El chavismo cruza una línea amarilla con la detención de una reconocida activista de derechos humanos

Ante los activistas de derechos humanos, en Venezuela, la política usual del chavismo ha sido amedrentar, amenazar en público o en privado, forzar el exilio o incluso dejar en el limbo la personería jurídica de las entidades defensoras. Superándose a sí mismo, el Gobierno de Nicolás Maduro ha cruzado una línea amarilla al detener a la reconocida activista Rocío San Miguel.

La más antigua organización del país, el Programa Venezolano de Derechos Humanos (Provea), confirmó que San Miguel fue aprehendida por funcionarios policiales este viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando la activista se disponía a tomar un vuelo internacional junto a su hija.

Amnistía Internacional emitió una alerta para pedir pruebas de vida de San Miguel luego de que transcurrieran más de 50 horas de su detención y se desconocía su paradero. Su hija fue dejada en libertad. Este domingo, el fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención de la activista, a la que acusó de ser parte de una conspiración para atentar contra el Estado.

San Miguel, de profesión abogada, sostuvo un largo litigio en contra del Estado venezolano ante el sistema interamericano de derechos humanos. Ella, junto a otras dos empleadas públicas, demandaron tras ser despedidas de forma arbitraria, luego de haber firmado en marzo de 2004 la convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces presidente, Hugo Chávez Frías.

En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Venezuela responsable por la violación de los derechos a la participación política y la libertad de expresión de las tres mujeres involucradas en este caso, que pasó a ser conocido como Caso Rocío San Miguel y otras. Como en otras decisiones de la Corte Interamericana, el chavismo hizo caso omiso de este procedimiento.

En el ínterin, mientras avanzaba de forma dilatada el proceso en el sistema interamericano, San Miguel fundó la organización no gubernamental Control Ciudadano, dedicada a la auditoría civil sobre el estamento militar. Desde hace varios años es una de las voces sociales más autorizadas para analizar lo que ocurre dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela.

Hace una década, el propio Nicolás Maduro señaló públicamente a la abogada de ser parte de una conspiración. En diversos momentos ella ha recibido medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de entidades como Frontline Defenders.

Desde Madrid, el diario El Mundo ha destacado la doble nacionalidad de San Miguel, venezolana y española, dejando abierta la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez se involucre en lograr la libertad de esta mujer de 57 años.

"Exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos", denunció Provea.

Desde hace algunas semanas, el Gobierno de Maduro y la Fiscalía General, que no goza de independencia, han apostado a una narrativa de presuntas conspiraciones y el intento de magnicidio del gobernante.

Medios de prensa en Caracas han recordado que San Miguel fue mencionada en el caso denominado Brazalete Blanco, que forma parte de las cinco presuntas conspiraciones que el chavismo ha denunciado para justificar su última arremetida contra la oposición y contra las ONG. La Fiscalía ha ratificado que se acusa a la activista de ser parte de una conspiración contra Maduro.

San Miguel, según han recordado activistas venezolanos consultados por DIARIO DE CUBA, es una respetada experta en cuestiones militares y goza de reconocimiento y prestigio internacional. Suele ser consultada por gobiernos extranjeros y con frecuencia participa de actividades públicas.

Es la primera vez que el chavismo detiene a una activista de derechos humanos con tal trayectoria.

"Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho muy grave que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas", sostuvo Provea.

Dentro de esta nueva arremetida, la candidata opositora María Corina Machado ha recordado que tres colaboradores de su campaña electoral están en situación de "detención-desaparición" desde el pasado 23 de enero, ya que a la fecha se les mantiene incomunicados y sus familiares y abogados desconocen su paradero.

Se trata de tres dirigentes regionales del partido Vente, fundado por Machado, y en los tres casos los activistas políticos cumplían funciones de coordinación regional de la campaña de la dirigente opositora. Se trata de Juan Freites (La Guaira), Luis Camacaro (Yaracuy) y Guillermo López (Trujillo). Según la candidata opositora, los tres han sido "secuestrados por el régimen" de Nicolás Maduro.

En relación con el caso de Rocío San Miguel, precisamente este 1 de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó la falta de cumplimiento por parte del Estado venezolano, que se ha negado a acatar la decisión y resarcir a las víctimas.

"Llevamos casi 20 años luchando por la justicia, verdad y reparación en este caso", subrayó la propia activista al mencionar este nuevo llamado de la Corte Interamericana al gobernante Maduro. El Gobierno venezolano ha optado sencillamente por desentenderse de esta decisión del sistema regional de derechos humanos.