En medio de la escalada de tensión institucional en Guatemala, donde se encuentra en riesgo la toma de posesión del electo Bernardo Arévalo; para garantizar la transición y darle piso de gobernabilidad deben unir esfuerzos los gobiernos latinoamericanos de izquierda, junto a EEUU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, según el presidente colombiano Gustavo Petro.
La deriva que viven las instituciones en el país centroamericano tuvo un nuevo y preocupante capítulo durante el sábado 30 de septiembre, cuando fiscales ingresaron a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e incautaron actas de los comicios que ganó de forma amplia el izquierdista moderado Arévalo el 20 de agosto, en segunda vuelta ante la ex primera dama y referente conservadora, Sandra Torres.
Durante el fin de semana, Arévalo llamó a que la ciudadanía saliera a protestar en las calles. El presidente electo ha solicitado públicamente la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche, ambos sancionados por el Departamento de Estado bajo la actual Administración Biden.
Este lunes, en una video llamada con Arévalo, el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, respaldó al presidente electo, cuya toma de posesión está aún lejana, ya que según la Constitución debe ocurrir a mediados de enero de 2024.
Entretanto, el presidente saliente Alejandro Giammattei se mantiene en silencio. Sin embargo, analistas locales dan por descontado que el jefe de Estado está detrás de las actuaciones de la Fiscalía, primero en contra del Movimiento Semilla, el partido que fundó Arévalo tras las protestas ciudadanas de 2015 que lo colocaron en la palestra público, y luego en contra del propio proceso electoral que no tuvo ninguna denuncia creíble de fraude.
Además del respaldo de Washington, este lunes 2 de octubre se registraron protestas en varios lugares, para exigir la renuncia de Porras y Curruchiche.
De acuerdo con el diario Prensa Libre, se activaron manifestaciones y bloqueos de carreteras por parte de organizaciones indígenas, civiles y estudiantiles que rechazan las acciones legales que el Ministerio Público ha interpuesto en relación con el proceso electoral en Guatemala.
Se desconoce el motivo de los allanamientos del sábado pasado en la sede del Tribunal Electoral. La Fiscalía respondió a periodistas locales que esto se encuentra bajo "reserva judicial". Magistrados del Tribunal Electoral reaccionaron aireados para denunciar la violación de la independencia de esta institución, pero descartaron que con los allanamientos se puedan trastocar los resultados electorales, que a su juicio están sellados.
Entrevistado por el portal Democracy Now, Petro sostuvo que la actual situación de Guatemala, donde se está colocando en peligro la toma de posesión de Arévalo, "va a poner a prueba todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si vamos a permitir que un presidente elegido prácticamente sea burlado, que el voto popular sea burlado".
A juicio de Petro, la crisis guatemalteca es una oportunidad de colaboración entre los gobiernos progresistas de Sudamérica (Colombia, Brasil y Chile) para trabajar de la mano con EEUU en aras de garantizar la transferencia del poder de manera pacífica, en el país centroamericano, y proveerle un piso mínimo de gobernabilidad a Arévalo, una vez que este asuma su presidencia de cuatro años.
De acuerdo con el portal de periodismo No Ficción, la "primavera democrática" que tratará de promover Arévalo a partir de 2024 se confrontará con "un invierno no democrático", ya que en Guatemala la falta de contrapesos entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial han creado una especie de "dictadura corporativa".
A juicio de la periodista Evelyn Blanck, el proceso para reinstitucionalizar a Guatemala será complicado. Por un lado, ella recuerda al ser consultada por DIARIO DE CUBA, que por un lado están los varios procesos legales ya activados en este largo periodo antes de que Arévalo asuma la Presidencia.
Por otro lado, Blanck sostiene que durante el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei se estableció un "Pacto de Corruptos" y este domina tanto al Congreso, como a las Cortes y al propio Ministerio Público. A su juicio, es grande el desafío de recuperar la institucionalidad democrática en el país centroamericano.
A fines de junio, el mismo día en que el Tribunal Supremo Electoral oficializó el balotaje entre Arévalo y Torres, el juez penal Fredy Orellana, quien está sancionado por el Departamento de Estado de EEUU, solicitó suspender la personería jurídica de Semilla a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, una instancia del Ministerio Público.
Le siguieron allanamientos tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en la sede del partido Semilla. Varias figuras que participaron de la fundación de esta agrupación, registrada legalmente en 2018, decidieron salir al exilio por el temor a terminar encarceladas. La Fiscalía aduce que el registro hace cinco años fue fraudulento porque se habrían falsificado miles de firmas.
Inicialmente la acción de la Fiscalía estaba centrada en las firmas, mientras que el allanamiento del pasado fin de semana se concentró propiamente en las actas de votación del pasado 20 de agosto, cuando Arévalo logró el 58% de los votos para ser electo como jefe de Estado en segunda vuelta.
