Boluarte se aferra al poder ante el rechazo amplio de la ciudadanía

Tiene en contra a la gran mayoría de la ciudadanía, está aliada a un Congreso que también es reprobado por la opinión pública y además las organizaciones de derechos humanos la acusan de ser responsable de ejecuciones, en el marco de las protestas en su contra. Se trata de Dina Boluarte, la presidenta de Perú, que está a pocos días de cumplir medio año en el poder.

De acuerdo con el sondeo que mensualmente realiza el prestigioso Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en mayo solamente el 15% de los consultados en todo el país respaldan la tesis de que Boluarte debe culminar en 2026 el accidentado periodo presidencial que iniciara en 2021, siendo entonces la vicepresidenta del educador Pedro Castillo, el expresidente encarcelado desde diciembre cuando intentó disolver el Congreso.

Una Boluarte prácticamente desconocida en Perú, en los tensos meses de la presidencia de Castillo, devino en figura con posiciones férreas como su rechazo a renunciar a la Presidencia y ordenar una dura represión que se centró en el sur del país. Paradójicamente, el tándem Castillo-Boluarte llegó al poder con una promesa de cambio para los más pobres, los indígenas y campesinos del sur peruano, y ha terminado con una presidenta reprimiendo duramente el malestar social en dicha zona.

Según el sondeo del IEP el rechazo contra Boluarte es contundente, así como la desaprobación ciudadana del Parlamento. Un 79% de los consultados rechaza a la presidenta, mientras que 90% tiene opinión desfavorable del Congreso. Justamente la jefa de Estado y la mayoría de diputados ha torpedeado, con retrasos y dilaciones procedimentales, dar paso a lo que podría ser una salida a la actual crisis: el 82% de los peruanos cree que deben ocurrir elecciones generales sin esperar a que concluya el mandato en 2026.

Este clima de opinión, favorable a un cambio siguiendo la senda democrática, pero con una vía que no está expresamente definida en la Constitución, amerita acuerdos políticos que ni el Ejecutivo ni el Legislativo terminan de concretar. Para los analistas, Perú simboliza hoy una suerte de olla de presión a punto de estallar.

El rechazo a Boluarte es mayoritario en todos los sectores sociales y en todas las zonas geográficas de Perú, según el IEP. La desaprobación entre los jóvenes, es mayor, llegando al 92%, y entre los habitantes del sur andino, donde el 87% quieren que la presidenta renuncie.

La mandataria hace oídos sordos a estas demandas. Sin un partido propio entre los representados en el Congreso, Boluarte se ha aliado con sectores conservadores que cuestionaron a Castillo en su momento, y de acuerdo con expertos su mayor sostén está en el respaldo de los cuerpos policiales y militares.

La excongresista Indira Huilca aseveró que la presidenta Dina Boluarte se aferra a su cargo porque sabe que al terminar su gestión será investigada y sancionada por violaciones de derechos humanos. Varias organizaciones internacionales recientemente han visitado Perú y han concluido en señalar graves hechos en su corto periodo de gobierno.

Amnistía Internacional sostuvo este 25 de mayo, al presentar un documentado informe sobre la represión bajo la presidencia de Boluarte, que la Fiscalía debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas celebradas de diciembre de 2022 a febrero de este año.

"El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal", denunció Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, con sede en Londres.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, anunció el 28 de mayo que esta coalición de la sociedad civil estará trabajando en documentar los casos y adelantó que Boluarte y el entorno presidencial que ordenó la represión "van a terminar en la prisión".

Dador, de visita en Arequipa, justamente una de las zonas donde se hizo presente de forma más cruda la represión meses atrás, dijo que la coordinadora formada por más de 80 organizaciones de la sociedad civil se mantendrá vigilante en la búsqueda de sanciones para quienes ejercen actualmente el Poder Ejecutivo y los organismos de seguridad en Perú.

La activista recordó que esta instancia y en general la sociedad civil peruana fue determinante para llevar a prisión al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por varios casos de violaciones a derechos humanos y abuso de poder.

A contrapelo de lo que demandan muchos peruanos, el académico Pablo Quintanilla Pérez, sostiene que bajo las normas legales peruanas no hay sustento para destituir a un presidente así este haya reprimido de la forma en la que actuó el Gobierno actual.

"En el Perú hubo una represión violenta y hasta criminal, pero no es causal de vacancia presidencial", aseveró el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú al ser entrevistado por el diario La República.