El máximo tribunal de Guatemala ha puesto un punto final a la diatriba judicial que se agudizó en las últimas semanas en el país centroamericano. La Corte de Constitucionalidad dictaminó que Bernardo Arévalo debe asumir la presidencia el venidero 14 de enero y que ninguna acción debería impedir que esto ocurra, tal como lo determinó el voto popular mayoritario en agosto pasado.
Junto a la determinación de la Corte dada a conocer este 14 de diciembre, un día después una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó a Ciudad de Guatemala y en varias reuniones con diversos poderes públicos transmitió la tesis que prevalece en el seno del organismo: impedir la investidura de Arévalo constituirá un golpe de Estado.
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, Ronald Sanders, y el secretario general, Luis Almagro, se reunieron con magistrados de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala y le dieron un espaldarazo a la decisión.
La sentencia del máximo tribunal, que no tiene apelación dentro del país centroamericano, acaba al menos en el plano jurídico con las sospechas de que podría impedirse el traspaso de mando entre Alejandro Giammattei y Arévalo, tras una cadena de decisiones que ha llevado adelante el Ministerio Público, encabezado por la fiscal Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por sus actos de corrupción y por actuar en contra de la democracia guatemalteca.
Tras dejar en suspenso el estatus legal del Movimiento Semilla, el partido que fundó Arévalo tras irrumpir en la vida política pública con una ola de protestas en 2015, el Ministerio Público ha intentado socavar la legitimidad de la elección de agosto pasado, en una segunda vuelta en la cual el presidente electo obtuvo un sólido 60% de votos, imponiéndose a la exprimera dama conservadora, Sandra Torres, con una diferencia de 20% de votos.
Para diversos analistas y observadores, si bien las acciones de la Corte y el papel de la OEA en el terreno podrán garantizar que ocurra un traspaso de mando dentro de un mes, se avizora un Gobierno socialdemócrata de Arévalo, débil en términos legislativos, bajo un fuego cruzado de las instituciones, especialmente en el seno del Congreso, ampliamente controlado por fuerzas conservadoras.
A juicio de la periodista Evelyn Blanck, consultada por DIARIO DE CUBA, al país centroamericano le esperan meses de conflictividad institucional y tensión política, en medio de las expectativas de cambio que generó Arévalo entre los guatemaltecos, especialmente entre los jóvenes urbanos.
Un rol clave en todo esto, aunque se ha cuestionado su falta de acción, lo tiene el presidente saliente Giammattei. Sanders y Almagro se reunieron con el mandatario este viernes en Ciudad de Guatemala y la presidencia emitió luego un comunicado dejando constancia de que la misión de la OEA visita el país debido a una invitación de su parte y reiterando que habrá traspaso de mando el 14 de enero.
El Consejo Permanente de la OEA acordó, en caso de que no se produzca la asunción de Arévalo, declarar un golpe de Estado y activar la Carta Democrática Interamericana, con lo cual el país centroamericano quedaría aislado diplomáticamente. La Unión Europea también anunció que no aceptaría una presidencia distinta a la que debe encabezar Arévalo a partir del 14 de enero.
Estados Unidos, entretanto, ha estado muy atento al devenir de Guatemala. Washington ha venido insistiendo en la ruta de sanciones individuales contra altos funcionarios, principalmente del Ministerio Público, así como a jueces que se han prestado con acciones para obstaculizar el traspaso de mando.
En una carta pública del 12 de diciembre, Giammattei arremetió contra el gobierno de Estados Unidos, acusando a la administración de Joe Biden de "injerencista" y de socavar los tradicionales lazos de amistad entre los dos países.
"Se estudió la situación denunciada, directamente relacionada con la suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica de uno de los partidos participantes, así como la coyuntura nacional", dijo la Corte de Constitucionalidad este jueves.
"La situación denunciada" tal como la señala la Corte, está referida a una solicitud de amparo que fue interpuesta por un grupo de abogados, encabezados por el constitucionalista Edgar Ortiz Romero. Ellos pidieron garantizar la democracia en Guatemala ante la amenaza de que "se desobedezca la voluntad popular, mediante cualquier acción u omisión tendente a afectar la toma de posesión y ejercicio de sus respectivos cargos".
Desde que Arévalo ganó los comicios, el Ministerio Público también la ha emprendido en contra del Tribunal Supremo Electoral. Este 8 de diciembre tuvo lugar un punto de inflexión cuando fiscales denunciaron los comicios por supuestas "irregularidades administrativas del ente electoral".
En ese momento, la magistrada electoral, Blanca Alfaro, catalogó la petición de la Fiscalía como "una ruptura del orden constitucional". Mientras, el presidente electo ha insistido en que Consuelo Porras y su fiscalía ejecutan un "golpe de Estado" en su contra junto a "otros actores corruptos".
El constitucionalista Ortiz Romero señala que el fallo de la Corte enfatiza la autonomía del Ministerio Público, "pero deja totalmente claro que sus investigaciones no pueden impedir la finalización del proceso electoral, que culmina con la toma de posesión de los funcionarios electos".
