"La indicación que tenemos de los abogados es que no se informe nada sobre el dólar y cuando dicen nada es nada". Esta directriz de los consultores jurídicos de un portal de noticias en Venezuela ilustra el clima de censura, autocensura e intimidación que rodea a la información cambiaria, en medio de una ola de detenciones que incluso alcanzó a economistas independientes.
Tal como reportó DIARIO DE CUBA, Venezuela cerró el mes de mayo con una nueva ola de detenciones de carácter político, con "casos ejemplarizantes" para atemorizar a quienes desde aplicaciones o redes sociales estaban informando sobre el "dólar paralelo", la forma en la que los venezolanos suelen hablar del mercado negro de divisas.
De las 25 personas detenidas hasta fines de mayo, la cifra se había elevado ayer a medio centenar de detenciones, de acuerdo con la información suministrada por el fiscal general Tarek William Saab, una figura plegada al Gobierno de Nicolás Maduro.
Dos periodistas especializados confirmaron a DIARIO DE CUBA que además fueron detenidos (y en la mayoría de los casos liberados tras interrogatorios) un total de ocho economistas independientes. Estos economistas y sus familiares optaron por no hacer denuncias públicas ni visibilizar sus casos por temor a represalias de mayor escala.
Saab ha confirmado que los detenidos están acusados de terrorismo, legitimación de capitales y asociación para delinquir, entre otros delitos. El ministro del Interior Diosdado Cabello ha asegurado que esta nueva ola de detenciones tuvo lugar en un marco de respeto a las personas detenidas.
Para defensores de derechos humanos como la entidad Provea, estas acciones son un intento de consolidar el control autoritario en un contexto de crisis económica y política. "El régimen no solo reprime a la oposición política, sino que ahora apunta a quienes intentan explicar la realidad económica. Esto es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información", sentencia esta organización, la más antigua del país que se mantiene operativa.
El chavismo ha intensificado su campaña para controlar el mercado cambiario no oficial, que refleja la verdadera dinámica de la oferta y demanda de divisas en Venezuela. Plataformas como Monitor Dólar, que durante años sirvió como referencia para millones de venezolanos al publicar el tipo de cambio no oficial, han sido desmanteladas.
Según el fiscal general Saab, estas plataformas "desestabilizan" la economía al publicar tasas de cambio que superan la cotización oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). En un comunicado, Saab acusó a los administradores de Monitor Dólar de inflar artificialmente los precios del dólar para generar "pánico económico".
Sin embargo, esta narrativa oficial ha sido cuestionada por expertos y defensores de derechos humanos. "La persecución contra quienes informan sobre el dólar paralelo no resuelve el problema de fondo: la devaluación del bolívar es un reflejo de la falta de confianza en las instituciones y de políticas económicas fallidas", señala Francisco Rodríguez, economista venezolano y profesor en la Universidad de Denver, al ser consultado por DIARIO DE CUBA.
Según Rodríguez, la represión solo aumenta la incertidumbre en un mercado ya de por sí volátil, donde el tipo de cambio paralelo puede ser hasta un 33% más alto que el oficial. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), una organización independiente que monitorea indicadores económicos, ha denunciado la "criminalización" de la información estadística por parte del régimen de Maduro.
En un comunicado emitido el 13 de junio, el OVF rechazó el "hostigamiento y persecución" contra quienes recopilan y difunden datos económicos, subrayando que estas detenciones no están vinculadas a su organización, pero afectan a colaboradores ocasionales. "El régimen busca imponer un silencio informativo para ocultar la gravedad de la crisis", afirmaron.
Un caso de detención que sí trascendió y causó gran estupor público ha sido el caso del economista y exministro de Finanzas de Hugo Chávez, el profesor universitario Rodrigo Cabezas. Su arresto el 12 de junio en Maracaibo, a casi 700 kilómetros de Caracas, ha generado una fuerte reacción tanto dentro como fuera de Venezuela.
La ONG Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, calificó la detención como parte de una "escalada represiva estatal" dirigida contra quienes critican la gestión económica. "Rodrigo Cabezas ha sido un duro crítico del autoritarismo y la crisis económica. Su detención es un mensaje claro: nadie está exento de la represión, ni siquiera quienes alguna vez formaron parte del chavismo", señaló Provea.
Cabezas, conocido por su experiencia en política monetaria, había advertido en múltiples ocasiones sobre el impacto de la emisión descontrolada de bolívares por parte del Banco Central, que en 2025 ha incrementado la liquidez en un 42%, según reportes. Esta emisión, destinada a financiar el gasto público, ha alimentado la inflación y la devaluación del bolívar, con un índice de precios al consumidor que alcanzó el 26% solamente en mayo último, según el OVF.
"El Gobierno no puede controlar la inflación ni la devaluación, así que opta por culpar a actores externos y locales, silenciando cualquier voz que revele la verdad", sostiene la analista política Ana Milagros Parra.
La represión ha tenido un impacto inmediato en las plataformas digitales. Monitor Dólar dejó de publicar cotizaciones el 27 de mayo, y la plataforma de criptomonedas El Dorado anunció el cese de sus operaciones en Venezuela tras las detenciones. Guillermo Goncalves, cofundador de El Dorado, emitió una disculpa pública en Instagram, asegurando que la plataforma no buscaba promover la especulación. "Quedo a disposición de las autoridades", afirmó, mientras sus propiedades en Venezuela eran allanadas por la Policía Nacional Bolivariana.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por eliminar las referencias al dólar paralelo, los venezolanos han recurrido a plataformas como Binance para obtener información sobre el tipo de cambio. "El mercado paralelo no desaparecerá porque responde a una necesidad real de la población", sostiene Luis Carlos Díaz, activista en favor de los derechos digitales y ampliamente citado en redes sociales.
Finalmente, el Departamento de Estado de EEUU calificó estas detenciones como "injustas" y aprovechó para recordar que Venezuela concentra el mayor número de ciudadanos estadounidenses detenidos arbitrariamente en el mundo. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado un "terrorismo de Estado" en Venezuela, caracterizado por la persecución sistemática de voces disidentes y la criminalización de actividades legítimas como el análisis económico.
