Las elecciones presidenciales en Venezuela, planificadas para el venidero 28 de julio, tendrán una situación inédita. Una docena de partidos políticos venezolanos participarán de estos comicios con directivas impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un poder cooptado por el régimen de Nicolás Maduro, que ha fraguado en los últimos años una amplia intervención judicial.
El poder interventor del TSJ está simbolizado en la propia candidatura de Nicolas Maduro, el gobernante que espera a ser reelecto para extender su presidencia hasta el año 2030. El rostro de Maduro aparece como candidato de una docena de partidos, pero la mitad de estos han vivido procesos judiciales de intervención para destituir a sus directivas, mientras que las siglas y emblemas partidistas han sido entregadas a otras figuras, por lo general cercanas al poder en Venezuela.
Tal anomalía genera situaciones de este tipo. La histórica tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV), la organización más antigua del país de las aún en actividad, aparece apoyando a Maduro, pese a que su directiva elegida por los militantes adversa abiertamente al gobernante al que califican de neoliberal. Una decisión del máximo tribunal le entregó los símbolos y la representación legal de los comunistas venezolanos a unas personas prácticamente desconocidas.
Maduro está apoyado por las tarjetas de estos partidos, que en general fueron organizaciones de izquierda: PCV, Podemos, Movimiento Tupamaro, Patria para Todos, Movimiento Electoral del Pueblo y Unidad Popular Venezolana. La dirigencia originaria de estas agrupaciones, luego de apoyar al chavismo por años, se fue distanciado del régimen de Maduro y desde el poder se les castigó con medidas judiciales.
Otro caso simbólico es el Partido Primero Justicia, de corte conservador y que tuvo un papel protagónico en las campañas electorales de 2012 y 2013, cuando el entonces gobernador Henrique Capriles, de esas filas partidistas, enfrentó primero a Hugo Chávez, y tras fallecer este, concurrió a unas nuevas elecciones ante Maduro.
Las siglas y representación legal de este partido se le asignaron al diputado José Brito, quien fue expulsado de esa agrupación en medio de señalamientos por una trama de corrupción, que según el portal de investigación periodística Armando.Info lo vinculaba al empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el testaferro del chavismo.
Por su parte Antonio Ecarri, a quien el propio Maduro coloca de candidato opositor, es respaldado por seis agrupaciones, de las cuales la mitad son partidos otrora opositores y luego intervenidos por el brazo judicial del chavismo. Ecarri suele presentarse como moderado e independiente, pero para observadores resulta llamativo que el TSJ le haya entregado a sus allegados las directivas y símbolos del Movimiento Ecologista, Avanzada Progresista y MIN Unidad.
De acuerdo con el periodista español Daniel Lozano, quien escribe para el diario argentino La Nación, Ecarri es "el hombre en Caracas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero", quien por años ha estado influyendo en decisiones oficiales y de algunas organizaciones acólitas al chavismo.
Este domingo 28, al ser entrevistado por el canal de televisión Venevisión, el candidato opositor Edmundo González Urrutia reconoció que la plataforma unitaria de oposición tuvo el temor de que el TSJ ilegalizara a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Según diplomáticos consultados por DIARIO DE CUBA los gobiernos de Brasil y Colombia fueron determinantes en evitar, por ahora, una medida que sacara de la ruta electoral a la oposición prodemocracia.
De forma sorpresiva, González Urrutia terminó siendo designado candidato presidencial por acuerdo entre la Plataforma Unitaria de oposición y la líder conservadora María Corina Machado, quien tiene apoyo cercano al 80% pero que no podrá competir, ya que justamente el TSJ ratificó a inicios de este 2023 una inhabilitación administrativa que diferentes expertos en Derecho Constitucional califican de írrita, inicialmente acordada por la Contraloría General.
En relación con la entrevista de González Urrutia en el canal Venevisión, propiedad del fallecido magnate de medios cubano venezolano Gustavo Cisneros, la noticia más comentada en redes sociales no fue lo expresado por el candidato sino el mismo hecho de que se realizara tal entrevista. Por más de 12 años, este canal como toda la televisión abierta venezolana, ha vetado a voceros emblemáticos de oposición.
El candidato González Urrutia, también gracias a la presión de Brasilia y Bogotá, logró ser apoyado por los partidos opositores Un Nuevo Tiempo y Movimiento Progresista. Sin embargo, el antiguo diplomático de 74 años es un gran desconocido para la gran mayoría de los venezolanos, una arista que parece haber sido determinante para que el chavismo se allanara a aceptarle como candidato.
Finalmente, el tándem formado por González Urrutia y la líder conservadora María Corina Machado parece haber dividido sus tareas. Machado presenta afiches con el rostro del candidato en sus cada vez más concurridos y emotivos actos de campaña en poblados pequeños o intermedios que en el pasado abrazaron al chavismo.
Desde Caracas, entretanto, González Urrutia ha confirmado que en pocos días ha concedido unas 80 entrevistas, sostiene reuniones con factores políticos de la plataforma opositora y según pudo conocer DIARIO DE CUBA conversa con sus contactos diplomáticos en diversos países.
Desconocido dentro del país, el ahora candidato se le consideró el "canciller de la oposición venezolana" en los años dorados de la Mesa de la Unidad Democrática entre 2011 y 2014.
