El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este lunes que los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), cuyas labores en la nación caribeña fueron suspendidas por el Gobierno este jueves, pretendían "fungir como auditores" de los expedientes e investigaciones adelantadas por la Justicia, informó la agencia EFE.
"Comenzaron por preocuparse de forma muy extraña en expedientes vinculados a personas que tenían ya orden de aprehensión, que habían sido imputados, que habían sido acusados, incluso que habían sido ya condenados, con casos que no tienen para nada que ver con la defensa de los derechos humanos (...) queriendo fungir como auditores", aseguró Saab en una comparecencia ante la prensa.
El fiscal apuntó que la decisión de expulsar a 13 miembros de la oficina de la ONU en Caracas fue una medida tomada por el Ejecutivo en el marco de la "separación de poderes" y "el derecho a la no intromisión en los asuntos internos de Venuzuela".
Sin embargo, insistió en que puede dar testimonio de las "innumerables veces" que se reunió con los altos mandos de esta institución para atender sus requerimientos.
Saab cuestionó que los funcionarios de la oficina del ACNUDH solicitaran revisar expedientes relacionados con delitos comunes, corrupción o enmarcados en la "lucha contra la delincuencia organizada", materias que, consideró, son "ajenas totalmente" a la defensa de los derechos humanos.
Además, criticó que esta oficina calificara de "desaparición forzada" la detención de la activista Rocío San Miguel, privada de libertad desde el pasado 9 de febrero y acusada de estar "presuntamente vinculada" con una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
"Vimos cómo, lamentablemente, no rectificaron cuando, a pesar de haber sido informados de que Rocío San Miguel estaba detenida, a pesar de haber sido informados de que estaba imputada, de que había sido recluida en el SEBIN (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia), a pesar de toda esa información, ellos seguían manteniendo la tesis de que había una desaparición forzada", dijo.
El pasado 13 de febrero, a través de X, la oficina del ACNUDH aseguró que seguía con "profunda preocupación" la detención de San Miguel y dijo que el desconocimiento de su paradero hasta ese momento, como denunciaron sus abogados, podría ser calificado como "desaparición forzada", por lo que instó a su "liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal".
"Mienten de forma tan brutal que se les cae todo, porque ni siquiera saben el concepto de una desaparición forzada. Las desapariciones forzadas, en la mayoría de los casos, culminan en la tragedia que es el asesinato", dijo el fiscal general.
"Es incompatible que un defensor de Derechos Humanos esté involucrado en acciones de asaltar cuarteles y acciones magnicidas", declaró Saab sobre San Miguel quien, según el fiscal general, había recibido un pago "en dólares" de una empresa petrolera trasnacional por "un análisis de entorno". También habría suministrado información "a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país". Hubo "intercambios similares" con embajadas de otros tres países. "Su ONG es una fachada para hablar mal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado venezolano", apuntó.
Además, Saab aseguró que otro de los detenidos por esta trama golpista, el exmilitar Anyelo Heredia, tenía el contacto de San Miguel en su agenda telefónica. "Más que una defensora de Derechos Humanos, parece ser un agente (...). [Era una] espía, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones contra la soberanía nacional", ha remachado.
