El pasado 21 de julio la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó el recurso de apelación presentado por el régimen de Nicolás Maduro, que pretendía suspender las investigaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta pesquisa está a cargo del fiscal de la CPI Karim Khan.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha intentado disuadir a la CPI con varios recursos judiciales y asegura que el proceso en su contra está impulsado por EEUU.
El abogado venezolano especializado en derechos humanos Juan Carlos Cremades acusa al Gobierno cubano de estar implicado en estos crímenes de lesa humanidad.
"Eventualmente, la CPI "tendrá que analizar con detenimiento la participación de funcionarios de la estructura de poder de Cuba en la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ya existen organizaciones de víctimas aportando información al respecto", dijo Cremades.
La abogada venezolana Laura Louza, codirectora de la ONG Acceso a la Justicia, aclara que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. "Nunca van a desaparecer, así que estamos trabajando para que la justicia llegue a los responsables en todo el mundo".
Para que la CPI pueda iniciar una investigación en un país, esa nación debe pertenecer al Estatuto de Roma. "Si en un país hay una dictadura, normalmente hay violaciones de los derechos humanos y puede haber crímenes de lesa humanidad, pero el país tiene que ser parte del estatuto para que comience la investigación. Este no es el caso de Cuba. Sin embargo, no cabe duda de la estrecha relación del Gobierno venezolano con el de Cuba" y esto, según Louza, "cierra más el cerco al régimen cubano".
A pesar de que la aceptación del Estatuto de Roma de la CPI por parte del país en donde se comenzará una investigación es imprescindible para el trabajo de la Fiscalía, Louza pone el ejemplo de lo que sucedió con Ucrania.
"Ucrania no es parte del Estatuto de Roma. La investigación está abierta porque 38 estados remitieron la violación de derechos humanos en ese país a la CPI. Esto pudiera abrir una ventana en casos como el de Cuba", dice la abogada, quien destaca la importancia de mirar hacia países en guerra.
La investigación de la CPI en Venezuela de la mano del reconocido fiscal Karim Khan es histórica en el continente americano. "Tradicionalmente la CPI se conocía como una corte hecha para África. Ha estado o está presente en países territorios como Sudán, República del Congo, Mali, Burundi, Myanmar, Afganistán…"
"Venezuela ya se asemeja a la situación de países africanos con conflictos armados. Estamos viendo situaciones de guerrilla y un Gobierno que ejerce su poder de manera negativa", dice Louza.
A pesar de todo el trabajo que hace la CPI, "los órganos de protección de derechos humanos no están diseñados para cambiar los gobiernos. El hecho de denunciar puede hacer que esa cúpula de poder cambie de actitud. No se pueden quitar los gobiernos, pero hay que hacer conciencia de esto. Los ciudadanos deben aprender a no votar a dirigentes con unas ciertas características, hay ciertos patrones que se repiten. Por lo general son gobiernos populistas que una vez toman el poder comienzan a cerrar espacios democráticos".
Sobre las medidas que puede tomar la CPI, Cremades dice que "son de índole procedimental".
Se obtiene una certificación por parte de la Fiscalía que muestra la presencia de crímenes de lesa humanidad. Se prueba que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías en procesos judiciales y los procedimientos existentes para la protección de las víctimas y evitar la impunidad no son serios", señala.
En Venezuela hay escuelas de tortura dirigidas por cubanos donde enseñan a sacar confesiones mediante tortura.