Cuando se anunció hace unos 15 meses se dio esta cifra: 2.500 efectivos de diversos países bajo el liderazgo de Kenia. Este fin de semana llegaron a Haití 150 uniformados, la mitad provenientes de Guatemala, para reforzar una misión aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, destinada a hacer frente al poder de las bandas delictivas.
En realidad, esta misión parece naufragar ante la falta de voluntad de países donantes y los frenos de naciones como China y Rusia a que la ONU se involucre directamente en el combate a una espiral de violencia que protagonizan grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y armas, y que tienen control sobre buena parte de la capital, Puerto Príncipe, y otras zonas del país.
Antes de este fin de semana, dentro de Haití estaban unos 400 efectivos de Kenia. Desde noviembre pasado se esperaba el arribo de otros 600 uniformados para al menos sumar 1.000 hombres armados y con capacidad de hacer frente a las bandas criminales y de asesorar a una Policía Nacional de Haití, que debe ser reconstituida.
Con apenas 550 efectivos, una cifra muy distante de los anuncios oficiales, esta misión de la ONU tiene una capacidad reducida de poder hacer frente a una actividad criminal que se expandió y fortaleció en el país caribeño a partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
Inicialmente, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, había prometido 150 efectivos de su país, pero solo fueron enviados 75 a Puerto Príncipe el pasado fin de semana; mientras que El Salvador ofreció 78, pero solo envió ocho. En el total de 150 uniformados que llegaron hay también efectivos de Belice y Jamaica.
Haciendo uso de su poder de veto en el Consejo de Seguridad, China y Rusia han impedido que se apruebe una misión de paz de la ONU, una solicitud puesta sobre la mesa por Estados Unidos, con lo cual el financiamiento provendría del ente multilateral.
La actual figura desvincula a la ONU de responsabilidades y deja el peso en los aportes voluntarios de países, siendo hasta ahora EEUU el principal donante para esta misión, que parece exigua ante la ola de violencia que dejó en 2024 un saldo de unas 5.600 personas asesinadas por armas de fuego y unos 700.000 haitianos que debieron desplazarse internamente o huir del país para alejarse de la violencia y el caos.
Haití vivió al cierre de 2024 una escalada de violencia que dejó en claro el poder de las bandas criminales, tal como lo reseñó DIARIO DE CUBA.
En primer término, una matanza de ancianos, que fueron injustamente responsabilizados por la muerte del hijo del líder de una banda criminal, junto al desalojo de edificios y residencias de personal diplomático y de la ONU de un barrio de Puerto Príncipe ante la avanzada de los criminales y el ataque violento contra el acto oficial en la reinauguración de un hospital en la capital haitiana, demuestran en su conjunto la incapacidad de las autoridades locales y de la misión internacional para poner freno a la violencia y la delincuencia.
La deriva que padece Haití, además, se enfrenta ahora a la incertidumbre sobre qué rumbo tomará el nuevo Gobierno de EEUU a partir del 20 de enero, cuando tomará posesión Donald Trump para lo que se espera sea un segundo y movido período presidencial, con decisiones polémicas en materia de política exterior y migración.
En días recientes, al hacer un balance de su gestión, el presidente saliente Joe Biden aseveró que su Gobierno "salvó" a Haití de caer en el caos total. Efectivamente, la Casa Blanca jugó un papel decisivo en la aprobación de la misión internacional encabezada por Kenia, así como en la conformación de un Gobierno de transitorio, con un variopinto Consejo de Transición, fruto de una política conjunta entre Washington y la Comunidad del Caribe (Caricom) bajo la presidencia de Guyana.
EEUU y Caricom presionaron, en su momento, para lograr la renuncia del primer ministro interino Ariel Henry, quien sustituyó a Moïse y pese a sus promesas evitó convocar nuevas elecciones y reestructurar la vida política e institucional del país caribeño, en el cual no existen ni parlamento ni poder electoral formalmente constituidos.
Bajo la Presidencia de Biden, el Departamento de Estado empujó decisiones dentro de Haití para la celebración de elecciones generales en octubre de este año. Ante la notable debilidad de la misión internacional y las pugnas internas en el Consejo de Transición, se hace evidente la necesidad de un comprometido respaldo internacional para alcanzar la meta de que Haití pueda tener nuevo presidente y parlamento elegidos por el pueblo.
Trump no ha mencionado a Haití desde que fue electo y se desconoce cuál será la orientación que tendrá el Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, para este empobrecido país caribeño.
De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, "con el presidente electo Donald Trump a punto de asumir las riendas de un despliegue internacional que ha sido criticado por ineficaz y por tener fondos insuficientes, el futuro de Haití nunca ha parecido tan sombrío".
