El régimen de Venezuela ordenó el jueves la suspensión de las actividades de la oficina técnica del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, una entidad que desde hace años da seguimiento a las denuncias de violaciones de esas garantías que realizan organismos de la sociedad civil.
El canciller venezolano, Yván Gil, acusó al organismo de utilizar los derechos humanos para "instrumentalizar" su presunto trabajo contra el Gobierno, citó Radio Francia Internacional. Asimismo, Caracas emplazó al personal de esa oficina a abandonar el país en las siguientes 72 horas.
Venezuela "solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas", indicó el canciller en un comunicado, leído ante periodistas.
El Gobierno también ordenó realizar una "revisión integral de los términos de cooperación", así como la expulsión de 13 funcionarios de ese organismo.
"Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país", agregó el comunicado.
Caracas acusó a la oficina de mantener "una postura claramente sesgada y parcializada" y "generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados" contra la soberanía del país, así como contra su Constitución.
Esta decisión se produce en medio del recrudecimiento de la embestida del régimen contra la oposición venezolana, días después de que fuese detenida Rocío San Miguel, una reconocida activista hispano-venezolana de ONG vinculadas a la defensa de los derechos humanos, y quien además es experta en el área militar.
ONG venezolanas rechazan la suspensión de la oficina de DDHH de la ONU en Caracas
Organizaciones no gubernamentales rechazaron la medida anunciada por el Gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas, y consideraron que la decisión deja en estado de "total vulnerabilidad e indefensión" a las víctimas de violaciones de garantías fundamentales.
La ONG Fundaredes expresó su rechazo a esta medida que, cree, "eleva el riesgo de cierre de los espacios cívicos, la persecución y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil", citó el diario venezolano El Carabobeño.
Para la organización Encuentro Justicia y Perdón (EJP), la suspensión de las labores de la oficina de ONU en Caracas "aumenta la desprotección de las víctimas" de violaciones de derechos humanos.
Por su parte, Provea aseguró que la decisión "intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en el país".
La ONG recordó que la oficina del Alto Comisionado solicitó al Gobierno en 2019 "garantías de respeto al derecho a la vida", ante los operativos de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional (FAES), acusadas de ejecuciones extrajudiciales, una unidad disuelta tras la solicitud.
Además, recientemente, pidió respeto a los derechos humanos de la activista Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes por, supuestamente, formar parte de una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Los pronunciamientos en rechazo a la detención de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, han sido catalogados por la Fiscalía como una "feroz campaña" internacional contra el sistema de Justicia venezolano.
