La fiscalía de Colombia reactivó el miércoles 22 de enero las órdenes de captura contra 31 altos mandos y voceros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) ante la "gravedad de los actos criminales" perpetrados en el Catatumbo, en el noreste del país, donde al menos 80 personas han muerto en la última semana.
Los altos miembros del ELN habían sido beneficiados con la suspensión de las órdenes de captura desde 2022, cuando iniciaron los diálogos de paz con el actual Gobierno de Gustavo Petro, dentro del marco de su política de paz total, con la que pretendía disminuir la violencia en el país.
Sin embargo, el presidente suspendió la mesa de negociación la semana pasada en rechazo a la violencia desatada en el Catatumbo por enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
El mandatario también anunció la declaración del estado de conmoción interior y de emergencia económica para atender la situación en Catatumbo, lo cual le dará facultades extraordinarias para modificar leyes, así como para limitar algunos derechos temporalmente.
La Fiscalía indicó que los "actos criminales" del ELN contradicen la "participación genuina y comprometida en el proceso de paz", citó la agencia de noticias AP.
Las órdenes de captura se reactivaron para Pablo Beltrán, jefe de la delegación de paz del ELN, y los miembros de la delegación Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias y Silvana Guerrero, así como para el máximo jefe de la guerrilla, Eliécer Herlinto Chamorro, alias "Antonio García".
Estos líderes guerrilleros han permanecido los últimos años entre Venezuela y Cuba. La Habana acogió los diálogos de paz entre 2018 y 2019, año en que quedaron congelados. Las conversaciones se estancaron tras un atentado reivindicado por el ELN contra la Escuela de la Policía en Bogotá, en enero de 2019, que causó la muerte de 23 personas y heridas a cerca de un centenar.
Precisamente la permanencia de los insurgentes en La Habana fue lo que hizo que EEUU incluyera a Cuba entre los estados patrocinadores del terrorismo, luego de que el régimen de la Isla se opusiera a cumplir una orden de extradición en su contra promulgada por el anterior Gobierno de Iván Duque.
La estatal Defensoría del Pueblo calculó que en la última semana se han desplazado forzosamente del Catatumbo, fronterizo con Venezuela, más de 36.000 personas. Más de 1.000 ciudadanos de origen colombiano se desplazaron hacia Venezuela en búsqueda de protección internacional, según la ONU.
De las 80 muertes documentadas por la Gobernación de Norte de Santander, donde se ubica Catatumbo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó el miércoles en un comunicado haber recibido 41 cuerpos. De ellos, 32 han sido entregados a sus familias. El levantamiento de cuerpos se ha dificultado por los enfrentamientos armados.
La violencia, que el Gobierno ha dicho que está impulsada principalmente por el ELN, se desató por un intento de tomar control sobre el territorio del Catatumbo y de sus economías ilícitas, como el narcotráfico. Analistas han dicho que existía una tregua entre los dos grupos armados que se rompió.
Al tratarse de una región fronteriza con Venezuela, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, aseguró el miércoles a la prensa que han pedido a Caracas mediante canales diplomáticos que actúen para evitar que integrantes del ELN pasen por la frontera para huir de las autoridades y que puedan hacerse "las operaciones del caso que permitan garantizar que no usan al territorio de ese país para moverse y generar situaciones" violentas como la del Catatumbo.
Entre los muertos las autoridades han reportado al menos siete firmantes del acuerdo de paz con las antiguas FARC, y la ONU verificó el asesinato de dos defensores de derechos humanos.
"Condeno los asesinatos —que constituyen un ataque contra la paz en sí misma— y hago un nuevo llamado para que los grupos armados cesen toda acción que ponga en riesgo a la población civil, incluyendo a líderes y lideresas comunitarias y a firmantes de paz", llamó el miércoles Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU ante el Consejo de Seguridad, reunido en Nueva York, en la sesión que revisa trimestralmente la aplicación del acuerdo de paz con las FARC y el proceso con el ELN.
Ruiz Massieu explicó que los últimos eventos en el Catatumbo muestran que la violencia "puede ser devastadora" tanto para las víctimas como para el propio entorno de las conversaciones de paz, porque "erosiona la confianza y la legitimidad" entre las partes y de la sociedad en la negociación.
El ELN fue fundado en 1964 inspirado en la revolución cubana y ha intentado infructuosamente en media docena de ocasiones llegar a un acuerdo de paz con el Estado.
