Los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela contra ciudadanos de ese país han sido admitidos finalmente por la Justicia federal de Argentina, en un fallo que ordena a un juez a darle curso legal a un conjunto de demandas en las que explícitamente se menciona al gobernante Nicolás Maduro y al número dos del régimen, Diosdado Cabello.
La Cámara Federal de Buenos Aires, con decisión colegiada de tres jueces, dictaminó el 5 de abril que debía reabrirse una investigación judicial para establecer las responsabilidades del régimen de Maduro en violaciones a derechos humanos, enmarcados bajo crímenes de lesa humanidad. Este dictamen deja sin efecto la decisión de un juez de archivar las denuncias bajo el argumento de que ya existía, en ese sentido, una investigación en marcha de la Corte Penal Internacional (CPI).
El portal Infobae publicó la decisión de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, en la que sostienen que "corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento".
Para los jueces federales argentinos se está en presencia de delitos de "extrema gravedad" que obligan a actuar sin "dilación ni demora" para proteger a los "amplios sectores de la población civil" en Venezuela.
Entre los imputados, según el documento, aparecen "Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad".
Hace un año, después de un recurso que introdujo la Fundación Clooney (del actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal), el fiscal federal de Argentina, Carlos Stornelli, confirmó su decisión de iniciar una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, bajo el principio de la jurisdicción universal cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.
La causa de Stornelli, que fue recibida el año pasado por el juez federal Sebastián Ramos, se sumó a otras denuncias que ya existían. En una de ellas, el fiscal Gerardo Pollicita había dictaminado que no correspondía proceder desde Argentina porque la Corte Penal Internacional (CPI) ya venía investigando al régimen de Maduro bajo similares argumentos, las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos en Venezuela.
La Cámara Federal de Buenos Aires desestimó este argumento y le ordenó al juez Ramos dar curso al proceso bajo los términos planteados por Stornelli. Esto fue en respuesta a una apelación del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), ligada a Waldo Wolff (hoy ministro de Seguridad en la capital argentina) y del abogado Tomás Farini Duggan.
Al impulsar la investigación, Stornelli señaló a integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la denuncia, habría una negativa de las autoridades judiciales venezolanas a investigar a "eslabones de la cadena de mando de Guardia Nacional Bolivariana y los intercambios de información registrada en su seno". Se recabaron testimonios de familiares y víctimas de la represión venezolana que viven en Buenos Aires.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi afirmaron en el fallo que, aún teniendo en consideración la postura previa del juez Ramos, "el momento excepcional de emergencia y sobre todo que los sucesos devenidos en las denuncias aquí acumuladas podrían ser novedosos, distintos e incluso exceder aquellos que podrían integrar la materia cuyo alcance forma parte actualmente de los hechos denunciados y tramitados ante la Corte Penal Internacional".
Por su parte, el juez Mariano Llorens subrayó la "nitidez del relato” de víctimas de "persecución y asesinato de familiares, en un contexto que es público y repercute más allá de las fronteras territoriales, en manifestaciones ocurridas en Venezuela a principios de 2014", en donde nunca se avanzó en las responsabilidades y sanciones por esos hechos.
Según la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, en inglés), Argentina es una jurisdicción apropiada dada su apuesta por la jurisdicción universal, con una "sólida línea de precedentes", porque la Justicia federal argentina ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal.
En las últimas décadas el sistema judicial de unos 20 estados ha asumido la jurisdicción internacional en casos graves de violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando las víctimas no pueden acceder a justicia y reparación dentro de sus países. En el caso actual de Venezuela, el régimen señalado de cometer los crímenes de lesa humanidad, encabezado por Maduro, sigue al frente del Poder Ejecutivo y tiene cooptados al resto de poderes públicos, incluido el Poder Judicial.
Amnistía Internacional ha recordado, por su parte, que justamente la Justicia argentina inició en 2010 una querella contra crímenes de derecho internacional perpetrados en España durante el Gobierno de Francisco Franco (1936-1975).
El abogado querellante Ignacio Jovtis, de la Fundación Clooney, ha comentado a medios de prensa, en Buenos Aires, que han estado preparando el caso por casi dos años. Incluso visitó Venezuela, donde entrevistó a decenas de víctimas y sus familiares, de muy regiones diversas y sin conexión entre ellos, con el fin de demostrar que hubo un patrón sistemático por parte del Estado venezolano y sus órganos de seguridad.
Finalmente, el año pasado, la CPI confirmó que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al rendir testimonio por diferentes vías, incluyendo respuestas a formularios del Tribunal de La Haya, vídeos y correos electrónicos. Dos docenas de organizaciones venezolanas de derechos humanos también contribuyeron a documentar el proceso inédito que se lleva contra el régimen venezolano en la Corte Penal Internacional.
