Venezuela cerró el mes de mayo con una nueva ola de detenciones de carácter político, con "casos ejemplarizantes" para atemorizar a quienes desde aplicaciones o redes sociales estaban informando sobre el "dólar paralelo", la forma en la que los venezolanos suelen hablar del mercado negro de divisas.
En el primer anuncio oficial en relación a esta nueva oleada de persecución en el país, solo se destacó el 28 de mayo lo señalado por el fiscal general, Tarek William Saab, quien confirmó la detención del presunto administrador de la cuenta de redes sociales "Monitor Dólar", acusado de contribuir a la "desestabilización" de la economía nacional.
Según Saab, esta cuenta publicaba cotizaciones "exorbitantes" del dólar paralelo, contraviniendo la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Desde octubre pasado venía registrándose en el país una brecha cambiaria cercana al 30% entre el dólar BCV y el "dólar paralelo".
A Carlos Andrés Pérez Abreu, detenido por supuestamente administrar "Monitor Dólar", se le imputaron cargos graves, como terrorismo, legitimación de capitales, captación indebida, oferta engañosa y asociación para delinquir.
El fin de semana, sin embargo, el diario oficialista Últimas Noticias dio cuenta de que la detención de Pérez Abreu no era un hecho aislado. Según este medio afín al chavismo, habían sido detenidas 25 personas entre el 21 y el 28 de mayo en los estados (provincias) de Aragua, Lara, La Guaira, Barinas, Zulia, Yaracuy, Miranda y en Caracas, la capital.
Esta ola de detenciones y de restricciones por informar sobre las tasas de cambio no oficiales en Venezuela coinciden con los 20 años de aprobación de una ley para castigar penalmente "los ilícitos cambiarios". En teoría, esta ley fue derogada en 2018, pero en la práctica cada tanto el Gobierno echa mano de la represión para que se censure el tema, especialmente cuando existen distorsiones que ponen en entredicho la narrativa oficial.
Las recientes detenciones por informar la tasa del llamado dólar paralelo confirman la histórica visión oficial: el poder ejecutivo trata de modelar la actividad económica bajo diferentes argumentos y en el fondo restringe la circulación de información en el país de aquellos temas que le son espinosos.
Desde la instauración del control cambiario en Venezuela en 2003, los gobiernos —primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro— han implementado una serie de medidas para restringir la difusión de información sobre el "dólar paralelo" o dólar negro, considerándolo una amenaza a la estabilidad económica y política.
Estas acciones, que incluyen bloqueos de sitios web, sanciones legales y detenciones, reflejan un patrón de censura que ha evolucionado con el tiempo, en un contexto donde el mercado del llamado "dólar paralelo" se convirtió en un indicador crucial de la crisis económica venezolana.
La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios en Venezuela fue promulgada originalmente el 14 de septiembre de 2005, dos años después de que se implantará el control en la compra y venta de divisas en Venezuela. Aunque en teoría derogada, la lógica del chavismo de control sobre la información ha seguido presente en relación con las tasas de cambio en el país.
La ley de 2005 prohibía reportar tasas no oficiales con multas en su momento que eran equivalentes a unos 15.000 dólares. Sin embargo, lo más llamativo y duradero en el tiempo es que estableció un marco legal para sancionar medios y personas que informaran sobre esas tasas.
Con la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, la represión contra la difusión del dólar paralelo se intensificó. En noviembre de ese año, Maduro anunció en televisión nacional su decisión de bloquear cualquier sitio web que publicara información sobre la cotización del "dólar paralelo". Esta medida resultó en el bloqueo de más de 500 páginas web por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
De acuerdo con ONG especializadas, aquello resultó una campaña de filtrado de contenidos, de censura sin precedentes. Aunque Chávez ya había bloqueado sitios emblemáticos, como DolarToday, la política de Maduro fue mucho más agresiva.
Estas acciones no reflejan otra cosa que la continuidad de una política desde el poder ejecutivo de criminalizar la difusión de información sobre el dólar paralelo, en un contexto donde la brecha entre la tasa oficial y la paralela estuvo entre 25 y 30% desde octubre de 2024 y hasta fines de este mes de mayo.
En los últimos días, además de las detenciones relacionadas con la publicación del "dólar paralelo" en Venezuela, se han reportado varias acciones y eventos significativos vinculados a las restricciones sobre la difusión de tasas de cambio no oficiales.
Una de ellas es el cierre de operaciones de plataformas de intercambio de criptomonedas como "El Dorado", que anunció el cese de sus operaciones en Venezuela debido a la intensificación de las acciones gubernamentales contra quienes publican tasas de cambio no oficiales. El cofundador de la plataforma dijo en un vídeo en el que se mostraba bastante apesadumbrado que su intención nunca fue especular con el precio del dólar, pero la presión de las autoridades llevó al cierre.
Finalmente, figuras del Gobierno de Maduro, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, han justificado las detenciones como parte de una estrategia para prevenir la "desestabilización económica" a través de plataformas digitales. Cabello dijo que las operaciones se realizaron "en silencio, sin atropellos", y que los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público.
Aunque el Gobierno ha enmarcado esta ola de detenciones bajo una narrativa económica, para activistas de derechos humanos se trata de nuevos presos políticos en un país que ya bordea los 1.000 casos. Son presos políticos dado que fueron privados de su libertad sencillamente por informar, algo que incomodó al poder ejecutivo.
Lo mismo que en Cuba