La llegada de Karim Khan al frente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) prometía en 2021 darle un decidido impulso a la investigación por crímenes de lesa humanidad en contra del régimen de Nicolás Maduro, tras el letargo que había sufrido el proceso con la anterior fiscal jefe, Fatou Bensouda. Cuatro años después el Tribunal de la Haya parece estar en un atolladero.
La Sala de Apelaciones de la CPI ordenó este 1 de agosto a Khan apartarse de la investigación, debido a un conflicto de intereses derivado de su relación familiar y profesional con Venkateswari Alagendra, una abogada que representa al régimen de Nicolás Maduro.
Khan ha hecho historia, tristemente negativa, ya que también se encuentra suspendido mientras tiene lugar una investigación por presunto acoso sexual contra una subordinada en el tribunal internacional.
La decisión de la CPI fue impulsada por la Fundación Arcadia, una organización con sede en Washington dedicada a promover los derechos humanos en Venezuela. La Fundación Arcadia recusó a Khan en vista de su vínculo con Alagendra, cuñada suya, quien forma parte del equipo legal que defiende al Gobierno venezolano ante la CPI. Alagendra, hermana de la esposa de Khan, Shyamala Alagendra, ha trabajado junto a él en casos previos, incluyendo la defensa de Seif al-Islam Gadhafi, hijo del exdictador libio Muammar Gadhafi, y del presidente keniano William Ruto.
Tras revisar la solicitud presentada en septiembre de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI determinó que existían "motivos razonables" para cuestionar la imparcialidad de Khan. Aunque inicialmente la denuncia fue desestimada, en febrero de 2025 la Sala reanudó la revisión y, finalmente, ordenó a Khan apartarse del caso. Esta relación ha sido especialmente cuestionada por defensores de derechos humanos, quienes ven en ella un riesgo para la credibilidad de la CPI.
Venkateswari Alagendra ha sido una figura clave en la defensa del régimen de Maduro ante la CPI. Desde finales de 2023, cuando se unió al equipo legal venezolano, Alagendra participó en la apelación contra la decisión de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación en 2023.
La decisión de apartar a Khan llega en un momento crítico para Venezuela, donde las violaciones de derechos humanos se intensificaron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, consideradas fraudulentas por observadores independientes y por la oposición prodemocracia que encabeza María Corina Machado.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre el 29 y 30 de julio de 2024 se registraron 915 protestas en todo el país, de las cuales 138 fueron reprimidas violentamente. La represión dejó un saldo de al menos 24 muertos, incluyendo dos menores de edad, y más de 2.000 detenciones arbitrarias, según datos de la ONG Foro Penal. La mayoría de las víctimas fatales, 22 de las 24, eran menores de 40 años y provenían de barrios populares, lo que evidencia un patrón de represión dirigido contra sectores vulnerables.
En la segunda parte del año pasado llovieron las críticas contra Khan y contra la CPI, cuestionamientos tanto nacionales como internacionales, por la falta de respuesta ante lo que sucedió después de unas elecciones en las que las instituciones plegadas al chavismo dictaminaron que Maduro había sido reelecto para el periodo 2025-2031.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos, nombrada por la ONU y compuesta por expertos independientes, documentó en su informe de octubre de 2024 que las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados progubernamentales conocidos como "colectivos", llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias durante y después de las protestas postelectorales.
El informe destacó que estas acciones forman parte de una política estatal de represión sistemática, calificadas como crímenes de lesa humanidad por persecución por motivos políticos. A pesar de estas evidencias, la CPI optó por guardar silencio durante la segunda parte de 2024.
Erika Guevara-Rosas, directora senior de Amnistía Internacional, expresa su preocupación: "El silencio del fiscal Karim Khan ante la crisis que sufre Venezuela es alarmante".
Por su parte, el chileno Claudio Grossman, ex asesor especial de Khan, renunció en diciembre de 2024, argumentando que "no podía justificar la inacción frente a las graves violaciones cometidas por el Gobierno de Maduro". Estas declaraciones reflejan la frustración de las organizaciones de derechos humanos ante la falta de avances concretos en la CPI.
La investigación de la CPI, iniciada formalmente en noviembre de 2021 tras una remisión en 2018 de un grupo de países que forman parte del Estatuto de Roma, se centra en crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos abril de 2017, cuando tuvo lugar otra ola de represión masiva.
Por su parte la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, con mandato del Consejo de Derechos Humanos, ha documentado en sus informes de 2020, 2021 y 2024 un patrón sistemático de violaciones en Venezuela que incluyen: 1) ejecuciones extrajudiciales; 2) detenciones arbitrarias y torturas; 3) persecución política, y 4) violencia en zonas mineras.
Francisco Cox, experto de la misión independiente, subraya que "los detenidos son mantenidos en regímenes estrictos de incomunicación, en violación de las leyes nacionales e internacionales, y enfrentan amenazas de tortura para autoinculparse por delitos graves como terrorismo".
La investigación de la CPI, que finalmente abarcó crímenes cometidos desde 2014 (cuando tuvo lugar la primera ola de represión masiva estando Maduro en el poder) ha avanzado lentamente, generando críticas por la falta de decisiones que puedan incluir órdenes de arresto contra figuras clave del régimen de Maduro, a diferencia de casos como los de Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu.
La decisión de apartar a Khan, aunque necesaria para preservar la imparcialidad, podría retrasar aún más el proceso, profundizando la desconfianza de las víctimas. Organizaciones como Foro Penal y Human Rights Watch han instado a la CPI a actuar con mayor celeridad, argumentando que la impunidad en Venezuela perpetúa un ciclo de represión.
Esa corte huele a Izquierda...!
Ese es el mismo HP que pidio encarcelaran a Netanyahu.