El Gobierno de Boluarte concentra la represión letal sobre indígenas y campesinos

El refrán sostiene que de aquellos polvos vienen estos lodos. Esto parece cobrar vigencia en Perú donde la ahora presidenta Dina Boluarte, electa originalmente como parte de una propuesta de izquierdas, con promesas de cambio social, ha devenido en un Gobierno que ejerce la represión principalmente contra los más pobres, campesinos e indígenas, según Amnistía Internacional.

Bajo la presidencia de Boluarte, el Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima con armas letales durante las manifestaciones que estallaron en diciembre y que prosiguen después de dos meses. La organización con sede en Londres documentó que las poblaciones indígenas y campesinas fueron especialmente apuntadas por esta violencia de Estado.

Boluarte asumió la Presidencia el pasado 7 de diciembre. Fue juramentada por un Congreso que no logró ser disuelto por Pedro Castillo, el maestro de izquierdas que ganó las elecciones presidenciales en 2021 y cuya vicepresidenta fue justamente Boluarte. Las fuerzas armadas y policiales le quitaron su respaldo a Castillo cuando este quería convocar un estado de excepción, pero esos mismos uniformados han cerrado filas para sostener a la actual jefa de Estado.

Perú ha estado por más de dos meses en medio de protestas de calle, manifestaciones y cierre de vías. Un descontento amorfo y sin un liderazgo claro, ha tomado al país andino y entre las demandas están tanto el retorno de Castillo al poder, especialmente entre los peruanos de zonas campesinas e indígenas, hasta la demanda de elecciones generales (Presidencia y Parlamento) en este mismo 2023, esta última exigencia con más eco en Lima y grandes ciudades.

El informe de Amnistía Internacional, difundido este 16 de febrero, y que pone la mirilla en la responsabilidad del alto Gobierno en la dura represión registrada, ha coincidido con un reporte de Crisis Group en el que se analiza la debilidad política e institucional del Gobierno peruano que encabeza quien fuera vicepresidenta de Castillo.

Precisamente este 17 de febrero, el pleno del Congreso peruano aprobó una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra el expresidente Castillo por presunta corrupción durante su breve gobierno. Tras esta votación la Fiscalía podrá presentar una acusación formal ante el poder judicial.

Además de los cargos de corrupción, Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva tras su intento fallido de golpe de Estado en diciembre pasado.

La presidenta, por su parte, dejó en evidencia su fragilidad al tener que buscar el respaldo de Keiko Fujimori, archirrival de la elección de Castillo y Boluarte en 2021, al punto de negarse hasta último momento a reconocer su derrota, en una reñida segunda vuelta donde la exlegisladora terminó derrotada por una mínima diferencia.

Fujimori confirmó que fue invitada a dialogar por Boluarte, este 15 de febrero, y dijo que entre el Gobierno actual y su partido, Fuerza Popular, hay acuerdos: "ha habido una coincidencia, que es pública: que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones al 2023". Es decir, realizar elecciones generales, tanto de Parlamento como para la Presidencia antes de que concluya este año.

La hija del ex hombre fuerte, Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990-2000 y que ahora paga condenas por abuso de poder y violaciones a los derechos humanos, ya fue candidata presidencial en 2011, 2016 y 2021. Ha anunciado que la salida a la crisis es una nueva elección, pero anunció que no aspirará nuevamente a la Presidencia.

"Aunque el Gobierno ha respondido con torpeza a las protestas, ha mantenido la puerta abierta a un acuerdo con las fuerzas de la oposición en ciertas cuestiones clave", apunta Glaeldys González Calanche, investigadora de Crisis Group.

Entre los bemoles de la mandataria figuran los decretos de estado de emergencia, la descalificación que ha hecho de las demandas de las protestas, así como su señalamiento a "agentes extranjeros" como responsables de las protestas.

Junto a esto, según Crisis Group, la presidenta ha insistido en que está decidida a mantener un espíritu de diálogo con los opositores, especialmente en el seno del Congreso.

Boluarte, de hecho, emplazó públicamente a los congresistas a aprobar el adelanto de elecciones y se deslindó de la falta de consenso en el Legislativo, que mantiene en vilo a la sociedad peruana.

Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado que "mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena solo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis". Esto ocurre, según la ONG de derechos humanos, a pesar de que el nivel de violencia estatal en estas regiones fue prácticamente igual al registrado en Lima, por ejemplo.

"Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social", cuestionó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Entretanto, Crisis Group sostiene que en esencia, Boluarte está caminando en una cuerda floja política. Recordó este think tank que ella asumió la Presidencia sin afiliación oficial a ningún partido ni apoyo alguno en el Congreso. Aunque fue miembro de Perú Libre, un partido de orientación ampliamente marxista, fundado por el médico formado en Cuba Vladimir Cerrón, rompió filas en 2022 por supuestas diferencias ideológicas.

En la práctica, en estos dos meses de traumática gestión ha dependido de facciones conservadoras en el Congreso para gobernar y del respaldo, hasta ahora irrestricto, que le han dado las fuerzas armadas y policiales.