La oficina que la Corte Penal Internacional (CPI) intenta, ya por largos meses, abrir en Caracas no será un espacio para que testifiquen las víctimas de los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro, sino que será una instancia para fortalecer al sistema de justicia venezolano.
Al contrario de lo que ha señalado el chavismo como un triunfo político, que una instancia como la Corte Penal Internacional opere en Caracas, con personal especializado residiendo en Venezuela, en realidad debe leerse como una concesión que tuvo que hacer el régimen de Maduro, tan dado a escudarse en el principio de la soberanía.
Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, aseguró que "esta oficina no va recibir denuncias. Va a ser estrictamente de capacitación técnica. Pero si implica que funcionarios de la CPI van a vivir en Venezuela. Nunca va a ser lo mismo que te lo cuenten a que lo vivas".
Para Daniels, consultado por DIARIO DE CUBA, así como para otros defensores venezolanos de derechos humanos, la instalación de una oficina técnica de la CPI constituye un gran avance. De hecho, el Gobierno ha dilatado, sin oponerse directamente, a que de forma efectiva se abra esa oficina.
El fiscal del organismo internacional de justicia penal, Karim Khan, estuvo en una tercera visita en Caracas, hace una semana como informó DIARIO DE CUBA. Al contrario de su estadía en Colombia, que tuvo lugar de forma previa a su visita a Venezuela, Khan solo se reunió con funcionarios oficiales, no tuvo ningún contacto con periodistas, ni ofreció declaraciones en directo.
"Con respecto a esta visita a nuestro país llama poderosamente la atención que cuando estuvo en Colombia se organizaron ruedas de prensa públicas y eventos pero aquí no, acá todo terminó siendo muy hermético, cerrado y hasta confuso", afirma Daniels, un abogado de larga data en la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela.
Posteriormente, Kahn dio a conocer un comunicado, en el cual resaltó que difieren entre el Tribunal de la Haya y el Gobierno de Maduro, pero a pesar de estas encontraron puntos de coincidencia para un trabajo conjunto.
Para el abogado Simón García, la oficina de la CPI "tiene como propósito suministrar asistencia técnica a las instituciones del sistema de justicia venezolano".
Khan también anunció que el proceso de investigación contra altos funcionarios venezolanos que estuvieron a cargo de las duras represiones en 2014 y 2017, siendo Maduro jefe de Estado, prosigue su curso en la CPI. Los procesos en esta instancia, que por primera vez actúa en América Latina, suelen ser dilatados.
Tanto la CPI, en sus informes, como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en 2019, han documentado la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país, con prácticas tales como tortura y tratos crueles, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. En documentos preliminares, la CPI ha señalado que diversos órganos estuvieron involucrados en tales prácticas.
Tras su tercera visita a Venezuela, Khan afirmó que este nuevo paso, como es la apertura de una oficina, permitiria aumentar la escala y el impacto de la presencia del alto tribunal internacional en Venezuela, para identificar y apoyar "esfuerzos significativos" para mejorar las iniciativas de justicia.
En marzo del año pasado se firmó el primer memorando de entendimiento entre el Gobierno de Maduro y la CPI. Entonces se daba por descontando que la oficina se abriría en breve. Después de 15 meses, en la tercera visita de Khan de nuevo se puso de relieve el tema de la oficina técnica en Caracas.
En el ínterin, el chavismo ha seguido una estrategia en la cual discursivamente no se niega a la investigación, pero ha apelado a diversas estrategias dilatorias. Después de varias idas y vueltas, entre Caracas y La Haya, finalmente este año la CPI ratificó que continuará con la investigación, que básicamente apunta a establecer responsabilidades personales, incluso al más alto nivel en la cadena de mando, en los crímenes que se han venido documentando.
El abogado en Derecho Penal y Derecho de los Derechos Humanos, Fernando Fernández, remarca la importancia de la CPI, dado que no se enfoca exclusivamente en los autores directos de las violaciones de derechos humanos. A su juicio, el foco son los cuadros medios y altos de la cadena de mando, "porque son ellos los encargados de prohibir, de reprimir, de prevenir y de impedir que se cometan estos hechos".
Hace dos meses, la CPI abrió un proceso en línea para que las víctimas y sus familiares presentaran denuncias de manera directa y brindaran testimonio sobre los casos ocurridos en Venezuela. Casi 9.000 testimonios fueron recogidos por la plataforma del Tribunal de La Haya y se revisan, en la actualidad, para determinar cuáles serían pertinentes sean parte de la investigación formal de la Corte Penal.
