Perú cierra este mes de abril con una situación inusual, hasta para países en aprietos institucionales. Con la llegada de Alejando Toledo, este 23 de abril, son tres los expresidentes del país andino que están recluidos en el penal de Barbadillo, en las afueras de Lima, en una cruda imagen de la crisis que atraviesa, largamente, a la clase política y desencanta a la sociedad.
Sobre Alberto Fujimori pesan condenas por violaciones a los derechos humanos y abuso de poder durante su presidencia (1990-2000); a Pedro Castillo (2021-2022) se le procesa por el fallido golpe de Estado a fines del año pasado y por una trama de corrupción en su círculo de confianza; mientras que sobre Alejandro Toledo (2001-2006) hay una acusación en firme de que favoreció a la contratista brasileña Odebrecht a cambio de coimas millonarias. Fue extraditado de EEUU.
A esto, de por sí preocupante, se le suman los casos de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en libertad condicional tras cumplir arresto domiciliario por tres años y con restricciones para salir de Lima, también envuelto en los sobornos de Odebrecht; Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo también en Barbadillo y actualmente enjuiciado en libertad también por la corrupción de la empresa brasileña; y Martín Vizcarra (2018-2020), enjuiciado políticamente e inhabilitado por presunta corrupción, aunque sin proceso judicial.
Por si fuera poco, y para darle un tono más de dramatismo, está también el suicidio de Alan García, quien por su segunda presidencia (2006-2011) también fue señalado de corrupción y se quitó la vida antes de ser llevado ante la Justicia, en 2019.
Todos los presidentes peruanos electos a partir de 1990 parecen estar marcados. Lo común ha sido la corrupción, aunque si bien en el caso de Fujimori también la hubo, para la Justicia pesaron más sus exabruptos en materia de derechos humanos. En el ínterin, Perú tuvo presidentes de emergencia o temporales y estos, Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, cada uno con apenas meses en el poder, parecen tener mejor récord.
Sin embargo, Perú vive la otra cara de los interinatos con la llegada de Dina Boluarte, quien fue electa como vicepresidenta de Castillo en 2021 y que, pese al rechazo generalizado sobre su gestión, podría culminar el mandato en 2025. Con un saldo de unas 60 personas fallecidas en las protestas que siguieron a su designación, en alianza con las fuerzas policiales y militares, la presidenta enfrentará juicios —en el futuro— por el exceso represivo que ha caracterizado sus primeros meses en el poder, según adelantan organizaciones de derechos humanos.
Martín Tanaka, columnista de El Comercio, apunta que tras la debacle económica por la pandemia de Covid-19, que afectó a Perú como al resto de América Latina, y luego del periodo turbulento de Castillo en la Presidencia, que mantuvo en estado de alerta al sector económico y financiero, las proyecciones de crecimiento son favorables.
"Con la presidenta Boluarte parecemos haber vuelto un poco a esa lógica de desacople entre el caos político e institucional y una relativa estabilidad y continuidad económica", matiza Tanaka.
A pesar de la alta desaprobación con la que cuentan el Congreso (91%) y la presidenta Dina Boluarte (85%), según las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), las manifestaciones y protestas en el país andino parecen haberse disipado. Los parlamentarios han sacado de la agenda legislativa el adelanto general de elecciones, que sigue siendo una demanda ciudadana.
De acuerdo con Patricia Zárate, investigadora principal del IEP, la presidencia de Boluarte es constitucional: "Era lo que correspondía luego de que el expresidente Pedro Castillo cometiera un golpe de Estado. Frustrado, fallido, malhecho, pero fue un golpe de Estado. Así que le correspondía a la vicepresidenta asumir".
Sin embargo, Zárate coincide con la visión de diversos analistas, en el sentido de que Perú es hoy una olla de presión, por el malestar ciudadano con la clase política, pero esta parece estar de espaldas a las demandas de cambio, de reinstitucionalización. "Estamos ante un problema serio", sostiene la investigadora ante la frágil gobernabilidad de la presidencia de Boluarte, que no tiene un poder sólido ni propio.
"Que el Perú vive en la crisis perenne es de Perogrullo: seis presidentes en siete años y, en los cuatro meses que Dina Boluarte lleva de presidenta, se han producido más de 60 muertos en las protestas contra su Gobierno", sostuvo el politólogo Alberto Vergara en un artículo que le publicó El País.
Sin embargo, para este estudioso del sistema político peruano, en el contexto actual, además de la crisis institucional evidente, existe una crisis de gran calado: "En el Perú prima un profundo pesimismo; en todas partes se oye que esto no tiene solución".
Para Vergara, han fracasado los tres principales proyectos políticos de las últimas tres décadas en Perú. El que se asentó en la Constitución de 1993, impulsada por un Fujimori que limitaba la democracia a cambio de la apertura económica; la redemocratización generalizada que siguió en 2000 tras la caída del fujimorismo y, finalmente, la promesa del gran cambio social de Castillo en 2021.
Es un duro mensaje para la sociedad que ahora sean compañeros de prisión las tres figuras que encabezaron estos proyectos políticos: Fujimori con su gobierno de una década, Toledo como símbolo de la redemocratización con la que se inició el siglo XXI en Perú, y Castillo como el maestro que a caballo prometía la redención de los pobres.
