Venezuela vive un deterioro sin precedentes en su ya maltrecho Estado de Derecho, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, seguidas de una escalada represiva del Gobierno de Nicolás Maduro. Tras documentar diversos casos, la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU emitió un informe que señala la existencia de crímenes de lesa humanidad.
El nuevo informe fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, este lunes 22 de septiembre. Desde que se creó la misión de expertos, por primera vez se deja constancia de patrones sistemáticos y masivos de violaciones a derechos humanos. Los expertos de la ONU, que vienen trabajando desde 2019, urgieron a la Corte Penal Internacional (CPI) a avanzar en su investigación sobre Venezuela.
El documento, difundido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), detalla un patrón sistemático de represión coordinada por el Gobierno de Nicolás Maduro, sus fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales conocidos como "colectivos". Este informe, que cubre el período de septiembre de 2023 a agosto de 2024, sostiene que se ha consolidado un clima de miedo generalizado en la población venezolana, tras las elecciones presidenciales del año pasado.
La misión establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos desde 2014, concluye que las acciones del régimen de Maduro constituyen crímenes contra la humanidad, específicamente persecución por motivos políticos.
Marta Valiñas, presidenta de la misión, afirmó: "No solo no ha habido mejoras, sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes". Este patrón incluye detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, diseñados para sofocar cualquier forma de disidencia.
El informe documenta que tras las elecciones de julio de 2024, ampliamente cuestionadas por irregularidades y denuncias de fraude, el Gobierno de Maduro intensificó la represión contra opositores, activistas, periodistas y ciudadanos comunes.
Según el documento, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas masivas en hogares de presuntos críticos, utilizando publicaciones en redes sociales como única evidencia. Francisco Cox, experto de la misión, señaló: "Las detenciones observadas este año repiten el patrón de 2024: sin base legal, realizadas por individuos enmascarados y con fabricación de expedientes penales".
Para los expertos de la ONU, estas acciones reflejan un plan deliberado para silenciar a quienes cuestionan la narrativa oficial de la reelección de Maduro.
El informe detalla la muerte de al menos 25 personas, en su mayoría jóvenes menores de 30 años provenientes de barrios populares, incluyendo dos menores de edad, durante las protestas postelectorales de julio de 2024. Estas manifestaciones, desencadenadas por el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la victoria de Maduro, fueron reprimidas con violencia extrema. En Maracay, estado Aragua, la misión confirmó que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra manifestantes, resultando en seis muertes, una de ellas por un disparo de escopeta a menos de diez metros.
La misión también investigó cinco casos de fallecimientos en custodia estatal durante 2024 y 2025, concluyendo que en al menos dos de ellos el Estado incumplió su deber de proporcionar atención médica adecuada, configurando tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Uno de los hallazgos más alarmantes es el uso sistemático de la tortura para intimidar y desmoralizar a los detenidos. El informe documenta prácticas como asfixia con bolsas plásticas, palizas, descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación, aplicadas sin distinción de edad o género.
Un caso ilustrativo es el de un detenido en el centro de detención de El Helicoide, gestionado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quien fue sometido a descargas eléctricas y obligado a grabar un video autoincriminándose por terrorismo bajo amenaza de muerte. Estas tácticas, que incluyen violencia sexual contra hombres y mujeres, buscan no solo castigar, sino humillar y deshumanizar a los opositores, de acuerdo con lo documentado por este grupo de expertos independientes.
Aunque ya el Estado de derechos en Venezuela estaba en coma, según organizaciones locales de derechos humanos, la alineación del sistema judicial con el poder político que encarna Maduro fue exacerbada.
Los jueces, alineados con el Ejecutivo, facilitan detenciones arbitrarias y procesos sin pruebas. La misión señala que las garantías judiciales han perdido toda efectividad, dejando a los detenidos, incluidos niños y personas con discapacidades, en una situación de absoluta vulnerabilidad. Cox subrayó que "ante el sometimiento de la justicia al Ejecutivo, la única esperanza de justicia reposa en instancias internacionales".
La misión reitera su llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que avance en su investigación sobre crímenes contra la humanidad en Venezuela, iniciada en 2023. Asimismo, señala que la documentación recopilada puede servir como base para determinar responsabilidades penales individuales, complementando el trabajo de la CPI, que actúa como tribunal de última instancia ante la inacción del sistema judicial venezolano.
El Gobierno de Maduro ha rechazado consistentemente los informes de la misión, calificándolos como "testimonios falsos" de "actores que se hicieron pasar por víctimas".
Según el portal ONU Noticias, las autoridades venezolanas han acusado a la misión de fabricar pruebas y han negado cualquier cooperación desde su creación en 2019. Esta postura, que desestima las denuncias de víctimas y organizaciones independientes, contrasta con la evidencia recopilada a través de 245 entrevistas confidenciales y el análisis de miles de casos, lo que refuerza la credibilidad de los hallazgos de la misión, de acuerdo con el Alto Comisionado de derechos Humanos de la ONU.
Para observadores políticos, la conclusión es inequívoca: este informe de la misión de la ONU expone una la realidad devastadora de que el régimen de Maduro ha consolidado un sistema represivo que utiliza la violencia, la tortura y el miedo para perpetuarse en el poder. La intensificación de estas prácticas tras las elecciones de 2024, combinada con la complicidad de un poder judicial subordinado, subraya la urgencia de una acción internacional.
A Venezuela le pasó por arriba un aura tiñosa. Ojalá prospere eso de la ONU en alguna acción ahora que EEUU tiene una flota andando por allí.