Un nuevo frente de justicia penal internacional podría abrirse en contra del régimen de Nicolás Maduro. Familiares de víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad acudieron este miércoles ante la Justicia federal de Argentina pidiendo que se abra una investigación penal, solicitud que de inmediato fue avalada por Amnistía Internacional.
Respaldados por la Fundación Clooney, del actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal, los familiares venezolanos, residenciados en Buenos Aires, solicitaron que la Justicia argentina se active, amparándose en la jurisprudencia de que las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos ni prescriben ni tienen fronteras.
De acuerdo con los demandantes, los tribunales argentinos deberían aplicar el principio de jurisdicción universal para investigar las "sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela", desde 2014, estando ya Nicolás Maduro en el poder. Por fuertes acciones represivas efectuadas en 2014 y 2017 el Gobierno de Maduro y los altos mandos a cargo de los organismos de seguridad están siendo ya investigados por la Corte Penal Internacional (CPI).
Según el abogado querellante, Ignacio Jovtis, los familiares de las víctimas no tienen garantías de que estos crímenes serán juzgados dentro de Venezuela, y ni siquiera tienen como tal acceso al sistema de justicia.
Bajo estos mismos principios, que en su momento esgrimió el juez español Baltazar Garzón, se logró la detención preventiva del exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998. Aunque fue liberado en 2000 y pudo regresar a Chile, el caso estableció un precedente sobre el alcance de la Justicia internacional en materia de derechos humanos, a través de tribunales nacionales.
"Ante la demanda penal interpuesta en Argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la Justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores", dijo a DIARIO DE CUBA Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ratificando la posición de esta entidad que saludó de forma inmediata la acción judicial iniciada en Buenos Aires.
"La Justicia federal de Argentina no puede darles la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción", aseveró Guevara Rosas desde la oficina regional en Ciudad de México.
En las últimas décadas el sistema judicial de unos 20 estados ha asumido la jurisdicción internacional en casos graves de violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando las víctimas no pueden acceder a justicia y reparación dentro de sus países. En el caso actual de Venezuela, el régimen señalado de cometer los crímenes de lesa humanidad, encabezado por Maduro, sigue al frente del Poder Ejecutivo y tiene cooptados al resto de poderes públicos, incluido el Poder Judicial.
Amnistía Internacional recordó que justamente la Justicia argentina inició en 2010 una querella contra crímenes de derecho internacional perpetrados en España durante el Gobierno de Francisco Franco (1936-1975).
El abogado Jovtis, según comentó a medios de prensa en Buenos Aires, estuvo preparando la querella durante más de un año. Visitó Venezuela donde entrevistó a decenas de víctimas y sus familiares, de muy regiones diversas y sin conexión entre ellos, esto con el fin de demostrar que hubo un patrón sistemático por parte del Estado venezolano y sus órganos de seguridad. Jovtis representa como querellante a dos personas, cuya identidad mantuvo en reserva.
Múltiples mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos —incluida Amnistía Internacional— han denunciado al régimen de Maduro, desde hace varios años, por los indicios de que las violaciones a los derechos humanos tenían en carácter de ser sistemáticas y generalizadas.
Precisamente, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se creó en 2019 la llamada Misión de Determinación de los Hechos conformada por tres expertos internacionales en justicia penal. Los informes difundidos a partir de 2021, y presentados en Ginebra, ratifican la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Aunque no hay una conexión formal entre esta misión y la CPI, expertos en derechos humanos consultados por DIARIO DE CUBA corroboraron que se trató de una estrategia cruzada ante el régimen de Maduro y que los informes de la Misión de la ONU están siendo usados como insumos por la CPI, cuya Fiscalía debe desarrollar su propia investigación.
Hace dos meses, la CPI abrió un proceso en línea para las víctimas y sus familiares presentaran denuncias de manera directa y brindaran testimonio sobre los casos ocurridos en Venezuela. Casi 9.000 testimonios fueron recogidos por la plataforma del Tribunal de La Haya y se revisan, en la actualidad, para determinar cuáles serían pertinentes sean parte de la investigación formal de la Corte Penal.
Al régimen de Maduro se le achacan estos delitos de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, así como persecución por motivos políticos.
