Como ha sido habitual en materia de derechos humanos, el chavismo parece jugar a dos bandas. El mismo Gobierno que hace dos meses expulsó al personal del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recibe ahora con beneplácito la decisión de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una oficina en Caracas, e invita a volver a los funcionarios de la ONU.
Con una estrategia similar parece moverse el Tribunal de La Haya. El fiscal general de la CPI, Karim Khan, reiteró este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro su decisión de abrir una oficina en Caracas y prestar colaboración técnica en la investigación de violaciones a los derechos humanos. Ello, sin embargo, no significa que se paraliza o abandona el procedimiento que se lleva en esta instancia internacional para establecer responsabilidades por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos justamente bajo el Gobierno de Maduro.
El gobernante venezolano ha aprovechado este martes un encuentro televisado con Khan, y de manera sorpresiva ha invitado a que regrese a Venezuela el personal del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, expulsado en febrero luego de que el alto comisionado Volker Türk cuestionara la detención arbitraria de la activista Rocío San Miguel.
"Los invito a que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Türk (...) cuando quiera, donde quiera", dijo Maduro junto a Khan en una transmisión televisiva oficial la noche de este martes.
Por su parte, la oficina en Caracas de la CPI, que depende directamente de la Fiscalía, actuará bajo la premisa de cooperación de la Corte con los estados parte y el fortalecimiento del sistema de justicia local.
"La investigación de los posibles crímenes de lesa humanidad es un trabajo que sigue y se hará desde La Haya. Allí la Oficina del Fiscal trabaja procesando todo lo que tienen para poder establecer los casos con los que hará su acusación", expone el periodista y activista de derechos humanos Luis Carlos Díaz a DIARIO DE CUBA.
Díaz ha precisado lo que es el mandato de la CPI, no juzgar o condenar a estados, sino establecer sanciones sobre personas concretas. "Mientras tanto, la oficina en Caracas servirá para la 'cooperación técnica' con el Estado venezolano, para ayudarlo a revisar y reformar su aparato de Justicia", dice este ciberactivista, quien mantiene explicaciones sobre el funcionamiento de la CPI en redes sociales.
Venezuela es el primer país americano llevado ante la CPI por delitos de lesa humanidad, que implican violaciones graves, masivas y sistemáticas a derechos fundamentales. Tras una serie de recursos introducidos por representantes del Estado venezolano, que buscaban principalmente dilatar el proceso, el pasado 1 de marzo la sala de apelaciones del Tribunal de La Haya decidió por unanimidad desestimarlos y confirmó la decisión de continuar con la investigación.
Asimismo, la CPI confirmó que el año pasado 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al rendir testimonio por diferentes vías, incluyendo respuestas a formularios del Tribunal de La Haya, vídeos y correos electrónicos. Dos docenas de organizaciones venezolanas de derechos humanos también contribuyeron a documentar el proceso inédito que se lleva adelante.
Tanto la CPI, en sus informes, como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en 2019, han documentado la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país, con prácticas tales como tortura y tratos crueles, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. En documentos preliminares, la CPI ha señalado que diversos órganos estuvieron involucrados en tales prácticas.
Para la defensora de derechos humanos venezolana Liliana Ortega, la apertura de la Oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas está anclada en el "principio de complementariedad" del Estatuto de Roma, que dio pie a la creación de un tribunal en La Haya de carácter penal internacional, en 2002.
"Hasta donde existe información pública, esta oficina no estará en relación con las víctimas ni con las organizaciones venezolanas de derechos humanos, sino que va a interactuar con el Estado. Viene a constatar cuál es la voluntad de hacer justicia del Estado venezolano", manifestó Ortega a DIARIO DE CUBA.
Figura emblemática en el campo de los derechos humanos de Venezuela, con más de tres décadas en el activismo y la defensa de víctimas de abusos, Liliana Ortega cree que deben respetarse los lapsos del proceso y entender que la interacción de la Fiscalía de la CPI con el Estado venezolano es parte de ese proceso.
La abogada venezolana sostuvo que ya en otros países la CPI ha abierto oficinas, pero se trata de situaciones singulares y específicas, por lo que no pueden extraerse pronósticos sobre qué ocurrirá en el caso venezolano.
"Después de esta reunión estaré abriendo una oficina en Venezuela. No es una oficina secreta, no trabajo ilegalmente ni clandestinamente. En términos de estas decisiones, estamos abriendo una oficina por el apoyo y acuerdo con Venezuela", dijo Khan este lunes desde el Parlamento venezolano, en compañía del presidente de ese cuerpo, Jorge Rodríguez, un estrecho colaborador de Maduro y quien ha fustigado agriamente a Khan y a la CPI, en el pasado.
El Tribunal de La Haya inició en 2018 un examen preliminar a Venezuela tras una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la situación de represión bajo el Gobierno de Maduro en el año 2014 y 2017, dos momentos en que fue duramente reprimida la disidencia y las protestas callejeras de corte opositor.
El examen pasó a convertirse en investigación formal en noviembre de 2021, coincidiendo con la asunción de Khan como fiscal de la Corte Penal Internacional.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, le dijo a Khan que el país ha tenido "grandes avances" en derechos humanos. Desde 2017, aseguró Saab, 2.795 funcionarios de Seguridad del Estado han sido acusados por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las organizaciones venezolanas de la sociedad civil denuncian la ausencia de sanciones efectivas y la falta de castigo entre quienes ordenaron tales violaciones.
Más que el chavismo, la que parecería “jugar a dos bandas” es la Corte Penal Internacional.