La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este jueves la proporción "sorprendentemente elevada" de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en Venezuela.
En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resaltó que "los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones", reseñó AFP.
La funcionaria de la ONU pidió en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por "resistencia a la autoridad", durante operaciones policiales en 2018.
"Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores", resaltó el reporte de Bachelet.
Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, reconoció la expresidenta de Chile.
Venezuela atraviesa desde hace meses una profunda crisis política, con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países.
El país vive además una grave crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.
"El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas" explicó.
La situación es "compleja", admite Bachelet, quien pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.
"Este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas", expuso Bachelet.
Además de la disolución de las FAES y de los "colectivos", Bachelet recomendó la creación de "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para analizar esas ejecuciones extrajudiciales, y le pidió al Gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.
El informe recordó que la Oficina de la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país sudamericano.
Maduro insiste en que "no hay presos políticos"
Pocos días antes de que se conociera el lapidario informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el organismo ofreció una copia a los representantes del régimen de Nicolás Maduro para que hicieran sus comentarios.
La devolución, que se conoció este jueves junto al informe, muestra la sorpresa y la molestia del Gobierno con la Comisión presidida por Bachelet, a la que el régimen consideraba una aliada hasta hace poco.
"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena", señaló la réplica oficial, que reseñó EFE.
En una larga carta titulada "Comentarios sobre errores de hecho del informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela", el régimen de Maduro reaccionó indignado porque la misión encabezada por Bachelet se entrevistó con víctimas del régimen dentro y fuera de Venezuela y no se quedó con la versión oficial de los hechos.
"En el documento se privilegian, exclusivamente, las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado", expresaron.
"No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas", sostuvo la carta, que incluye una larga enumeración en la que intenta desmentir las conclusiones alcanzadas por la ONU sobre las persecuciones y asesinatos de opositores, las atrocidades que ocurren en las prisiones, la existencia de centenares de presos políticos o los abusos contra pueblos originarios.
Cerca del final, la réplica del régimen afirma: "El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas 'por motivos políticos'. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición".
La afirmación choca de frente con la realidad conocida de centenares de dirigentes opositores o gente de a pie que fue detenida por participar de manifestaciones contra el Gobierno. De acuerdo a la ONG Foro Penal Venezolano, la organización que lleva el cálculo más certero sobre estas detenciones, al 1 de julio existían 630 presos políticos en Venezuela.
La expresidente socialista chilena era considera como una aliada del régimen. El silencio durante mucho tiempo de la Comisión de Derechos Humanos que preside era vivido con satisfacción por Maduro y con preocupación por el resto de la comunidad internacional. Hasta este jueves, en que el "informe Bachelet" puso en claro las atrocidades que viven los venezolanos bajo el régimen chavista.