La misma Fiscalía que anunció 225 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, pero una semana después no ha brindado una lista detallada de las personas beneficiadas, comunicó este jueves nuevas medidas sustitutivas para detenidos, en medio de la confusión y desasosiego de las familias, muchas de ellas a cientos de kilómetros de los lugares de reclusión.
Como en muchos otros temas relacionados con los derechos humanos en Venezuela, en esta ocasión de nuevo existe una narrativa oficial y una verdad contrastada por la sociedad civil. El fiscal general Tarek William Saab, tras haber recibido directamente de Nicolás Maduro una recomendación sobre el tema, dijo durante el fin de semana pasado que 225 presos políticos se habrían beneficiado al salir de prisión, pero sin libertad plena.
Sin embargo, la no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón reportó solamente a 130 personas beneficiadas con este primer anuncio de Saab. Otra ONG, Foro Penal reconstruyó una lista de 143 personas, hasta este jueves.
Al no existir un comunicado oficial con el listado de personas, la información se ha ido juntando a cuentagotas, literalmente con familiares y activistas de derechos humanos a las puertas de las cárceles en espera de que los detenidos salgan. La ONG también ha señalado que no hay un patrón claro, aunque algunos familiares expresan que los excarcelados son por lo general personas con problemas crónicos de salud o adolescentes.
En un pronunciamiento público, Saab ha dado por sentado de que ya fueron sacados de prisión los 225 que anunció el fin de semana. Esta cifra constituye solo el 10% de los presos políticos en Venezuela, que en su gran mayoría fueron detenidos en el contexto de protestas y rechazo al fraude electoral en las elecciones del 28 de julio pasado. Antes de esa fecha, existía un número cercano a 300 presos políticos, en su mayoría militares.
La cifra superior a los 2.000 presos políticos, que el propio Maduro mostró como un símbolo de su fuerza en sus alocuciones a inicios de agosto, es el número más elevado en las últimas seis décadas en Venezuela, una vez que se le puso punto final a la dictadura militar que encabezó Marco Pérez Jiménez, hasta 1958.
"La opacidad total al momento de proceder aumenta la incertidumbre y zozobra de los familiares que llevan días instalados a las puertas de los centros de detención de todo el país, a la espera de saber si su allegado será uno de los beneficiados con la medida de excarcelación", cuestionó Justicia, Encuentro y Perdón ante la inexistencia de una mínima información oficial.
"Tenemos ya casi una semana aquí, prácticamente en la calle. De la cárcel no nos dicen nada, tampoco podemos ver a nuestros hijos. Y se me hace difícil regresarme a Barinas, por si me toca volver", comenta a DIARIO DE CUBA la madre de un joven detenido.
La mujer, una adulta mayor sin recursos económicos, pernocta en las afueras de Yare III, una prisión ubicada en el centro del país a unos 550 kilómetros de donde está su casa, en el occidente venezolano. Se alimenta gracias a rifas y algunas actividades de recolección de fondos con vecinos y amigos. El hijo de esta mujer ha perdido alrededor de 20 kilos desde que fue detenido hace tres meses.
En el contexto poselectoral, en una acción represiva masiva que según analistas tuvo por finalidad enviar un mensaje de apaciguamiento a la sociedad, se registraron diversas irregularidades con las detenciones políticas.
"Las personas arrestadas, independientemente de su edad, condición de salud o incluso discapacidad, fueron detenidas de manera violenta y posteriormente aisladas, incomunicadas, algunas de ellas sometidas a desaparición forzosa temporal y rotadas sin ningún tipo de notificación oficial por varios centros de detención", sintetiza la ONG de derechos humanos.
Este jueves, en una protesta a las afueras de la oficina de Saab en el centro de Caracas, un grupo de madres de presos políticos se manifestaron pacíficamente. "A mi hijo lo golpearon con un bate de béisbol, le pusieron electricidad en los testículos y cuando lo veían llorando se burlaban de él diciéndole que era una mariquita (homosexual)", relató una de las asistentes quien exige que se le haga un informe médico independiente a su hijo detenido.
La hija del exdiputado opositor Américo de Grazia, denunció esta semana que su padre detenido en la emblemática cárcel de El Helicoide, en Caracas, ha estado incomunicado por largos periodos en celdas mínimas y sucias, en las que pululan cucarachas y ratones.
El Gobierno de Maduro, quien ejerce pleno control sobre el sistema de justicia según ha documentado la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU, ha mostrado las excarcelaciones como un acto magnánimo. Ninguna de las excarcelaciones ha incluido a figuras políticas relevantes. El chavismo tiene en prisión a varios exdiputados y alcaldes, así como a activistas políticos del equipo de María Corina Machado, la líder opositora.
Los excarcelados, si bien salen de prisión, no gozan de libertad plena. Deben acudir a un tribunal de forma regular, no pueden salir del país y tienen prohibido hablar públicamente de su caso judicial, con lo cual les anulan para denunciar las condiciones de reclusión o las torturas recibidas.
El régimen de Maduro no ha admitido su responsabilidad en un caso reciente de muerte en presidio de un preso político, por falta de atención médica, aunque varias organizaciones de derechos humanos aseguran que este hecho empujó al Gobierno a mostrarse más flexible, aunque se trate aún de un número pequeño de excarcelados.
El testigo electoral Jesús Manuel Martínez Medina, quien estaba bajo custodia policial en la provincia de Anzoátegui, en el oriente venezolano, falleció presuntamente por falta de atención médica y negligencia de sus custodios. Detenido desde el 29 de julio, Martínez Medina padecía de diabetes y problemas cardíacos, y esta condición se agravó por la falta de medicamentos y ausencia de atención médica.
