La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela publicó el martes 15 de octubre un informe en el que documenta un aumento de las violaciones de los derechos humanos y una represión sin precedentes en el país sudamericano ante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado.
El informe, que abarca del primero de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, reseña una serie de detenciones, amenazas e "incluso actos de tortura" para obligar a los detenidos a, presuntamente, autoincriminarse por delitos graves, como terrorismo.
"Dichas violaciones, cometidas con una intención discriminatoria, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en razón de la identidad de las víctimas", señala el documento, citado por CNN.
El informe, de 185 páginas, afirma que el Gobierno de Maduro puso en marcha una campaña de detenciones "masivas e indiscriminadas sin precedente" entre el 28 de julio y el 1 de septiembre de 2024.
"Muchas de las detenciones en el periodo postelectoral se efectuaron dentro del marco de la denominada 'operación Tun Tun', como forma de amenaza y generando temor en la población. Las fuerzas de seguridad detuvieron en sus viviendas a personas que habían participado en las protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el Gobierno; las viviendas de personas percibidas como opositoras se marcaron con una X y se habilitó una aplicación móvil alentando a los grupos afines al Gobierno a señalar y denunciar".
Pese a las evidencias en contra, el chavismo defiende que mantiene "un fortalecido compromiso con los derechos humanos" y calificó a la misión de la ONU como "una muestra clara del extravío de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas".
El informe acusatorio indica que las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes.
La Misión señala como responsables de la represión al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También asegura que "las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia", en referencia al día de las elecciones, que según el chavismo ganó Maduro, pero que son denunciadas por fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral (CNE), que "incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad"; la Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático", o el sistema de Justicia, que "siguió operando con falta de independencia".
Aunque anteriores informes de la misión, constituida en 2019, ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento, que amplía otro informe presentado el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, destaca que el perfil de las víctimas de la represión "se amplió de manera significativa" en el periodo electoral, abarcando no solo a líderes de la oposición y sociales.
En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por "ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades", señala.
La misión, que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas, destaca en el informe que en los diez meses anteriores a las elecciones por lo menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el régimen, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
Ese tipo de campañas "sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil", señala el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
...sorprendente la velocidad de las conclusiones que sobre Venezuela emite la ONU...crimenes de lesa humanidad cometidos por el regimen de Maduro que deben ser condenados...sobre Israel todavia estan analizando e investigando porque no estan todavia convencidos de que, despues de 40 mil muertos, alli se este cometiendo un genocidio o algun otro crimen que merezca ser condenado...sorprendente...