Una señal inequívoca de la crisis política e institucional que vive Perú está en los altos niveles de desconfianza hacia los poderes ejecutivo y legislativo, de acuerdo con un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos. Con ese telón de fondo la presidenta Dina Boluarte ha optado por remozar parcialmente su Gabinete, sin que ello genere mayor expectativa entre la ciudadanía.
Este 6 de septiembre, sin pena ni gloria en opinión de analistas en Lima, Boluarte renovó parcialmente su Gabinete con designaciones en seis carteras. El cambio más significativo tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Esto ha tenido lugar después de cuatro meses de otras designaciones que no despertaron ninguna reacción positiva entre los peruanos.
Boluarte tomó el juramento en Justicia a Eduardo Arana; en Educación, a Miriam Ponce; en Desarrollo Agrario y Riego, a Jennifer Contreras; y en Producción, a Ana María Choquehuanca. Asimismo, la mandataria movió a Daniel Maurate del Ministerio de Justicia al de Trabajo, y a Raúl Pérez de Producción al de Transportes y Comunicaciones. Maurate tenía como principal tarea en los últimos días el paquete de normas que el Ejecutivo trabaja para enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad.
En lo que se ha calificado como una huida hacia adelante, Boluarte logró facultades especiales del Congreso, también envuelto en el desprestigio según los sondeos del prestigioso Instituto de Estudios Peruanos (IEP), para el diario La República. La presidenta dijo que su prioridad estará en enfrentar la criminalidad y la inseguridad.
La presidenta busca desviar el foco de debate público en torno a su permanencia en el poder, un asunto que la gran mayoría de peruanos rechaza.
De acuerdo con el sondeo del IEP de la tercera semana de agosto, en Perú un 89% confía poco o nada en el Legislativo, mientras que un 85% lo hace respecto del Poder Ejecutivo que encabeza la mandataria, quien originalmente fue electa como vicepresidenta en equipo con Pedro Castillo en la Presidencia.
Tras año y medio de una crisis recurrente, Castillo dio un paso en falso en diciembre de 2022 al intentar dar un golpe de Estado. Tras la detención del ahora exjefe de Estado, Boluarte asumió las riendas del poder.
"Se puede ser presidenta legal, como sin duda es Boluarte desde que sucedió al golpista Pedro Castillo, pero eso no asegura capacidad efectiva para mandar con autoridad en la colectividad. Con una desaprobación superior al 80% y sin una bancada oficialista en el Congreso que les asegure apoyo a sus iniciativas, es poco lo que puede hacer", sostiene el columnista Augusto Álvarez Rodrich, para enfatizar la fragilidad del actual Gobierno peruano.
Inicialmente Boluarte anunció que convocaría elecciones adelantadas, tal como demanda una mayoría de peruanos, pero luego responsabilizó al Congreso y ratificó que culminará el periodo presidencial de Castillo, es decir hasta 2026.
La crisis de credibilidad envuelve justamente a las entidades que deberían dar respuesta a las demandas de cambio de la ciudadanía.
Por ejemplo, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, con escasas semanas en el cargo es casi tan rechazado como Boluarte, dado que tres cuartas partes del país que los reprueba, al evaluarlos individualmente y no a las instituciones, esto según la encuesta del IEP.
Para el profesor Martín Tanaka, en Perú se llegó "a la ola de izquierda tardíamente, con un líder extremadamente débil que intentó una torpe salida autoritaria a sus múltiples problemas de gestión y escándalos de corrupción, por lo que terminó en prisión".
Con la transición posterior a Castillo, quien está detenido preventivamente y será sometido a juicio, "en Perú estrenamos un nuevo desafío: el de un Congreso autoritario", apunta el investigador.
Esas fuerzas autoritarias en el seno del Legislativo, de corte más conservador, por paradojas son hoy el sostén del Gobierno de Boluarte, originalmente elegida para una presidencia de izquierda y siendo ella una figura bastante secundaria en la campaña de Castillo en 2021.
"Dina Boluarte tenía el discurso de que salvó la democracia contra el golpista, pero en verdad ella era parte del grupo de Pedro Castillo. Ella exacerbó los ánimos en los meses previos a su llegada a la Presidencia y ahora es la mejor amiga del Congreso”", sostiene el doctor en Ciencia Política y profesor, Eduardo Dargent.
A juicio de este profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el Gobierno de Boluarte está "blindado por el Congreso" y la presidenta "está cometiendo actos que son claramente antidemocráticos".
Además del rechazo ciudadano, la mandataria debe atender un frente judicial. En junio pasado, por ejemplo, fue citada por la Fiscalía para responder a las acusaciones en su contra de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante el estallido social en el país, que comenzó en diciembre de 2022, tras su asunción, y durante el mes de enero de 2023.
La Policía y el Ejército acataron la política de represión de las protestas antigubernamentales que dejaron un saldo de 49 muertos, según organismos de derechos humanos.
La próxima presidente será Keiko.