La Justicia de Argentina procesó el jueves 10 de julio al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntos actos de corrupción durante su gestión de Gobierno, relativos a la contratación de seguros desde el Estado que habrían beneficiado al esposo de su secretaria privada.
El juez Sebastián Casanello enjuició a Fernández bajo el cargo de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", que el Código Penal de Argentina castiga con prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además del exmandatario, se procesó a otras 33 personas, reportó el medio argentino Infobae.
El juez Casanello también aplicó al exmandatario un embargo por más de 14.000 millones de pesos (más de 11 millones de dólares), todo lo anterior por la denominada causa Seguros, vinculada a la firma por Fernández como presidente del Decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y entregó el monopolio del negocio a la empresa Nación Seguros.
En un fallo de más de 400 páginas, Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández.
El juez determinó que la designación de Cantero en la Casa Rosada generó una "confusión de intereses. Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir (en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario) suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza", afirma el documento, citado por Infobae.
"La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral. A la par de un trato frecuente y cercano (reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos), se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales", prosigue el prontuario.
Casanello considera que está probado que "Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del bróker de seguros Martínez Sosa, una persona 'de su círculo íntimo' para quien había trabajado como asesor (entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces brindaba servicios de abogado y lobista)", señaló el diario argentino Clarín.
De acuerdo con el reporte de Infobae, Martínez Sosa y sus allegados cobraron 2.297.820.134 pesos (1.829.000 dólares), casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.
Durante el Gobierno de Fernández, la empresa Martínez Sosa acumuló contratos con 19 organismos públicos y recibió 366.635.744 pesos en comisiones. En el listado aparecen cuatro ministerios, e instituciones públicas como Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.
La cifra crece a 416.546.348 pesos, si se suman las comisiones cobradas en 2024.
Apenas estalló el escándalo, Martínez Sosa intentó despegarse del expresidente, pero la filtración de los chats entre ambos reveló que visitaba a Fernández en la quinta de Olivos, sin dejar rastros, y que utilizaba a su pareja para abrir puertas en reparticiones oficiales, tal como reveló Infobae.
Casanello también procesó, sin prisión preventiva, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a ex miembros de su directorio.
Una prueba fundamental para la causa fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y presentado a mediados de mayo. Ese documento, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública. Los expertos de la PROCELAC revelaron que el expresidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019.
La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción presidencial. En total, Fernández le facturó a la empresa de su amigo un total de 4.257.000 dólares, tomando en cuenta los valores de esa época.
En los inicios de su Gobierno, Fernández firmó un decreto para que todos los organismos del Estado contrataran sus seguros con la aseguradora del Banco Nación, Nación Seguros, e impuso a un amigo íntimo, Héctor Martínez Sosa, como intermediario que cobraba comisiones
La investigación debe desembocar en un juicio contra Fernández y otras 33 personas.
Fernández gobernó Argentina con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. La líder peronista está en prisión domiciliaria tras ser condenada por defraudación al Estado. Su vicepresidente entre 2011 y 2015, Amado Boudou, fue condenado por "negociaciones incompatibles con la función pública".
