En consonancia con el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación que firmaron Rusia y Venezuela en mayo, la compañía estatal rusa de tecnología ROSTEC puso en marcha en el país sudamericano la primera etapa de una fábrica de munición para fusiles de asalto Kalashnikov. A la par de este hecho, que evidencia la sostenida penetración del Kremlin en América Latina, particularmente en Caracas, La Habana y Managua, la Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, declaró "persona non grata" al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y a los miembros de su oficina.
La instalación militar, que se encuentra ubicada en la ciudad de Maracay, inició su construcción hace 19 años y está equipada con cuatro líneas de producción: dos dedicadas al ensamblaje de munición con núcleo de acero y dos para la fabricación de balas trazadoras y cartuchos de fogueo, indicó ROSTEC en un comunicado publicado en su página web.
"La empresa producirá hasta 70 millones de cartuchos anuales y aumentará significativamente el potencial de defensa del país, proporcionando a Venezuela con munición de producción nacional", agregó.
"Próximamente, se planea poner en marcha otras instalaciones de producción, lo que garantizará un ciclo completo de producción de munición y fusiles de asalto Kalashnikov para el ejército venezolano, la policía y otras fuerzas del orden", señaló el directivo de ROSTEC, Oleg Yevtushenko.
Además de las líneas de producción de munición, ambas partes también pusieron en funcionamiento un edificio de destrucción de residuos, almacenes para componentes de munición, un campo de tiro para realizar pruebas de los cartuchos, así como un depósito de fuego y otras estructuras auxiliares.
Asimismo, Rusia pretende construir en Venezuela una fábrica de fusiles de asalto AK-103, sin embargo, el director ejecutivo de ROSTEC, Sergei Chemezov, lamentó que EEUU estuviese "interfiriendo" en sus planes.
Mientras el ministro de Industria y Producción Nacional del régimen venezolano, Alex Saab, y el viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa, mayor general Henry Rodríguez Martínez, inauguraban la primera etapa de la fábrica, el presidente del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, llamó "sátrapa" y "basura", al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, al tiempo que lo declaraba "persona non grata" en el país, al acusarlo de guardar silencio sobre los 252 migrantes venezolanos "secuestrados" en El Salvador.
Rodríguez, además, acusó al funcionario de "hacerse la vista gorda de crímenes atroces", mientras los diputados aprobaron por unanimidad solicitar a Nicolás Maduro que Venezuela "se salga" de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mientras Türk esté a cargo.
Esta es la reacción de Caracas luego de que el alto comisionado advirtiera en un informe que las libertades fundamentales en el país caribeño han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en estos años, y que diversas personas "han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos".
Así, mientras cuestiona a los organismos internacionales por evidenciar el estado deplorable de los derechos humanos en el país, el régimen de Maduro se acerca aún más a Putin en el esfuerzo conjunto, firmado en mayo, de "mejorar sus lazos en materia de defensa, además de incrementar la cooperación técnico-militar".
El acuerdo entre Moscú y Caracas llega cuando sus economías están asfixiadas tanto por las presiones externas como por los entuertos internos, y viven marcadas fundamentalmente por el desgaste de Rusia en su guerra desde hace más de tres años contra Ucrania, en un caso, y, en el otro, por las sanciones a la exportación de petróleo impuestas por EEUU a Venezuela.
En vez de producir alimentos, los rusos producen armas para asesinar humanos.