Un fiscal federal de Argentina confirmó su decisión de iniciar una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, bajo el principio de la jurisdicción universal cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. El alto funcionario judicial dio su consentimiento, un mes después de un recurso que introdujo la Fundación Clooney.
Desde Buenos Aires, el fiscal federal Carlos Stornelli confirmó este 12 de julio la decisión de iniciar una investigación. El portal Infobae, que tuvo acceso al documento oficial, asegura que en este se pide que se envíen exhortos a Venezuela y requiere la colaboración de jueces y fiscales locales. Además, solicitó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU remita copias certificadas de una serie de informes.
Stornelli, asimismo, solicitó colaboración a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), para que remita "copia certificada de todas las actuaciones que se hubieren sustanciado en relación con la situación" de Venezuela, y en relación específicamente con las muertes de dos personas.
Tanto la CPI, en sus informes preliminares, como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en 2019, han documentado la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país, con prácticas tales como tortura y tratos crueles, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales.
En documentos preliminares, la CPI ha señalado que diversos órganos estuvieron involucrados en tales prácticas. La Corte Penal anunció hace dos semanas que dará continuidad a su proceso para determinar responsabilidades individuales en la represión masiva que llevó adelante el Gobierno de Maduro, con particular encono en los años 2014 y 2017.
"Los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela empiezan a saber lo que es una Justicia independiente y se aproximan los tiempos de tener que rendir cuentas por sus crímenes. Hoy se burlan de las víctimas, mañana sabrán lo que es la lucha contra la impunidad", celebró el abogado y defensor de derechos humanos venezolano, Marino Alvarado, la decisión de la Fiscalía en Argentina.
Al ser consultado por DIARIO DE CUBA, el abogado enlazó tres hechos recientes que a su modo de ver hablan de que podrían restituirse a las víctimas de las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos en Venezuela.
"La autorización para que el Fiscal de la CPI, Karim Khan, continúe con la investigación, así como la apertura en Argentina de una investigación a altos mandos de la militarizada Guardia Nacional, junto a la identificación realizada por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU de más de 20 presuntos responsables" son razones para mantener esperanza en que habrá sanciones, según Alvarado, quien forma parte de PROVEA, el programa venezolano de derechos humanos, la más antigua organización de Venezuela.
Hace un mes la Fundación Clooney, del actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal, sostuvo que "Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal". Este principio del derecho internacional de los derechos humanos permite a los países enjuiciar esos crímenes con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
Según la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, en inglés), Argentina es una jurisdicción apropiada dada su apuesta por la jurisdicción universal, con una "sólida línea de precedentes", porque la Justicia federal argentina ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal.
En las últimas décadas el sistema judicial de unos 20 estados ha asumido la jurisdicción internacional en casos graves de violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando las víctimas no pueden acceder a justicia y reparación dentro de sus países. En el caso actual de Venezuela, el régimen señalado de cometer los crímenes de lesa humanidad, encabezado por Maduro, sigue al frente del Poder Ejecutivo y tiene cooptados al resto de poderes públicos, incluido el Poder Judicial.
Amnistía Internacional recordó, hace un mes a propósito de la solicitud de la Fundación Clooney, que justamente la Justicia argentina inició en 2010 una querella contra crímenes de derecho internacional perpetrados en España durante el Gobierno de Francisco Franco (1936-1975).
El abogado querellante Ignacio Jovtis ha comentado a medios de prensa, en Buenos Aires, que estuvo preparando la querella durante más de un año. Visitó Venezuela donde entrevistó a decenas de víctimas y sus familiares, de muy regiones diversas y sin conexión entre ellos, esto con el fin de demostrar que hubo un patrón sistemático por parte del Estado venezolano y sus órganos de seguridad. Jovtis representa como querellante a dos personas, cuya identidad mantuvo en reserva.
Alvarado, por su parte, aplaudió que el fiscal federal Stornelli haya determinado de forma preliminar investigar la responsabilidad de 14 funcionarios, de alto y mediano rango, de la militarizada Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de los órganos más señalados por la represión masiva en 2014 y 2017, según informes independientes del alto comisionado de derechos humanos de la ONU.
Bajo estos mismos principios de la jurisdicción internacional, que en su momento esgrimió el juez español Baltazar Garzón, se logró la detención preventiva del exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998. Aunque fue liberado en 2000 y pudo regresar a Chile, el caso estableció un precedente sobre el alcance de la Justicia internacional en materia de derechos humanos, a través de tribunales nacionales.
