Lejos de favorecer un traspaso de mando armónico para que Bernardo Arévalo asuma la jefatura de Estado en enero, en Guatemala el Gobierno del actual mandatario Alejandro Giammattei y la Fiscalía parecen apostar a tensar la cuerda, incluso desafiando a EEUU. Así se interpreta la decisión —en medio de tensiones— de suspender al Movimiento Semilla, que postuló al presidente electo.
El 2 de noviembre, un Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos magistrados han estado bajo presión pública por parte de la Fiscalía, terminó por acatar la decisión dictada desde el poder que sigue encabezando Giammattei. El TSE se allanó a la solicitud del juez penal Fredy Orellana y decretó la suspensión del Movimiento Semilla, fundado por Arévalo y otros activistas sociales en 2017 y considerado producto de las protestas ciudadanas de 2015.
De acuerdo con analistas, cuando el TSE dio por concluido el periodo electoral, este 31 de octubre, abrió la puerta para las acciones legales contra Semilla, que en el fondo buscan minar a Arévalo, electo de forma amplia por la sociedad guatemalteca. Dos días después, el TSE cumplió con la solicitud que había realizado Orellana, quien está sancionado por EEUU, así como otros fiscales, a quienes Washington acusa "de socavar la democracia" en el país centroamericano.
"La decisión de suspender al partido Semilla, formalmente no tendría mayor implicación para que se realice la toma de posesión de Arévalo y Karin Herrera, su vicepresidenta. Sin embargo, en el contexto en el que nos encontramos en Guatemala es grave", advierte el periodista Luis Ovalle al ser consultado por DIARIO DE CUBA.
De acuerdo con la lectura que hace Ovalle, desde Ciudad de Guatemala, Arévalo se verá disminuido en el Congreso y a juicio de este periodista podría ejecutarse una acción legislativa para impedir la toma de posesión del presidente electo, cuyo partido Semilla se define como socialdemócrata, ecologista y progresista.
El traspaso de mando entre Giammattei y Arévalo está previsto para el venidero 14 de enero. Los periodos de gobierno son de cuatro años, sin posibilidad de relección en este país centroamericano.
Con apenas 23 diputados electos de las filas de Semilla, de un total de 160, Arévalo estará en franca minoría legislativa. En término prácticos, adelanta Ovalle, la suspensión de Semilla, impedirá que esos diputados conformen una bancada y quedarán como diputados independientes sin posibilidad de encabezar comisiones u ocupar instancias de dirección en el Congreso guatemalteco.
"Se les va a ver disminuido el poder político dentro del Congreso, ya que este poder legislativo está cooptado por las fuerzas de corrupción y grupos criminales. El número de 23 diputados electos es una cantidad mínima", sostiene el periodista.
A juicio de Ovalle, en las semanas que restan hasta que concluya 2023 podrían generarse otras decisiones judiciales en Guatemala para declarar como ilegal al proceso electoral. En la segunda vuelta celebrada en agosto último, Arévalo obtuvo el 58% de los votos imponiéndose de forma amplia a la ex primera dama conservadora Sandra Torres.
A juicio del analista político Edgar Gutiérrez, la victoria de Arévalo fue totalmente sorpresiva "y ha puesto en shock al statu quo, que por la vía de la judicilialización electoral y penal han tratado de bloquear el proceso de transición".
Ovalle pronostica que, tras decisiones en el terreno judicial para descalificar y desacreditar a Arévalo, el siguiente paso podría ejecutarse desde el Congreso para interpretar que debe nombrarse un presidente interino.
Arévalo ha insistido en que asumirá la Presidencia el 14 de enero. EEUU ha respaldado de forma abierta y contundente este resultado electoral.
El Departamento de Estado de EEUU ha dictado sanciones por "acciones antidemocráticas", que incluyen la restricción de visados para entrar a suelo estadunidense y se extienden a las familias de los sancionados.
La fiscal general Consuelo Porras y sus fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales, así como el juez Fredy Orellana están entre los sancionados por Washington. Sin embargo, tal medida de presión hasta ahora no parece haber surtido efecto.
Entretanto, desde el pasado 2 de octubre, las acciones judiciales de Porras y los jueces han provocado multitudinarias protestas y bloqueos de carreteras por parte de la población para exigir su renuncia y saneamiento del sistema de justicia. Los movimientos indígenas realizaron bloqueos de carreteras durante tres semanas y, según adelanta Ovalle, evalúan junto a otros sectores sociales qué respuestas dar a lo que ocurre con la transmisión de mando presidencial.
