Escándalos y alto rechazo popular no parecen hacer mella en Dina Boluarte, aferrada al poder

Recientemente se han cumplido 500 días desde que Dina Boluarte se convirtió en la primera presidenta de Perú. Sin una gran trayectoria política previa, la mandataria luce aferrada al poder en medio de una crisis aguda del sistema político en Perú, donde además se ha desdibujado el escenario de que ella haría un gobierno breve de transición en aras de fortalecer la democracia.

Boluarte, una abogada de 61 años, terminó ascendiendo de una posición de modesta funcionaria de distrito a vicepresidenta del país, bajo el mandato del ex líder magisterial, Pedro Castillo, quien asumió la Presidencia en julio de 2021.

Durante año y medio, el ex maestro encabezó un turbulento Gobierno con políticas fallidas, enfrentamientos en el Congreso y crisis ministeriales diversas, empero Boluarte se mantuvo al margen. De hecho, ella fue una gran desconocida para los peruanos hasta diciembre de 2022.

La presidenta, rodeada por un reciente escándalo en torno a un reloj de lujo no declarado, asumió la jefatura de Estado en diciembre de 2022, luego de que fuese destituido y encarcelado Castillo, quien fue acusado por haber intentado disolver el Congreso, que sostenía una investigación en su contra y se encaminaba a gobernar por decreto.

Además de los escándalos por presunta corrupción, Boluarte enfrenta un proceso por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por la represión a las manifestaciones convocadas por los seguidores de Castillo a consecuencia de su encarcelamiento. Este proceso del Ministerio Público se formalizó en enero de 2023.

La ola de manifestaciones que rodeó en las primeras de cambio al mandato de Boluarte exigían el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones, cambios en la Constitución y la renuncia de la mandataria.

Una reciente encuesta de Datum Internacional, ordenada por el diario El Comercio, reveló este mes que apenas el 7% de la ciudadanía aprueba la gestión de la mandataria. Según este influyente medio de prensa, es la cifra de aprobación más baja para un jefe de Estado peruano en las dos últimas décadas, solo igualada con la obtenida en junio del 2004 por el entonces presidente Alejandro Toledo.

Sin embargo, Boluarte en diversas ocasiones ha descartado la posibilidad de renunciar o de convocar a elecciones de forma anticipada, como sostuviera al iniciarse su gobierno. Las próximas elecciones generales en Perú están previstas para el año 2026, por lo que resta aún un buen trecho de mandato para esta mujer que luce aferrada al poder, apoyada tanto por las Fuerzas Armadas y factores de poder en el Congreso de tinte conservador.

Para el profesor James Dettleff, el Congreso peruano prefiere mantener a Boluarte en la Presidencia porque ella respalda los requerimientos de congresistas, ya que no objeta lo que ocurre dentro del Parlamento, igualmente desprestigiado entre los ciudadanos.

"Si concluye anticipadamente el Gobierno de Boluarte, se daría la discusión de si las nuevas elecciones deberían ser también legislativas, y estamos ante congresistas que no quieren soltar sus puestos en el Congreso”, explica a DIARIO DE CUBA el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudioso de la comunicación política.

"Boluarte no hace nada que moleste al Congreso, ni a los grupos económicos, ni a la derecha recalcitrante", sintetiza Dettleff. A su modo de ver, en este momento, el poder verdaderamente recae en el Congreso, donde la antigua vicepresidenta de Castillo no cuenta con una bancada legislativa propia.

El Rolexgate, como ha sido bautizado en Perú el más reciente escándalo que envuelve a la mandataria, estalló tras un reportaje del programa periodístico La Encerrona, difundido a mediados de marzo. El 18 de marzo se estableció una nueva investigación de la Fiscalía contra la jefe de Estado, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en sus documentos públicos.

Diversos medios de prensa han recordado que a Dina Boluarte se le ha visto con relojes de lujo en repetidas ocasiones, en actos públicos. La pesquisa que está en fase preliminar menciona en particular un Rolex valorado en 14.000 dólares y que la mandataria asegura que obtuvo antes de asumir el poder.

Boluarte alega que este reloj es de "antaño", de larga data, y que fue adquirido por medio de sus "ganancias personales", bajo el argumento de que trabaja desde los 18 años y ha conseguido recursos con su "propio esfuerzo".

Este caso, según analistas, ha sumado puntos al descrédito que envuelve a la presidenta y en general a la clase política. Así como la aprobación de Boluarte es de apenas 7%, según sondeo de Datum Internacional; en el caso del Parlamento peruano la aprobación es de un escaso 6%, de acuerdo con una encuesta difundida a mediados de abril por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Boluarte cuenta con una protección del Congreso, sabiendo lo señalado por Dettleff que si termina anticipadamente el Gobierno de ella, como clama la ciudadanía, también sería su punto final. El diario El Comercio hizo comparaciones entre el rol del Legislativo en el año y medio de Castillo con los 16 meses de Boluarte.

A Castillo los congresistas le censuraron a cuatro ministros; a Boluarte, solo a uno. Además, la Cámara ha rechazado la iniciativa para el adelanto de elecciones en tres ocasiones. Hace unas semanas, también ha revocado dos mociones de vacancia en contra de Boluarte, promovidas como consecuencia del Rolexgate y la opacidad de su patrimonio.

"Boluarte es el rostro de una coalición autoritaria compuesta por partidos políticos de diversas tendencias, que a su vez buscan blindarse en el poder, y grupos de poder económico, interesados en sacar todo el provecho posible del Ejecutivo", sostiene Paula Távara, politóloga y especialista en análisis político.

Aunque no cuenta con un grupo propio de legisladores, Boluarte cuenta con el aval de las agrupaciones políticas con mayor volumen de parlamentarios, ambas de corte conservador. Se trata de Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por violaciones a los derechos humanos y abuso de poder durante su gobierno, así como de Renovación Popular, del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declarado enemigo de la comunidad y enemigo de la colectividad LGBT y contrario al aborto.