La dictadura de Nicolás Maduro ha cometido y sigue cometiendo desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes percibe como tales, señaló Amnistía Internacional en su informe "Detenciones sin Rastro: el crimen de desaparición forzada en Venezuela", publicado el martes 15 de julio.
La investigación detrás del documento parte del análisis de la situación de 15 personas desaparecidas por la fuerza desde la celebración de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025.
Con base en este nuevo informe y al conjunto de investigaciones de la organización a lo largo de la última década, Amnistía Internacional concluyó que estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra el derecho internacional se están cometiendo como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela.
"Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido", dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El informe resalta que la comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela y enfatiza que la gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, debe movilizar la conciencia del mundo e impulsar la acción de la justicia internacional, porque acarrea no solo responsabilidad del Estado, sino también de los funcionarios particulares que lo cometan.
Amnistía Internacional señala que los elementos que tipifican la desaparición forzada son, primero, la detención de una persona; segundo, que esta se realice por agentes estatales o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; y tercero, la negación oficial de la detención u el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona detenida.
Las estrategias del régimen para reprimir las expresiones a favor de un cambio político en Venezuela siguieron un patrón conocido y recurrente, aunque a una escala no vista anteriormente: 25 personas perdieron la vida, al menos 2.200 fueron privadas arbitraria e ilegalmente de la libertad, y, posiblemente, cientos de ellas sufrieron una desaparición forzada, al negarse su detención u ocultarse su suerte o paradero.
En relación a las 15 personas cuyas desapariciones forzadas investigó Amnistía Internacional, destacan como organismos responsables la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Hasta hoy, se desconoce el paradero de 11 de las 15 personas cuyas desapariciones forzadas en Venezuela fueron investigadas por Amnistía Internacional.
Se trata de Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush. Únicamente se logró establecer el paradero de cuatro personas: Alfredo Díaz, quien estuvo sometido a desaparición forzada durante cuatro días; Eduardo Torres, desparecido forzadamente por ocho días; y Rosa Chirinos y Raymar Pérez, quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante cuatro meses.
Al cierre del informe, al menos 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente, según información recabada por la organización venezolana Foro Penal. Esa ONG tiene registrados 940 presos políticos, la mayoría de ellos detenidos tras los comicios presidenciales de 2024.
Entre las víctimas, señala el informe, hay ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
Amnistía Internacional advierte que la implicación de "figuras del más alto nivel del Estado en la identificación y estigmatización pública de las víctimas, así como la subordinación del aparato de Justicia a la política represiva del Gobierno de Nicolás Maduro, constituyen elementos fundamentales que permiten acreditar su carácter sistemático".
"La desaparición forzada de corta duración habría sido no solo sistemática, sino también generalizada, debido al alto número de personas reportadas como víctimas por mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, y el hecho de que los casos se produjeron en un amplio rango geográfico y por distintos cuerpos de seguridad a nivel nacional", añade.
Amnistía Internacional considera que estos "crímenes realizados por el Estado coinciden con los elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada", por lo que recomienda que sean investigados conforme a los estándares de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.
Igualmente, indica que se deben deslindar las responsabilidades en estos "crímenes" hasta el "máximo nivel en el aparato del Estado".
"Esto incluiría no solo a las altas figuras del Gobierno, sino también a aquellos funcionarios del sistema de Justicia que, por acción u omisión, han facilitado, encubierto o legitimado la ejecución de esta política represiva", apostilla.
AI sostiene que las "estrategias" del régimen de Maduro para reprimir las manifestaciones en contra del resultado oficial de las presidenciales "siguieron un patrón recurrente".
"Las personas eran privadas ilegalmente de la libertad, y en muchos casos inmediatamente incomunicadas, o se negaba u ocultaba su detención, suerte y paradero; además se les negaban las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, privándoles del derecho a la defensa adecuada, a ser escuchadas por un juez imparcial, a conocer los cargos o las pruebas en su contra, y se les acusaba de delitos graves y ambiguos como 'terrorismo'", enumera.
Tanto la dictadura como la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, puesto que aseguran que todos los arrestados cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.
