Dos ONG piden a la Corte Penal Internacional investigar a Boluarte por asesinatos en protestas

Establecer la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte por 49 muertes y 937 heridos, durante sus primeras semanas en el poder, en medio de protestas de calle, podría dejar de ser solamente una tarea para la Justicia de Perú, si prospera la solicitud que dos organizaciones de derechos humanos elevaron ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Hace año y medio, cuando aún no había amainado la ola de protestas entre fines de 2022 e inicios de 2023, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, confirmó el inicio de una investigación contra Boluarte en su condición de jefe de Estado por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, tal investigación no ha mostrado grandes avances, así como otras que envuelven a la presidenta peruana por presunta corrupción.

La acción iniciada por la fiscal Benavides incluye también a otras tres figuras, que ya no están en el Gobierno, pero acompañaron a Boluarte en su primera etapa, se trata del entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como los ahora exministros del Interior, Víctor Rojas, y Defensa, Jorge Chávez.

Este 25 de junio, en reacción a la lentitud dentro de la Justicia peruana, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), cuya sede está en París, y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), con sede en Lima, acudieron ante la Fiscalía de la CPI para que se investigue a Boluarte por "presuntos crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023".

Boluarte asumió en julio de 2021 como vicepresidenta junto al mandatario de izquierdas, Pedro Castillo, un antiguo maestro y líder del magisterio  quien encabezó un turbulento gobierno de año y medio sin grandes logros. Castillo intentó desconocer al Congreso en diciembre de 2022, y gobernar por decretos presidenciales, pero no obtuvo respaldo militar y terminó procesado y en prisión. Entonces, Boluarte asumió la Presidencia peruana.

Todos estos sucesos desencadenaron una ola de protestas, inicialmente se pedía la libertad de Castillo y luego se manifestó el rechazo en contra de Boluarte en la medida en que ella ordenó reprimir las manifestaciones.

Prácticamente desconocida como vicepresidenta y surgida de actividades políticas fuera de Lima, Boluarte, según coinciden analistas, fue bastante hábil para hacerse del respaldo de militares y policías, y de tener el respaldo tácito del Congreso, pese a no tener una bancada parlamentaria propia.

Gracias a esa alianza que ha tejido con el Congreso, Boluarte descartó unas elecciones anticipadas como había prometido apenas llegó al poder, y ha ratificado que culminará el periodo presidencial de Castillo, gobernando hasta julio de 2026.

Por su parte, la FIDH y APRODEH como organizaciones de derechos humanos detallan "el ataque sistemático al cual se sometió a los manifestantes en Perú, en el cual se recurrió a la violencia de manera desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías, principalmente en contra de hombres jóvenes e indígenas".

En la documentación entregada a la Fiscalía del Tribunal de La Haya, las dos entidades no gubernamentales sostienen que "pese al conocimiento de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia, organizada y aprobada por parte de altas autoridades del Gobierno, continuó durante dos meses".

"Se ha hecho un perfilamiento muy detallado, caso a caso, de las 49 víctimas. Se examinaron las causas de muerte de cada una de las personas y los patrones de las lesiones", explica Gloria Cano, directora de APRODEH. Las personas fallecidas recibieron impactos de bala en torsos y rostros.

Por su parte, Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, denunció "el evidente racismo de los asesinatos que se dieron en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, que afectaron en su gran mayoría a población indígena (quechuas y aymaras). El Gobierno acusó, sin elementos de pruebas, a los manifestantes de pertenecer a grupos terroristas".

En tanto, Amnistía Internacional ha denunciado que "mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena solo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis". Esto ocurre, según la ONG de derechos humanos, a pesar de que el nivel de violencia estatal en estas regiones fue prácticamente igual al registrado en Lima, por ejemplo.

Y esto ha sido una cruel paradoja, ya que justamente desde dicha poblaciones rurales e indígenas es que se potenció la opción presidencial de Pedro Castillo, y junto con este fue que Boluarte pudo llegar al poder.

La FIDH ha denunciado, además de estos delitos al inicio de la gestión de Boluarte, otras decisiones que afectan seriamente el marco de respeto y garantías de derechos humanos en el país andino. En otros aspectos, esta organización resalta la connivencia del Gobierno con magistrados para lograr la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y abuso de poder.

Según observadores, esta medida ha sido la compensación que recibió Keiko Fujimori, hija del exgobernante (1990-2000), por el apoyo que le ha dado a Boluarte en el Parlamento.

Y justamente en el Congreso, avanza otra ley que va dirigida a beneficiar a Fujimori y que eventualmente también podría favorecer a Boluarte. Se trata de un proyecto de ley para la prescripción de delitos de lesa humanidad.

Finalmente está la propia crisis de legitimidad que envuelve a la presidenta. El columnista Carlos Basombrío, en El Comercio, resalta que la presidenta tiene una aprobación del 5% (encuesta del Instituto de Estudios Peruanos) o del 6% (sondeo de Ipsos), y con ello supera "los peores resultados obtenidos por presidentes desde que existen encuestas de opinión pública" en Perú.