La Justicia de Argentina congeló los bienes y levantó el secreto fiscal y bancario del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) y de varios colaboradores suyos, como parte de una investigación por presunta corrupción en torno a la contratación de seguros del Estado durante su Gobierno, confirmaron el miércoles fuentes judiciales.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la sala 11 del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal, dispuso la inhibición general de bienes de Fernández y levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en la causa que investiga si el mandatario favoreció, para la contratación de seguros del Estado, al esposo de su secretaria privada.
La medida de Ercolini abarca también a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas a las que se les investiga, quienes ahora no podrán vender ni disponer de sus bienes, reportó EFE.
La decisión abarca al intermediario Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, secretaria de Fernández, un vínculo que, para el juez, despierta la sospecha de que determinó el rol del exmandatario en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros.
A Fernández se le investiga por presuntas irregularidades en torno a un decreto que firmó en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación. En esa decisión se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios, cobrando millonarias comisiones.
Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos utilizaron de intermediario al esposo de su secretaria y su amigo, Martínez Sosa, quien, además, figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas.
Una vez que la investigación se dio a conocer, Fernández afirmó en declaraciones al diario La Nación que la norma aprobada por él buscaba terminar con la intermediación y con el sistema que se implementó durante el Gobierno de Mauricio Macri, que, a su entender, dio lugar a "muchos negocios". También afirmó en una entrevista radial por esos días: "Yo no he robado nada y no he participado de ningún negociado".
Tras la inhibición de bienes al expresidente, el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, reclamó avances en la labor judicial para profundizar la investigación de las denuncias elevadas.
"Necesitamos que la Justicia avance en todas las causas que estamos denunciando. Desde el tema de los seguros a los intermediarios de los planes sociales o cualquier otra cuestión que tenga que ver con lo que vamos encontrando y que, luego de recolectar la información pertinente, judicializamos y hacemos las denuncias", dijo el funcionario en una entrevista con el diario El Observador.
En la misma línea, el funcionario reclamó que la Justicia "actúe en consecuencia y lo más rápido posible, porque podemos denunciar, buena parte de nuestro tiempo la dedicamos a ordenar gran parte de este desorden, pero necesitamos del otro lado que la Justicia nos acompañe".
"En esto, todos tenemos que empujar y terminar con esta historia de que la corrupción nadie la paga y la terminamos pagando los argentinos", puntualizó el portavoz.
Según el medio iProfesional, la causa se inició por una auditoría interna del actual Gobierno de Javier Milei en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de "brokers".
Tratándose de organismos estatales, el juez federal Julián Ercolini dictó en las últimas semanas una series de medidas para determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos.
Fuentes cercanas a Alberto Fernández explicaron que la decisión fue adoptada como una medida política para "cuidar que no se fueran los dólares" a través de aseguradoras multinacionales.
Fernández, que regresó a Argentina a fines de febrero último tras permanecer dos meses en España, no ha designado abogado defensor en el caso.
