Dos nuevos escándalos envuelven a la impopular presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien no ha cumplido dos años en el poder. Se traga del arresto de su hermano Nicanor Boluarte, que se produjo este viernes, y de la apertura de una nueva investigación contra ella por parte del Ministerio Público.
En horas de la mañana, un operativo liderado por el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) y la división de la Policía Nacional de Perú que investiga y combate delitos como la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico (DIVIAC) arrestó al hermano de la mandataria en su domicilio. La investigación fiscal que condujo a la detención se conoce como el caso Los Waykis en la Sombra, informó el medio local Perú 21.
Nicanor Boluarte aparece como el presunto cabecilla de una organización criminal que, con ayuda de operadores de su círculo personal, habría negociado ilícitamente la colocación de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país, a cambio de financiamiento económico y de la recolección de fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.
La detención de Nicanor Boluarte fue ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho y su resolución se basó en la sospecha de que se cometieron delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
De acuerdo con Perú 21, el recurso alcanzó a 22 personas, de las cuales ocho fueron detenidas preliminarmente, también fueron allanados 26 inmuebles en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín.
El hermano de la presidenta de Perú se declaró inocente, tras más de siete horas de diligencias.
En la trama estaría involucrado nada menos que el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda. La tesis fiscal señala que el letrado "transmitía mensajes" de la presidenta a coordinadores policiales para desviar y frenar la investigación que se le seguía a su hermano. El abogado le habría ofrecido al coronel de la Policía Nacional de Perú (PNP) Walter Lozano el ascenso al grado de general, así como protección para cualquier situación en la que se encontrara. También sugirió beneficios para el coronel de la PNP Harvey Colchado.
Asimismo, Castañeda se reunió con un agente identificado como "René", a quien le pidió interceder con la fiscal Marita Barreto, coordinadora del EFICCOP, para que ella archivara la investigación contra Nicanor Boluarte. Como evidencia de dicha reunión, se presentó un voucher de consumo a nombre del Estudio Castañeda & Menacho Abogados, de Castañeda Segovia.
Según un testigo protegido, el agente "René" se negó a la solicitud de Castañeda de informar sobre las actuaciones del EFICCOP. Por ello, la presidenta dio órdenes expresas de "buscarle la sin razón o falta para que le abran procesos administrativos al coronel (Harvey) Colchado y lo tumben". En este contexto, el agente policial fue destituido de su puesto en el equipo especial.
Según las investigaciones, Dina Boluarte habría usado a algunos miembros de Inspectoría General de la PNP —vinculados al control disciplinario— para restar operatividad al EFICCOP.
El abogado Freddy Hinojosa señaló que la jefa de Estado no considera dejar el cargo, pese a las investigaciones contra su hermano.
Sin embargo, el Ministerio Público anunció el inicio de diligencias preliminares contra la mandataria peruana y contra el ministro del Interior, Walter Ortiz, quien desactivó el equipo especial PNP que apoyaba en sus indagaciones al EFICCOP.
Según un comunicado citado por Perú 21, Boluarte y Ortiz serían presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y encubrimiento personal.
El propio Ministerio Público formalizó, en enero de 2023, el inicio de un proceso contra Dina Boluarte por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por la represión a las manifestaciones convocadas por los seguidores de Castillo a consecuencia de su encarcelamiento.
La presidenta además está envuelta en escándalos por presunta corrupción, el más reciente gira en torno a un reloj de lujo no declarado.
Dina Boluarte asumió la jefatura de Estado en diciembre de 2022, luego de que fuese destituido y encarcelado Pedro Castillo. Este fue acusado de intentar disolver el Congreso, que sostenía una investigación en su contra y se encaminaba a gobernar por decreto.
Boluarte, una abogada de 61 años, terminó ascendiendo de una posición de modesta funcionaria de distrito a vicepresidenta del país, bajo el mandato del ex líder magisterial, que asumió la presidencia en julio de 2021. Hasta diciembre de 2022, la actual presidenta fue una desconocida para los peruanos.
Una encuesta de Datum Internacional, ordenada por el diario El Comercio, reveló en abril que apenas el 7% de la ciudadanía aprueba la gestión de la mandataria. Según este influyente medio de prensa, es la cifra de aprobación más baja para un jefe de Estado peruano en las dos últimas décadas, solo igualada con la obtenida en junio del 2004 por el entonces presidente Alejandro Toledo.
Por eso es que América letrina no avanza y no la respetan en ningún lugar y los ignoran por ser corruptos y ladrones la herencia española de bandidos y especulación esta muy bien afianzada.