La crisis institucional en Perú, que se puso de relieve con el autogolpe que intentó promover Pedro Castillo desde la Presidencia en diciembre de 2022, sigue sin resolverse. Un año después, la presidenta Dina Boluarte y el Congreso tienen en su contra a más del 80% de la población, pero tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo se descartó la opción de unas elecciones adelantadas.
En un día de vértigo, el 7 de octubre de 2022 Castillo, tras año y medio de una presidencia caracterizada por la inefectividad y la inestabilidad de los gabinetes de gobierno, intentó disolver el Congreso, al que achacaba la responsabilidad de lo que fue una desastrosa gestión. Destituido y detenido el exmaestro que había sido fenómeno electoral en 2021, emergió su vicepresidenta, Dina Boluarte, para juramentarse como jefa de Estado.
Dentro y fuera de Perú la vicepresidenta era hasta entonces una gran desconocida. Pese a todos los escándalos que envolvieron a Castillo y sus decisiones, ella se mantuvo literalmente alejada del foco público. En cuestión de pocas semanas, tristemente, pasó a ser conocida por la dura represión que se vivió, especialmente en zonas de la sierra peruana, y luego en la propia Lima, la capital.
"Las autoridades han respondido con fuerza letal y con un uso excesivo de fuerza menos letal, con el objetivo de silenciar y castigar a las personas que se manifiestan, en particular a las de comunidades indígenas y campesinas. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 manifestantes perdieron la vida, 11 personas murieron en el contexto de los bloqueos de carretera y cientos resultaron gravemente heridas", concluyó un informe de Amnistía Internacional.
Además de la represión que le caracterizó en sus inicios, el Gobierno de Boluarte no ha tenido decisiones que hayan significado puntos positivos para su primer año de gestión.
A lo largo de este año como jefa de Estado, Boluarte ha tenido respaldo de las fuerzas policiales y militares en la represión de la protesta en su contra. Igualmente ha hecho frente común con el Congreso para evitar la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas como demanda la sociedad para hacer frente a la crisis institucional que se generó tras la intentona golpista de Castillo y su posterior destitución.
Aunque inicialmente dijo que estaría corto tiempo, luego la presidenta ratificó que su plan es concluid el periodo de Castillo y, por tanto, permanecer en el poder hasta las próximas elecciones, programadas para 2026.
En la medición mensual de aprobación presidencial, que lleva adelante el Instituto de Estudios Peruanos, en noviembre Boluarte tuvo el mayor nivel de desaprobación en un año: 85% de los consultados la rechazan. El Congreso, entretanto, tiene un nivel de reprobación ciudadana del 91%, un promedio estable a lo largo de 2023.
Boluarte ha tenido a favor, por un lado, la desactivación de la protesta social, con una sociedad temerosa de la represión policial y militar, y por el otro, analistas apuntan que se trata de un descontento generalizado pero que no tiene liderazgos que lo canalicen.
Boluarte impulsó una medida que también ha contribuido a desactivar las manifestaciones de calle. Tras una reforma legal que fue aprobada por el Congreso, se establecieron sanciones de 15 años de prisión a quienes bloqueen el paso en las carreteras del país cuando se realice alguna manifestación. De igual manera, la reforma aprobada contempla seis años de prisión para quienes colaboren con los disturbios.
"El Ejecutivo es débil, es una presidenta que ya se ha dicho reiteradamente que carece de partido, de bancada, carece de apoyo ciudadano, carece de referencias sociales fuertes, regionales y locales", comentó a la prensa local el analista político Fernando Tuesta.
No pocos creen que Perú tendrá un año complicado en 2024. Van a combinarse la falta de reformas, la desaprobación ciudadana contra la presidenta y el Congreso, la falta de sanciones por los muertos en la represión y la reciente liberación del expresidente Alberto Fujimori, hechos que han puesto en alerta al mundo de los derechos humanos.
A todo este panorama se suma el auge de la inseguridad. Los homicidios han aumentado casi en un 90%, y delitos como la extorsión se han quintuplicado. El incremento del delito llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en varias zonas de la capital peruana.
"Perú sigue acuciado por los mismos problemas que hace un año sumieron al país en tres meses de caos. Si bien desde abril prevalece una tensa calma, los principales disparadores de agitación social siguen ahí, y en algunos casos empeoraron en los últimos meses", sostuvo la publicación académica Americas Quarterly.
Entre el 7 y 11 de diciembre, a propósito del primer año de la destitución de Castillo y el ascenso de Boluarte, se convocaron de nuevo varias jornadas de protestas. Medios de prensa reportaron situaciones de tensión, pero sin saldo de heridos, y junto a eso una pérdida de fuelle en las convocatorias que no resultaron tan masivas como hace un año atrás.
Este domingo, el ministro del Interior, Víctor Torres, dijo que 18 policías peruanos habían sido agredidos por manifestantes.
Que artículo tan malo, sesgado y malintencionado, la Sra. Dina Boluarte, es la sucesora legal del golpista Pedro Castillo, y el autor se une a los nuevos Senderistas y comunistas pagados por Maduro y Evo Morales que querían pescar en rio revuelto y derribar el gobierno, y la democracia en el Perú. Las cifras de desaprobación son falsas y manipuladas.
Lo nade dice es que las protestas callejeras contra la actual corrupta presidenta son orquestadas y dirigidas por la izquierda radical basicamente manejada por la inteligencia castrista. Y salir así de la Boluarte para caer en un regimen semicomunista no es la solucion del problema.