Eduardo Galeano, el escritor uruguayo devenido en ícono de la izquierda regional, comparaba la tortura con un sistema, una máquina que una vez aceitada era difícil de detener. Aunque se refería a las dictaduras del Cono Sur de los años 70, algo semejante parece ocurrir en la Venezuela de hoy: se sigue torturado pese a que el régimen de Nicolás Maduro está bajo escrutinio internacional.
Venezuela ha sido el primer país de América Latina objeto de una procedimiento formal por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) para establecer responsabilidades en crímenes de lesa humanidad. El proceso, que se encuentra aún en manos de la Fiscalía en La Haya, no ha sido aleccionador para el chavismo, donde parece seguir funcionando una máquina de torturar difícil de detener, si nos guiamos por lo denunciaba Galeano décadas atrás.
El 9 de mayo, en Caracas, el Programa Venezolano de Derechos Humanos (PROVEA) presentó su balance de 2022, en el cual entre muchas otras cifras terminó destacado el tema de la tortura. Esta práctica también había sido objeto de cuestionamientos por parte de la entonces alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en sus informes sobre Venezuela en 2019 y 2020.
Según PROVEA, en 2022 se registraron 91 casos de tortura en Venezuela por parte de organismos de seguridad del Estado, y dos personas fallecieron a causa de tortura en el país. Esta ONG, la más antigua en el campo del activismo venezolano, contabilizó que desde que Maduro llegó al poder en enero de 2013 y hasta fines de 2022 se han documentado 1.599 víctimas de tortura en Venezuela.
Desde que la CPI activó un procedimiento preliminar en 2018, y luego formalizó una investigación en 2021, advirtió que en el caso de Venezuela existían evidencias de que la estructura de mando de los cuerpos policiales y militares habían propiciado fundamentalmente tres tipos de delitos que se enmarcan bajo la categoría de crímenes de lesa humanidad: tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
PROVEA precisó en su informe que los 91 casos de tortura documentados en 2022 representó un descenso de 62,2 % con respecto al número de víctimas registradas en 2021, cuando totalizaron 241 casos.
Para Lissette González, coordinadora de investigación de PROVEA, bajo el Gobierno de Maduro se ha consolidado un modelo de "impunidad estructural que socavó la garantía para los derechos a la vida, libertad e integridad personal" en Venezuela.
Otra instancia internacional, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como lo es la Misión de Verificación de los Hechos, sostuvo a fines del año pasado que "los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del Gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad".
PROVEA, entretanto, destacó que la documentación de 1.599 víctimas de tortura entre 2013 y 2022, los años en los que ha gobernado Maduro en Venezuela, puede estar sujeta a un subregistro, debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo como consecuencia de la disminución de la prensa independiente y el miedo de familiares de víctimas para denunciar los abusos.
Según el registro de PROVEA, la mayoría de las personas torturadas en 2022 fueron hombres, jóvenes y pobres, con edades de entre 17 y 31 años. "Se mantiene el perfil histórico de las víctimas de este delito. 95,6 % de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, y 4,3 % de género femenino", precisó González quien comentó datos del informe a DIARIO DE CUBA.
De acuerdo con González, la mayoría de los castigos infligidos a las víctimas consistió en amenazas de abuso sexual, golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, insultos y amenazas de muerte para los detenidos o sus familiares, entre otros.
Un cambio registrado por la ONG de derechos humanos, tiene que ver con la responsabilidad en los casos de tortura. En otros años había destacado el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) o la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
En el informe de 2022, PROVEA resalta que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) "fue señalado como responsable en 65 casos de torturas, para alcanzar 71,4 % del total de denuncias registradas en 2022".
"Las autoridades venezolanas siguen de espaldas a sus obligaciones, mostrando una completa ausencia de voluntad para detener los abusos, sancionar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas", concluyó González.
Entretanto, hace un mes Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció que la investigación del caso Venezuela continuará por considerar que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, al observar la actuación de los cuerpos de seguridad en medio de protestas antigubernamentales y en contra de voces disidentes desde 2014.
En ese momento, la Fiscalía de la CPI desestimó en un comunicado los argumentos que el Gobierno venezolano esgrimió para pedir que se desechara la investigación.
