Un tribunal de Perú realizó el martes la audiencia preliminar del esperado juicio contra la excandidata presidencial y líder opositora derechista Keiko Fujimori, quien arriesga una condena de 30 años de prisión por presunto lavado de dinero y otros cargos de corrupción.
La hija mayor del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori vuelve al primer plano judicial casi tres meses después del balotaje en el que estuvo cerca de ganar la Presidencia, lo que le habría dado inmunidad para evitar el proceso y posponerlo los cinco años de mandato.
El 11 de marzo, el fiscal José Domingo Pérez solicitó a la Justicia que la líder populista sea condenada a 30 años y diez meses de prisión por el escándalo de corrupción del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que salpicó además a cuatro exmandatarios peruanos. Ella niega los cargos.
La audiencia de "control de la acusación" del martes fue una etapa preliminar al juicio penal. Keiko Fujimori no estuvo presente en la audiencia, pero sí su abogada, aseguró a la AFP una fuente de su entorno. Los imputados no están obligados a asistir a esta fase intermedia del proceso, última previa a un juicio.
En esta fase, que puede durar días o semanas, el magistrado evalúa la acusación fiscal y debe decidir si acepta todo o parte del legajo acusatorio.
El juez es el mismo que la envió a prisión preventiva en enero de 2020, de donde fue liberada tres meses más tarde a causa de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, en junio pasado desestimó mandarla a la cárcel por un nuevo pedido fiscal.
Desde mayo de 2020 Keiko Fujimori está en libertad condicional, lo que le impide salir de Lima o viajar al exterior sin permiso judicial, e incluso reunirse o hablar con testigos de la causa.
La Fiscalía acusa a Fujimori, de 46 años y madre de dos hijas adolescentes, de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y declaración falsa en un procedimiento administrativo.
Con ella han sido acusadas otras 39 personas, como su marido, el estadounidense Mark Vito Villanella, y antiguos asistentes e integrantes de la cúpula de su partido, Fuerza Popular.
El fiscal Pérez había pedido el año pasado que Fuerza Popular fuese proscrito como partido político, alegando que se trataba de una "organización criminal". La Justicia rechazó su solicitud el 28 de diciembre de 2020, lo que le permitió competir en las elecciones generales de abril y ganar 24 escaños en el Congreso de un total de 130.
El fujimorismo es ahora la segunda fuerza en el fragmentado Congreso, detrás del partido gobernante de izquierda Perú Libre, que tiene 37. Hasta 2019 su bancada manejaba el Parlamento, al haber ganado 73 bancas en los comicios de 2016.
La líder ha estado dos veces en prisión preventiva (16 meses en total), acusada de recibir supuestos aportes ilegales y blanquearlos con ayuda de los coacusados en las campañas electorales de 2011 y 2016.
Exjefes de Odebrecht confesaron a fiscales peruanos haber repartido ilegalmente millones de dólares entre miembros de la clase política peruana. Eso incluye a Keiko y a cuatro expresidentes, entre los que se cuenta Alan García (1985-1990 y 2006 y 2011), quien se suicidó cuando iba a ser detenido en abril de 2019.
