Mientras en el Congreso de Perú está, literalmente, estancada la decisión para un adelanto de las elecciones generales, la presidenta Dina Boluarte dijo que todo ahora depende del Parlamento, tomando distancia de la inacción parlamentaria, pero al mismo tiempo ratificando que no renunciará al cargo, que asumió tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado.
Esta semana, de nuevo, quedó al desnudo la falta de decisión de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para fijar un adelanto de elecciones. Esos comicios son reclamados por la ciudadanía y son considerados por analistas como una medida para bajar la tensión y conflictividad política que se ha cobrado 58 vidas desde que Boluarte asumió el poder y esto fue acompañado por protestas en diversos puntos del país andino.
Dos sesiones, efectuadas el 1 y 2 de febrero, dejaron al desnudo la grandilocuencia de los mensajes de los legisladores, quienes en su mayoría aseguran estar a favor del adelanto de elecciones, como lo demandan casi ocho de cada diez peruanos según sondeos de opinión. Sin embargo, a la hora de votar no se alcanzan los apoyos necesarios.
Se necesita una gran mayoría de 87 votos para que la propuesta de adelanto de elecciones generales siga adelante; mientras que son precisos 66 votos para desencadenar un referendo nacional. Este 1 de febrero apenas 54 legisladores dieron su voto a favor del adelanto de elecciones.
Este clima de atascamiento, de falta de acuerdos, se relaciona según analistas con dos factores. En primer término, existe una fragmentación en el Congreso, con una dispersión de bancadas legislativas sin que haya el peso determinante de una agrupación. Por el otro, al aprobar el adelanto los congresistas no solo le pondrían fecha de caducidad al Gobierno de Boluarte, sino que también concluirán su gestión de forma bastante anticipada.
Castillo y el actual Congreso resultaron electos en 2021 para un período de cinco años, que en teoría deberían concluir en 2026. Tras una serie de reformas fallidas, de una crisis asociada a la corrupción y la propia falta de consensos en el seno del gabinete, el Gobierno de Castillo se debilitó sin alcanzar siquiera un año y medio en el poder.
El maestro y ex dirigente gremial, un fenómeno electoral en 2021 dado que era prácticamente un desconocido antes de triunfar y llegar a la Presidencia, intentó el 7 de diciembre disolver al Congreso y decretar un estado de excepción. Las fuerzas armadas y policiales no solo le quitaron el apoyo, sino que lo detuvieron y presentaron ante la Fiscalía, una vez que el Congreso lo destituyera acusado de intento de golpe de Estado.
"Nosotros vamos a esperar lo que ellos (los legisladores) decidan. Está en manos de ellos decidir el adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego en esta situación", sostuvo Boluarte, en lo que constituye un cambio en su estrategia de comunicación política.
Sin una bancada legislativa propia, y estando ella tan rechazada como el Congreso, Boluarte inicialmente había dicho que completaría el periodo hasta 2026. La ola de protestas, que ha arrojado 60 muertes principalmente de manifestantes, hizo que ajustara su mensaje, diciendo que aceptaría elecciones para 2024 y luego se allanó para que tales comicios, si los aprueba el Legislativo, tengan lugar en este mismo 2023.
En lo que ha sido tajante la presidenta ha sido en descartar, de plano, una renuncia al cargo. De acuerdo con observadores europeos, consultados por DIARIO DE CUBA, el Gobierno de Boluarte se sostiene gracias al apoyo irrestricto que ha recibido de las fuerzas armadas y policiales, cuyos uniformados han sido encargados de la represión y sobre quienes recaen las denuncias de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
De acuerdo con el medio de fact-checking Ojo Público, desde que Boluarte asumió la Presidencia, 48 personas murieron en los enfrentamientos registrados entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad durante las protestas. Además, otras diez personas fallecieron por accidentes de tránsito y otros hechos vinculados a los bloqueos de carreteras.
"Lo peor de todo es que los congresistas no parecen darse cuenta de la gravedad que vive Perú. Si ellos no aprueban el adelanto de elecciones, el país se va a incendiar con más protestas y manifestaciones", dijo desde Lima la periodista Adriana León a DIARIO DE CUBA.
A juicio de León, la presidenta Boluarte tiene en sus manos la posibilidad de generar una salida a la crisis política e institucional que vive Perú: "Si ella renuncia, inmediatamente se disuelve el Congreso y de inmediato se convocarían nuevas elecciones generales. Los expertos electorales sostienen que podríamos ir a elecciones el 15 de octubre bajo este escenario".
"Sé que hay un sector mínimo de la población que están generando la violencia y el caos en el país que, a manera de chantaje, están pidiendo mi renuncia. Nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político", sostuvo Boluarte este 2 de febrero desde Piura, en el norte peruano, en un mensaje en el que enfatizó que debe ser el Congreso el que decida sobre las elecciones adelantadas.
Ante este panorama, a ojos de observadores de la dinámica peruana, existe una incertidumbre negativa por el desenlace de la actual crisis, sin que la clase política tradicional logre consensos mínimos sobre cómo salir de tal situación.
