege a los suyos, lo que profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones", sostiene este académico al ser consultado por DIARIO DE CUBA.
Por su parte, la abogada constitucionalista María Alejandra Campos reconoce que el fallo del TC se enmarca en la necesidad de interpretar y contextualizar el Artículo 117 de la Constitución, pero advierte sobre sus implicaciones en un contexto de alta polarización.
"La suspensión de investigaciones no implica impunidad automática, ya que los procesos se reanudarán tras el mandato. Sin embargo, la dependencia del Congreso para autorizar juicios posteriores introduce una variable política que puede diluir la rendición de cuentas", precisa Campos.
Finalmente, la decisión del TC no solo afecta a Boluarte, sino que establece un precedente que podría limitar la fiscalización de futuros presidentes.
En un país con una larga historia de corrupción y exmandatarios procesados, prácticamente todos los que ocuparon el poder a partir de 1990, como lo reseñó DIARIO DE CUBA, el fallo refuerza la percepción de un sistema que protege a las elites políticas, que están severamente cuestionadas por la ciudadana tal como reflejan estudios recientes del Instituto de Estudios Peruanos y el diario La República.
