La organizaciones venezolanas de derechos humanos celebraron este viernes 11 de octubre la decisión del Consejo de DDHH de Naciones Unidas de renovar por dos años a la misión de verificación de los hechos, con el mandato de documentar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pese al rechazo y presión de China, Cuba y Vietnam.
La misión, cuyo primer mandato se aprobó en 2019, recibió un espaldarazo en Ginebra, en la votación que ocurrió en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y supone un duro revés para el régimen de Nicolás Maduro, que le ha prohibido el acceso al país a los expertos internacionales, quienes han generado contundentes informes que a su vez han servido de sustento a la investigación, que de manera independiente a la ONU, realiza la Corte Penal Internacional (CPI).
“Fue aprobada la extensión de la misión de verificación de los hechos por dos años más. La decisión fue adoptada por 23 votos a favor, 6 en contra y 21 abstenciones, entre ellas la de Brasil. Es el mejor resultado (en una votación en el Consejo de Derechos Humanos) que hemos tenido en 5 años por lo grotesco del fraude electoral”, comentó a DIARIO DE CUBA el periodista especializado Omar Lugo, desde Caracas.
Diversas organizaciones venezolanas saludaron de forma efusiva la decisión que además de ratificar a la misión de expertos, un trío de juristas especializados en crímenes de lesa humanidad, ha renovado el mandato del alto comisionado de la derechos humanos de la ONU para que haga seguimiento a la situación venezolana y prosiga en funcionamiento la oficina en Caracas de esta dependencia especializada.
Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam no sólo votaron en contra en la última ronda, sino que a lo largo de la jornada trataron de desviar el foco de la misión. Argentina y Chile, al unísono, presentaron la solicitud de renovación de este equipo de expertos, mientras que como apunta Lugo, resultó llamativa la posición de Brasil, que se negó a apoyar esta iniciativa en materia de derechos humanos y optó por la abstención.
El representante de Cuba, Juan Quintanilla, expresó que el mandato de la misión nunca debió establecerse, pues considera que va en contra de los principios de la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Todos deberíamos estar seriamente preocupados por la osadía con la que esta misión se ha tomado las atribuciones de un tribunal internacional”, sostuvo.
Dentro de su estrategia de desviar el foco, posteriormente el representante de Cuba presentó una enmienda, en la que se solicitó reconocer las “medidas coercitivas unilaterales” de los países que han impuesto sanciones en contra de funcionarios de gobierno en Venezuela. La enmienda fue rechazada con 22 votos en contra, 11 a favor y 13 abstenciones.
“Victoria para las víctimas y la verdad”, reaccionó la más antigua organización del país, el Programa Venezolano de Derechos Humanos (Provea). “Se logró gracias a la documentación, denuncia y difusión de la sociedad civil venezolana”, celebró por su parte la organización civil Caleidoscopio Humano.
En la discusión, en Ginebra, fue notorio el impulso que recibió el mandato de la misión por parte de EEUU, países europeos y latinoamericanos, con excepción de Cuba que votó en contra y de las abstenciones de Brasil y Honduras. Se recordó que en sus informes previos este equipo de expertos ha documentado graves abusos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, por parte del régimen de Maduro, que deben ser investigados por la justicia penal internacional.
La misión, creada por el propio Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuya labor es investigar violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela desde 2014, está presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y la completan los expertos Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina).
El representante de Paraguay, parte del núcleo impulsor de la resolución presentada, señaló que su país ha observado y evaluado los patrones sistemáticos de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Agregó que las autoridades paraguayas ven con preocupación la persecución a actores políticos y miembros de la sociedad civil en Venezuela.
“Este preocupante escenario nos permite afirmar que en Venezuela no hay avances, hubo retrocesos”, expresó el representante de Paraguay ante el consejo.
Esta percepción, de retroceso por parte del Gobierno de Maduro, fue un asunto frecuentemente expresado en la jornada y que en diversas intervenciones se conectó con la ola represiva registrada dentro de Venezuela después de las elecciones del 28 de julio de 2024.
En Venezuela ocurrió una fuerte ola represiva a fines de julio, tras la proclamación de Maduro como presidente reelecto hasta 2031, por parte de un Consejo Nacional Electoral que después de 12 semanas sigue sin presentar resultados detallados y verificables de las elecciones.
“Damos la bienvenida a los esfuerzos liderados por la región (Argentina y Chile) para una resolución que renueva ambos mandatos (misión y oficina del alto comisionado) con el fin de garantizar el monitoreo, la protección e investigaciones rigurosas durante los próximos dos años”, reaccionó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Al apoyar estos esfuerzos y aprobar la resolución, el Consejo envía un mensaje claro a las y los perpetradores, recordándoles que el mundo está dispuesto a mantener su compromiso de hacerlos rendir cuentas por sus actos”, sentenció Piquer.
Una señal del clima de condena hacia el régimen de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo puntualiza Alí Daniels, abogado y activista venezolano: Desde que se ha votado el mandato de esta misión, a partir de 2019, “es la primera vez que los votos a favor superan las abstenciones”.
Me llama la atención, favorablemente, que Chile y Argentina hayan presentado de conjunto la renovación de los expertos de la ONU sobre Venezuela.Entre los expertos, dos respectivamente de estos países. ¡Boris y Milei, quién lo diría!