Al cierre del mes de septiembre unos 400.000 migrantes de diversas nacionalidades, pero encabezados por el flujo de venezolanos, habían atravesado durante 2023 el peligroso Tapón del Darién, convirtiendo a esta zona selvática entre Colombia y Panamá en el más grande corredor migratorio de América Latina y el Caribe, según organismos especializados.
Al cerrar el mes de septiembre, las autoridades migratorias de Panamá dieron la cifra de esos primeros nueve meses del 2023. Estos 400.000 migrantes del año superan con creces a los 248.000 de 2022 y a las 133.000 de 2021. Este flujo migratorio, después del Darién, sigue su ruta primero por los países de Centroamérica y luego México, con el objetivo de ingresar sin documentación a EEUU, por algunos de los tantos puntos ciegos de la extensa frontera mexicana-estadounidense.
Panamá estima que a este ritmo, medio millón de personas habrá atravesado el Darién cuando concluya 2023, una cifra impensable hace un par de años, cuando comenzó a cobrar notoriedad el volumen de migrantes por esta región selvática de unos 12.000 kilómetros cuadrados, en la cual no existen ni carreteras ni senderos propiamente construidos. El paso de miles y miles de personas cada día va abriendo muy diversas rutas, en donde pululan mafias dedicadas a la trata de personas y grupos criminales.
Panamá, que paulatinamente ha endurecido los controles y el traslado de los migrantes hasta la frontera con Costa Rica, para evitar que permanezcan en territorio panameño, es el único país de la subregión que toma los datos biométricos de los migrantes en unas estaciones situadas en el límite del Darién.
De los 400.000 registrados en los nueve meses de 2023, la gran mayoría son suramericanos (más de 324.000), encabezados por venezolanos, con más de 252.000, es decir más de la mitad del total de migrantes en esa peligrosa ruta. Siguen los ecuatorianos (47.724), y los colombianos (13.404). Casi 40.000 provienen de Caribe, haitianos mayormente. Otros vienen de mucho más lejos: 27.878 de Asia y 7.389 de África.
En relación a la salida masiva de venezolanos, que la plataforma R4V de varias agencias de la ONU ubicó en agosto por encima de los 7,7 millones de personas, para Tomás Páez, sociólogo y coordinador del Observatorio Venezolano de la Diáspora, el perfil de la migración ahora ha variado en la medida que las condiciones del país se han ido agravando. La crisis que ha empobrecido a la nación ha provocado que la migración ahora sea también de una sociedad empobrecida.
"En 2014 Venezuela entró en un decrecimiento acelerado. Desde entonces la economía se ha contraído en un 80% y esto ha causado el empobrecimiento generalizado de la sociedad. Los que están saliendo ahora forman parte de esta sociedad empobrecida", afirmó Páez al ser consultado por DIARIO DE CUBA.
La actual ola migratoria, sin precedentes en su expresión masiva a través del Darién, originó que las autoridades de Panamá aplicaran una política de mayor control. El Gobierno de Laurentino Cortizo anunció el pasado 8 de septiembre el refuerzo de las "deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares que tengan antecedentes penales". Durante dos semanas de aplicación, en septiembre, 452 migrantes ya fueron retornados a sus países de origen bajo esta medida, según las cifras oficiales.
En su momento la directora del Sistema Nacional de Migración, Samira Gozaine, sostuvo que "dentro de nuestras capacidades y presupuesto incrementaremos las acciones para ir paulatinamente y progresivamente aumentando las deportaciones y expulsiones", por parte de Panamá.
Costa Rica, entretanto, declaró emergencia nacional, el pasado 26 de septiembre. Los migrantes, una vez que pasan el Darién no se detienen en territorio panameño, el Gobierno de Panamá llama "flujo controlado" al traslado en buses de los extranjeros hacia la frontera con Costa Rica, que es el siguiente país en la ruta.
Desde junio, cuando ingresaban a territorio costarricense unos 900 migrantes al día por la frontera sur, el flujo se triplicó hasta unos 2.600 diarios durante agosto. La respuesta del Gobierno de Rodrigo Chaves, sin embargo, no ha sido atender la situación humanitaria, sino evitar que los migrantes permanezcan en el territorio de su país.
Lo anunciado por Chaves es un esquema de transporte, organizado por el Estado con empresas privadas, bajo el cual se le cobra 30 dólares a cada persona por su traslado exprés entre la frontera sur de Costa Rica (con Panamá) y la norte, colindante con Nicaragua.
El portal BBC Mundo ha narrado que una vez que llegan al norte de Costa Rica, muchos migrantes recurren al servicio de "talibanes", como se conoce a transportistas que los llevan hasta puntos ciegos de la frontera nicaragüense al no poder pagar los 150 dólares que el Gobierno de Managua cobra como salvoconducto, para ingresar regularmente por el punto fronterizo de Las Tablillas.
Este 28 de septiembre, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que es una agencia de la ONU, hizo un llamado a través de su directora regional para América Central, Michele Klein Solomon, quien instó a los países centroamericanos a poner en marcha una "estrategia regional amplia" para atender las necesidades humanitarias inmediatas de la cantidad sin precedentes de migrantes que transitan por la región.
"La situación pone de relieve la urgente necesidad de una participación colectiva inmediata de los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para prestar asistencia humanitaria", sostuvo la alta funcionaria internacional.
En esta misma dirección, de cooperación regional sobre el tema migratorio, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó que hará un viaje a Panamá para reunirse con su homólogo, Laurentino Cortizo, para discutir específicamente el tema migratorio que según ambos jefes de Estado ha desbordado las capacidades de atención preexistente en sus países.
