La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir formalmente una investigación para establecer responsabilidades en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, establece al menos dos hitos. Además de ser la primera vez que el Tribunal de La Haya actúa en un país latinoamericano, será la tercera ocasión en dos décadas de historia que investiga al régimen de un gobernante que está en el poder.
El primer gobernante investigado y posteriormente señalado de crímenes de lesa humanidad fue el presidente de Sudán, Omar al Bashir, quien llegó al poder en 1989 y gobernó con mano de hierro por tres décadas, hasta 2019, cuando una ola de protestas le hizo presentar su renuncia.
En julio de 2008, la CPI acusó a Al Bashir de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur. Un año después se emitió una orden de arresto, pero el Gobierno sudanés que encabezaba el propio al Bashir decidió no entregarlo a La Haya. Incluso después de su dimisión, el ex gobernante está confinado en su casa, pero ha logrado evitar su presentación ante la CPI.
La segunda ocasión en que la CPI decidió actuar contra un presidente en el poder fue en el caso del gobernante libio Muamar el Gadafi, en 2011. Tras 42 años en el poder, el dictador atacó crudamente manifestaciones civiles en su contra en febrero de aquel año. Un mes después, la CPI señaló su responsabilidad de cometer crímenes de lesa humanidad.
Con Muamar el Gadafi, sin embargo, no se desarrolló el proceso en su contra. En octubre de 2011 fue detenido y ejecutado por turbas cívico-militares que le buscaban después de que este abandonara Trípoli.
En la historia de los tribunales penales internacionales existen otros casos, pero de ex jefes de Estado que fueron llevados al banquillo de los acusados. Se trató de procesos llevados adelante una vez que los gobernantes dejaron el poder.
El serbio Slobodan Milosevic fue presentado ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en 2001, un año después de que fuese derrocado. Durante 13 años, desde el poder, Milosevic alimentó el conflicto étnico y los asesinatos en masa en la antigua Yugoslavia. Fue llevado a La Haya y estuvo siendo procesado, pero falleció en 2006, mientras transcurría el prolongado juicio. Tras investigaciones forenses se concluyó que murió de causas naturales y no se suicidó como se había indicado inicialmente.
El ruandés Jean Kambanda ocupaba el cargo de primer ministro cuando comenzó el asesinato masivo de la población tutsi, en Ruanda, en 1994. Arrestado tres años después en Kenia, cuando ya no ocupaba el poder, fue llevado a La Haya para ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Un año después fue condenado a cadena perpetua, una condena que sigue pagando en la actualidad.
Los tribunales penales especiales, tanto para la antigua Yugoslavia como para Ruanda, fueron creados por iniciativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se consideran los mecanismos predecesores de la CPI, que comenzó a funcionar en 2002.
Ante la CPI fue presentado Laurent Gbagbo, quien siendo presidente de Costa de Marfil se negó a entregar el poder en 2010, tras perder las elecciones. Activó una represión sanguinaria que dejó una estela de 3.000 muertes. Llevado a La Haya en 2011, siendo ya ex presidente, pasó largos años detenido preventivamente mientras tenía lugar un proceso judicial complicado. En 2019 la CPI lo declaró inocente.
En el caso de Venezuela, en tanto, la ex fiscal Bensouda al concluir su gestión, en junio de este año señaló de forma categórica que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
"La fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad", sostuvo.
El documento responsabiliza de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Aunque hasta ahora no hay por parte de la CPI señalamientos individuales, el informe de la Misión de Determinación de los Hechos, que tiene mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, asomó la responsabilidad en estos delitos tanto de Nicolás Maduro como jefe de Estado, como de sus ministros del Interior y Justicia, Néstor Reverol (pasó a otras funciones recientemente) y de la Defensa, Vladimir Padrino López.
